Un caso paradigmático de obstaculización de derechos cuando la vida de las niñas indígenas poco importan.
Compartimos parte del trabajo de investigación realizado por Itati Ruiz para acceder a su título de Periodismo en la universidad Católica de Salta, titulado: “Caso Juana: primeras aproximaciones para entender el chineo y su cobertura periodística en medios gráficos de la ciudad de Salta. Un estudio de contenido sobre el diario El Tribuno y semanario Cuarto poder-“
“¡Ayuda!¡ayuda!¡ayuda!”, fue el grito desgarrador que puso fin a la charla y mateada rutinaria de todas las mañanas de María y su hermana. Salieron juntas y a toda prisa hacia la cancha de fútbol del pueblo en respuesta al llamado de urgencia, el trayecto se les hizo infinito, el temor se olía en el aire. Mientras se acercaban al lugar, el corazón se les aceleraba y las manos les transpiraban. Al llegar, el horror que vieron las dejó inmóviles: en el arco sur yacía una niña, golpeada, cubierta de sangre y tierra, despeinada y sin la pollera; “pensé que estaba muerta”, diría María tiempo después en su declaración a la policía. Simón García fue el primer agente policial en llegar al lugar del hecho y quien al notar que Juana aún respiraba, la cargó en el móvil policial y la llevó sin escatimar en esfuerzos al único hospital de Alto la Sierra.
Alto la Sierra pertenece al departamento Rivadavia de la provincia de Salta y la separan unos 478 km de la ciudad capital, tiene alrededor de 800 habitantes según el último censo, en su mayoría pertenecientes o descendientes de pueblos originarios. No es fácil habitar en esos parajes olvidados de la geografía salteña, las personas que allí viven sufren las inclemencias del tiempo, en épocas de altas temperaturas el calor supera los 40º grados y el invierno pasa desapercibido entre las ramas secas y espinosas del monte chaqueño. Cuando llueve, sus pobladores quedan aislados por la crecida del río Pilcomayo, separados de la urbanización entre barros y marañas de restos de arbustos.
Las comunidades originarias de esta zona viven sumidas en el olvido y la pobreza estructural extrema, la mayoría de sus habitantes no llegan a satisfacer las necesidades básicas alimenticias, de vivienda, educación y salud. Esta triste realidad se percibe apenas se ingresa en la comuna donde las calles son de tierra y sólo los árboles vigilan desde las alturas. Las viviendas son precarias: casillas forradas de lona, madera, cartón y chapa, pequeñas construcciones en donde viven en el hacinamiento familias enteras y numerosas. El trabajo es precario y temporal, en muchos casos el cobro de una pensión estatal es el único ingreso monetario para el grupo familiar.
Allí, en los caseríos, aún sobreviven modos de organización social y comunitarios anteriores a la época de la colonia. Entre los wichis, el hombre es el encargado de proveer y sostener al grupo familiar, tradicionalmente, lo hacían mediante la caza de animales, la pesca y la recolección de frutos del monte, pero en los últimos años como consecuencia de la extensión de la frontera agrícola y ganadera, la deforestación y la depredación de los montes nativos, se ven obligados a buscar otros modos de subsistencia.
Las mujeres, en cambio, están enteramente dedicadas a las tareas domésticas, de cuidado y de reproductibilidad de la vida, ellas son las encargadas de la preservación de la cultura, la educación de las niñas y niños, la transmisión de valores y la lengua en la comunidad. Entre los wichis, sólo los hombres pueden ocupar puestos de poder y decisión, el cacique por lo general es el anciano más sabio elegido por la comunidad y es quien habla en nombre de todas y todos.
