Desde el Cepridiasa, la institución que los nuclea, resolvieron no incorporar nuevos pacientes hasta tanto se regularice la situación. También se encuentra suspendido el servicio de traslado de pacientes.
Los centros privados de diálisis de Salta atraviesan una situación casi terminal a raíz de una deuda de $62 millones que Nación tiene con ellos por múltiples servicios prestados. Ante la falta de respuestas del IPS y de Incluir Salud, desde el año pasado no reciben pacientes nuevos y se dispuso la suspensión del servicio de traslados, medida que afecta a más de 200 pacientes.
Los centros de salud en Argentina podrían verse obligados a interrumpir los tratamientos de diálisis que están incluidos en el plan federal Incluir Salud a partir de febrero. En Salta son 62 millones de pesos por servicios impagos; en Tucumán, 25 millones; en Córdoba, 11, y en Mendoza decidieron no aceptar nuevos pacientes hasta que no se regularice la deuda.
El atraso en los pagos se remonta al mes de julio del años pasado. “El Ministerio de Salud emitió una resolución (N°2053) en la que se establecen cambios en algunos puntos que eran de imperiosa solución, tal como el aumento en el valor de las prestaciones; del traslado, exclusión de Accesos Vasculares del módulo, se dispone facturación de catéter y se determina que el valor de la sesión de crónicos internados se equipare al de hemodiálisis aguda”, explicó por entonces el presidente de Cepridiasa, Mario Espeche.
De persistir la situación, la vida de alrededor de mil salteños con patologías renales corre peligro, ya que el servicio podría verse interrumpido.
El programa Incluir Salud está bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad y brinda cobertura médico-asistencial a todas las personas titulares de pensiones nacionales no contributivas, beneficiarios de pensiones especiales, como excombatientes de Malvinas, y beneficiarios de pensiones graciables. Los fondos deben ser girados desde el Ministerio de Salud de la Nación a las provincias para que se realicen los pagos a las instituciones que se encargan de los tratamientos médicos.
En el caso de los tratamientos de pacientes que necesitan diálisis, las provincias
contratan servicios privados y desde ahí surgen los reclamos por los atrasos en los pagos. Se trata de pacientes carenciados, que provienen desde distintos puntos de la provincia tales como Tartagal, Orán, localidades del Valle de Lerma o del sur de Salta, por ejemplo. No cuentan con los recursos económicos ni con obra social -por ello los asiste Incluir Salud- para afrontar el tratamiento y, de no recibirlo, corren serio riesgo de vida.
