El convenio de colaboración entre la municipalidad y Cecaitra podría ser objeto de revisión por parte de la Auditoría General de la Provincia. Mientras tanto, los antecedentes judiciales de la entidad siguen saliendo a la luz y poniendo en evidencia el negocio de las fotomultas.

Finalmente, y luego de muchos amagues, el concejo deliberante exhortó a la Auditoría General de la Provincia a que investigue el convenio celebrado entre la municipalidad de Salta y la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (Cecaitra). Pese a que este semanario viene advirtiendo sobre las arbitrariedades del acuerdo desde hace dos meses, fue necesario que el escándalo llegara a la TV nacional para que el recinto deliberativo tomara cartas en el asunto.

La edil Laura García fue una de las voces críticas del acuerdo y quien solicitó la investigación de la provincia. “Con total impunidad, sin importar siquiera que desde este Concejo Deliberante advertimos que ese convenio, contrato encubierto, dónde se van a manejar los fondos municipales… este contrato con CECAITRA que en lugar de salvar vidas el único fin que tiene es meterle la mano en el bolsillo a los vecinos. Recaudar a como dé lugar” manifestó al edil. Agregando además que “la hora de los barrios no existe, es la hora de recaudar para la Municipalidad de Salta”.

Cecaitra es la principal prestadora de servicios de software, cámaras y radares para fotomultas y control vial del Estado en todos sus niveles. Tiene contratos con municipios, provincias e incluso con organismos nacionales, entre los que se sumaría Salta luego de la firma del convenio que los ediles cuestionan, ya que CECAITRA se queda con un porcentaje de la recaudación por las multas. Pero además de todo eso, la entidad que se presenta como sin fines de lucro, ostenta graves antecedentes en otros lugares del país por negociados y nexos espurios con el poder.

Buenos muchachos

Un lujoso yate hundido en el río Luján, que nadie reclamaba, era la punta del iceberg de un negocio millonario, con protagonistas y relaciones poco conocidas. La historia se remonta al 2012 cuando el entonces gobernador Daniel Scioli le quitó a la empresa Boldt (que maneja gran parte del juego en la provincia de Buenos Aires) el procesamiento de las fotomultas en rutas bonaerenses.

Pero lo que se presentó como una decisión soberana, escondía otras intenciones. El gobierno de la provincia entregó la operación del sistema, en forma directa y sin licitación, a la Cámara Empresaria de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), que presidía Bernardino García. Lo curioso es que la entidad carecía de estructura para hacerse cargo de una tarea tan compleja, por lo que se debió, a su vez, firmar un acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

La CECAITRA nació en 2006 durante el final del gobierno de Felipe Solá y con el cambio de mando en la ciudad de La Plata, García pasó a relacionarse con Alberto Pérez, hombre de mayor confianza de Daniel Scioli. El principal interlocutor del “Rey de las fotomultas” (como hoy se lo conoce) era Nicolás Cáfaro, el célebre colaborador de Pérez que tenía en su jardín una caja fuerte incrustada en el vientre de un dragón de plata.

García, junto a su hijo Mariano y Américo Di Blasio, condenado por la Justicia con sentencia firme, son la cara visible de un conglomerado “fantasma” de empresas. Esto es así ya que Cecaitra es una cámara con un solo dueño, y en los hechos, con una sola empresa. Para instalar los aparatos que sacan fotos de los autos por encima de la velocidad permitida se precisa de acuerdos políticos, no siempre diáfanos; primero con los intendentes y luego con el organismo de control, por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), o su símil en la Provincia.

Meses antes de que Scioli dejara el gobierno, la Cecaitra puso a Cáfaro al frente de la Dirección Provincial de Seguridad Vial bonaerense para que firmara todo lo que García solicitaba. Una vez concluido el mandato de Scioli, Cáfaro fue presentado en sociedad como el nuevo gerente de Cecaitra, lugar al que llegó de la mano del segundo de Alberto Pérez, el «monje negro» Walter Carbone.

Carbone era quie habilitaba todos los negocios entre Cafaro y el constructor de barcos García. Pero este modus operandi, que llegó a la Justicia, es el mismo que utiliza ahora García, su hijo Mariano y Américo Di Blasio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En ese lugar clave, por donde debe pasar la aprobación de radares para las autopistas, colocaron a dos empleados suyos: Pablo Martínez Carignano y Martín El Tahham.

 

El rey de las fotomultas

García construyó un verdadero imperio a partir de tener el monopolio de las fotomultas. Es que Scioli también otorgó a los municipios la potestad de instalar sus propias cámaras para controlar el tránsito, pero, casualidad o no, todos terminaron volcándose por CECAITRA, más allá de su pertenencia partidaria.

Amante de los yates Bernardino García volvió al centro de la escena en junio de 2017, cuando se conoció que el yate Aleeke, construido por el astillero Bermax Boat, se hundió el día de su estreno en el río Lujan. Cuando Prefectura comenzó a investigar de quién era el barco, que afectaba la circulación por el canal fluvial, se encontró con el “Rey de las Fotomultas”. Además del yate que aguardaba en lecho del río Luján que alguien lo reitre, García habría construido otras 6 embarcaciones similares, manera que habría encontrado de agradecer los favores recibidos por distintos funcionarios. Desde el astillero constructor se negaron a brindar información.

No es la primera vez que se acusa a CECAITRA de esa conocida estrategia de políticos y empresarios argentinos: tener gente “de los dos lados del mostrador”. En 2020 la sede central de la institución, ubicada a la vera de la Autopista Panamericana a la altura de San Isidro, fue allanada por orden de la justicia federal de Morón. La investigación que dio pie a esos procedimientos surgió por denuncias de contratos irregulares entre CECAITRA y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para ofrecer servicios a distintos gobiernos municipales.

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