En Alto la Sierra la relación entre criollos y aborígenes es conflictiva, sus disputas están marcadas, principalmente, por la lucha de la propiedad de los territorios ancestrales. Los primeros “blancos” se instalaron a principios del siglo XX con la expedición de Domingo Astrada, con el aval de los nativos que no veían en ellos una competencia en términos de forma de vida y costumbres. “El problema surgió hacia los años `70, cuando la actividad ganadera de los criollos llegó a un punto máximo ya que las vacas se comieron gran parte del monte, los vergeles perdieron su esplendor y así se abandonó el regazo de tranquilidad en el que coexistían”, según relata la antropóloga especialista en comunidades originarias, Catalina Buliubasich[1]. “La lucha por la propiedad del territorio ancestral llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se respete el derecho que tienen los indígenas sobre sus tierras”, sostiene la periodista salteña especializada en pueblos originarios, Elena Corbalán[2]. Pero el conflicto territorial no es el único que afecta a las comunidades, relata Francisco Pérez, cacique wichi de Santa Victoria Este, que el ingreso de las drogas y alcohol traídos por los criollos[3]“corrompen a nuestros chicos”. Es además activista y defensor de los suyos en todos los aspectos: tierras, planes sociales, salud, medicamentos, está atento a todas las necesidades de su pueblo. Es un hombre mayor, de piel morena, sus manos están agrietadas producto de tantos años de trabajo duro. Habla el español de manera fluida, pero admite que no todas y todos lo hablan, por lo general, suelen ser los hombres de las comunidades los bilingües, aquellos que presentan todo “el papeleo” y los trámites en las oficinas estatales, las mujeres por otro lado, no lo saben y si lo hablan lo guardan para sí mismas sus hijas e hijos. Es precisamente en este idioma que Francisco Pérez manifiesta su preocupación por el ingreso de las drogas y el alcohol en las comunidades ya que, para él es bajo sus efectos que se cometen atrocidades.
Esa costumbre de violar…
Juana salió de su casa a comprar pan con otras dos amigas como todas las mañanas. Aquel día primaveral de noviembre de 2015, las tres se dirigían al almacén entre charlas y risas cuando, al pasar cerca de una cancha de fútbol escucharon unas voces que decían, “¡ahora! ¡hagamos esto ahora!”. Aquellas palabras que resonaban a lo lejos de pronto se hicieron cercanas, el miedo las invadió y comenzaron a correr lo más rápido que pudieron. M.T y A. M (siglas de los nombres de las menores) lograron escapar de los agresores y se escondieron detrás de unos árboles a poca distancia de la cancha, pero M.A.S o Juana (nombre de fantasía que dio la prensa local a la niña para resguardar su identidad) no lo consiguió. Sintió como uno la agarraba por la cintura, la rameaban del cabello hacia un arco, luego los demás le arrancaban la remera y le rompían la pollera, así la violaron cruelmente humillándola y despojándola de su niñez.
Mientras realizaban “el ritual” consumían “una sustancia blanca”, según M.T y A. M quienes vieron todo desde lejos, sin poder hacer nada por ayudar a su amiga. En forma burlona y para evitar que grite le metían preservativos por la boca, la obligaban a consumir la misma sustancia y le pegaban para que no escape, con todo, Juana alcanzó a pedir ayuda a los gritos y fue en el momento en que María y su hermana llegaron al lugar y dieron aviso a la policía. La niña fue trasladada de urgencia al hospital, allí la atendieron y diagnosticaron su delicado estado.
El tío de Juana, Francisco Pérez, recuerda con tristeza y bronca ese episodio, dice que cuando él era joven esas cosas no pasaban en su comuna, sus padres no tenían que preocuparse ya que él y sus pares no estaban en contacto con los criollos y no tomaban ni mucho menos consumían drogas. “Antes podíamos ir al monte a cazar, estábamos hasta tarde y no había peligro, ahora con nuestras hijas ya no podemos, tenemos miedo, hay que cuidarlas mucho más”.
En el Hospital Zonal Alto la Sierra, la atendió el Dr. Juan Carlos Limache Mamani, éste constató que al momento de la llegada Juana estaba con malestar general, dolor abdominal, vagina con presencia de leucorrea y desgarro perineal de grado uno. Este informe luego tuvo que ser ratificado por el Dr. Ramón Bustamante, gerente general de Alto la Sierra, el Dr. Limache quien la atendió primero, no contaba con su número de matrícula por haber sido asignado de emergencia por el Plan de Contingencia del Ministerio de Salud de la Provincia y aún no la había revalidado en el país, trámite indispensable que deben realizar los médicos extranjeros para ejercer en Argentina, Limache es de origen boliviano. A su informe el Dr. Bustamante agregó además la condición de la pequeña: crisis epilépticas sin tratamiento. El otro informe médico que se realizó fue el del Dr. Luis Flores, médico de la policía que dijo que Juana “tenía debilidad mental, y que no tenía conocimiento de los hechos”. Así lo ratificó el Instituto Nacional Contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), mediante su delegado en Salta Álvaro Ulloa, quien solicitó la intervención del instituto debido a que la niña “sufrió todas las discriminaciones juntas”.
La noche previa a la violación, Jorge Gabriel Salas, Sebastián Matías Salvatierra, Pantaleón Javier Mansilla, Luis Fernando Lamas, Omar Alcides Arias y los tres menores de edad J.M.S, A.L.S, E.E.M, se encontraban de fiesta en una casa del pueblo para celebrar el evento del colegio, había tanto criollos como wichis, pero estaban divididos por “bandos”. Pasaron la noche escuchando música y tomando, el festejo concluyó debido a las peleas, es así que los ocho criollos se disponían a regresar a sus hogares con las primeras luces de la mañana y la resaca de la noche sin dormir. Nunca se supo si lo planearon previamente o si fue algo que se les ocurrió en ese momento, lo cierto es que cuando vieron a las tres niñas cerca de la cancha dieron inicio a la “cacería” que terminaría con una niña salvajemente violada.
Si bien aquella fatídica mañana no pusieron fin a la vida de Juana, un informe psicológico realizado tiempo después a la menor, presentado por la Licenciada Laura Guerrero Palma, determinó que los daños ocasionados fueron irreversibles desde la agresión, la niña sufre de ataques de pánico y ansiedad, no quiere salir sola, tiene crisis de llanto, angustia e indefensión.
El hecho no trascendió en los medios sino hasta varios días después cuando la familia denunció la agresión y quedó expuesto el déficit del sistema estatal para contener situaciones de violencia contra las mujeres y niñas víctimas de delitos sexuales. A Juana le negaron al acceso de la medicación anticonceptiva de emergencia reglamentaria para casos de violaciones, esto condujo a gestar un embarazo no deseado. Luego, tampoco tuvo la posibilidad de acceder al aborto no punible que la legislación vigente prevé. A Juana también la violó el Estado, por omisión, negligencia y desinterés[4].
En Argentina el aborto no punible es legal desde 1920, este derecho además fue ratificado en el año 2012 por la Corte Suprema de Justicia mediante el fallo F.A.L. donde se modificó el Código Penal en su artículo 86°, incisos 1 y 2, implementando así el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, que habilita a toda mujer embarazada producto de una violación la posibilidad de someterse a la práctica sin importar su capacidad intelectual y sin mediar una denuncia previa, con el solo hecho de presentar una declaración jurada que dé cuenta que la gestación es producto de un delito puede proceder a la atención médica.
Sin embargo, la situación en Salta era otra. El gobernador Juan Manuel Urtubey había decidido que la provincia no adhería a dicho protocolo y mediante la implementación del decreto 1.170 /12 limitó el aborto no punible, el cual solo se podría llevar a cabo con la orden de un juez siempre y cuando no se hubieran pasado las 12 semanas de gestación.
Todas estas medidas obligaron a Juana a continuar con un embarazo inviable ya que los médicos dijeron que se trataba de un feto anencefálico sin esperanza de vida. La niña tuvo así que continuar con la gestación y a los siete meses tuvo que ser trasladada en helicóptero desde Alto La Sierra a la ciudad de Salta Capital para ser sometida a una cesárea en el Hospital Materno Infantil, fue obligada a parir un feto que moriría minutos después de nacer.
Durante toda la investigación se realizaron tres cámaras Gesell a las niñas, una a M.T, dos a A. M y a Juana la última. Debido a estos testimonios y el de otros testigos, se pudieron conocer los detalles, el modo, la hora, el lugar y las circunstancias en las que se dieron los hechos, asimismo se identificó por nombre o apodo a los agresores. Estas entrevistas permitieron detectar las incongruencias de los relatos de los implicados.
Esa costumbre de dudar de las víctimas…
“La Justicia lenta no es justicia”, tituló un medio local respecto a la demora con la que se realizó el juicio, dado que pasaron cuatro años hasta que se sentaron en el banquillo de los acusados Jorge Gabriel Salas, Sebastián Matías Salvatierra, Pantaleón Javier Mansilla, Luis Fernando Lamas, Omar Alcides Arias y los tres menores de edad J.M.S, A.L.S, E.E.M. quienes finalmente, comparecieron en la Audiencia de Juicio Oral y Público los días 12, 21, 22 y 25 de febrero de 2019 en el Tribunal de Juicio Distrito Judicial Tartagal, por la causa “Abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de M.A.S”.
El tribunal que los condenó quedó constituido por los Dres. Anastasio Vázquez Sgardelis, Osvaldo Miguel Cheheda y Ricardo Hugo Martoccia, el fiscal a cargo de la instrucción del caso fue el Dr. Alejandro Cabot y la querella estuvo a cargo de la Dra. Andrea Magadán y la Asesora de menores Nº2 Dra. María Eugenia Hernández, y la defensa de los Dres. Sergio Heredia y Marcelo Arancibia.
El 25 de febrero de 2019 viajé a la ciudad de Tartagal, fueron 5 horas de viaje en colectivo desde la capital salteña, dormí la mayor parte del trayecto, cuando volví a abrir los ojos ya estaba en la terminal tartagalense. Lo primero que hice fue registrar mi entrada en el hotel situado al frente de la plaza principal del lugar, modesto, pero con todo lo necesario para aguantar los fuertes calores que se pronosticaban, sin embargo y para mi sorpresa, el día estaba fresco y la lluvia acompañaba tenue. Tomé el desayuno y pedí un remise a la Ciudad Judicial de Tartagal, ese día en el Tribunal de Juicio Sala I, se leían los alegatos del caso Juana.
El juicio, que se postergó desde al año 2018 hasta esa jornada de febrero de 2019, tuvo la participación de más de 60 testigos En la Sala I de Juicio no estaba permitido el acceso ni a periodistas ni a terceros, todo el proceso judicial se llevó a cabo de manera discreta, debido a que en el hecho estaban involucrados tres menores, la víctima y dos victimarios, ni siquiera familiares que no aparecían en la lista podían participar, por ello se me hizo difícil el ingreso, pero con un poco de ayuda logré presenciar la audiencia y la tensión que allí se vivía.
Era una sala pequeña, no albergaba a más de 100 personas. En frente se sentaban los miembros del tribunal, hacia los costados la querella y la defensa. De espaldas a los familiares estaban los ocho acusados y mirando al tribunal la familia y quienes habíamos logrado ingresar. Dos oficiales de seguridad apostados en la puerta de ingreso de la salta y otros dos en el pasillo por el cual ingresaban y salían esposados los ocho imputados. Las integrantes de la querella sostuvieron hasta el final su deseo de mantener a los medios al margen y cuidar a la niña dado que “ya sufrió demasiado, todo el mundo sabe quién es, ahora va tener una mancha que no se le va ir, como para que todos los días alguien le esté preguntando ¿vos sos la chica de Alto la Sierra a la que agarraron? No. suficiente daño ya sufrió la pobre, lamentablemente está grabada en el imaginario de la sociedad como para que la prensa siga metiendo el dedo en la herida. Además, ahora ella está mejor, si bien la aflicción inicial continúa, junto a la asesora de menores estamos haciendo un trabajo fluido y de acompañamiento” dijo la Dra. Magadan[5] al respecto. Es una mujer de mediana edad y tez morena, abocada a defender los derechos las mujeres, en el ámbito familiar y contra la violencia de género.
Por su parte el Dr. Sergio Heredia sostuvo la inocencia de los ocho criollos hasta el fin, de hecho cuando se hizo el primer cuarto intermedio antes de la lectura del veredicto final, salió y habló con los familiares de los imputados para infundir tranquilidad, también habló conmigo y compartió sus observaciones , dijo entre otras cosas, que se estaba acusando a inocentes, ya que “todo se trataba de una farsa, con trasfondo político y racial que involucra caciques y criollos, porque los aborígenes no están abiertos a la venta de alcohol que promueven los criollos”, por otro lado, aseguró que “la víctima ya estaba embarazada al momento de la violación, con lo cual ninguno de los implicados podrían ser el padre de la criatura, dado que la edad gestacional no coincide….la chica probablemente si fue violada por alguien, pero la familia está encubriendo al culpable, hay que ver quién es el verdadero responsable y no culpar a cualquiera”, agregó. Cerró diciendo “jamás los hubiera defendido si no estaría seguro de la inocencia de los ocho, ¿cómo podes estar segura que son culpables?”, me preguntó y siguió firmando sus documentos[6].
Luego del intercambio verbal con el Dr. Heredia, abogado de la defensa, me sentí extremadamente inquieta y dolorida, me senté absorta en mis pensamientos mientras tomaba una taza de café, cuando en ese momento se me acercó una señora rubia, que usaba anteojos y tendría alrededor de 60 años, dijo que era la madre de uno de los procesados, “tienen necesidad de culpar a alguien, los caciques wichis no quieren que ingrese el alcohol en sus tierras y se aprovechan del escándalo para hacer quedar mal a nuestros hijos, están en contra del progreso”, agregó al respecto. También se refirió a Juana “es una fiestera que anda sola en altas horas de la madrugada, cuando pasó todo ella ya estaba casada, pero como su esposo se murió, necesitaba culpar a alguien de ese embarazo, por eso cayeron nuestros hijos”, sostuvo. Por otra parte indicó que “después de estar internada en Salta, todos los obsequios que recibió los cambió por vino y cerveza y por culpa de la mala vida que llevaba esta niña indígena mi hijito va ir a parar preso”[7].
Cuando entramos de nuevo a la Sala I, el ambiente era tenso, nos mirábamos con recelo, el veredicto estaba cerca, no había muchas opciones, o culpables o inocentes, libertad o cárcel, todos los presentes escuchábamos atentos la lectura de los fundamentos, algunos miraban al suelo, otros se mordían las uñas o rezaban. Pasada la lectura, el tribunal solicitó a los imputados que se pongan de pie y dictaminó la existencia criminal del hecho, autoría, participación, culpa y responsabilidad de los ocho imputados, en el marco de la Ley Nacional 26.791 de Violencia contra la Mujer y teniendo en cuenta que la víctima era menor de edad, una niña aborigen no escolarizada, con problemas de salud mental y físicos y condenó a 17 años de prisión a los ocho violadores.
Estallaron las lágrimas, unas de felicidad, otras de tristeza, reinaban la angustia, la conmoción y el alivio. ¡Injusticia, están mandando presos a inocentes!, gritó uno de los presentes mientras que otros se alegraban ya que al fin se había hecho “justicia para Juana”. Una de las tías de los acusados cayó desmayada al suelo y fue asistida por dos guardias de seguridad, ya que los demás nos sacaban al resto. Antes de abandonar el auditorio me volteé lentamente y pude observar cómo uno a uno los ocho se despedían de sus afectos mientras salían esposados por el mismo pasillo por el que habían ingresado horas antes, solo que esta vez les aguardaba una condena de 17 años tras las rejas.
Esa costumbre de callar…
El caso de M.A.S no fue el único, Pérez destacó “que esto pasa más de lo que nos imaginamos y que nadie hace nada”. La práctica de violar a una niña o adolescente aborigen tiene que ver con una tradición denominada “chineo” entre la comunidad académica que estudia el tema o “rameada” entre los wichis, y consiste en un ritual de demostración y afirmación de la masculinidad mediante el cual un grupo de criollos dan caza a una víctima originaria, se la ramea del cabello y después se la abusa en grupo, ya sea para demostrar supremacía racial o para iniciar sexualmente a uno de los varones del grupo. “Una costumbre difícil de erradicar porque está arraigada, incluso no hay una legislación vigente al respecto”, sostuvo la Dra. Alejandra Cebrelli, quién hace años viene estudiando el tema[8].
El chineo o rameada existe, invisibilizado, naturalizado por tradiciones selectivas enquistadas y sostenido en las sombras por una compleja trama de poder al que llamamos patriarcado y que consiste en un sistema social basado en la producción y reproducción de desigualdades y jerarquías sexo-genéricas donde la condición femenina es sistemáticamente vulnerada, silenciada, disciplinada, vejada, expropiada y aniquilada. Las preguntas son muchas y urgentes, ¿sirvió el caso para visibilizar esta problemática en la sociedad? ¿cuántas niñas más, habrán sido víctimas de esta forma de crueldad humana? ¿cuántas Juanas habrá aún en las sombras sin que se conozca y ajusticie su historia?
