Por primera vez en 328 años las imágenes no saldrán de la catedral para la procesión histórica. Internas políticas y eclesiásticas salen a la luz en el Milagro más atípico de la historia de Salta. Luego del obligado recule de Cargnello, sólo queda posar la mirada sobre la homilía del próximo martes. Nicolás Bignante

El «mandato histórico» invocado por Monseñor Cargnello a horas de que el gobierno decretara la restricción de las actividades religiosas, no alcanzó para alivianar el enorme contrasentido de querer llevar a cabo una procesión sin fieles. La plana mediática exitosamente instaló la idea de una procesión VIP, resaltando una contradicción que cada año se torna menos tolerable: los privilegios de la casta político/eclesiástica frente a la genuina devoción de la feligresía, a menudo expresada en antipáticos cordones policiales.

La propuesta de la Iglesia -que contó hasta esta semana con la aprobación del COE-, no era más que la ratificación y la exaltación de aquella fractura. La sociedad salteña, a menudo obediente con los designios de la jerarquía eclesial, esta vez lo puso de manifiesto. He ahí el hecho político/social más relevante que impuso la pandemia. La escalada de contagios no sólo se invoca como realidad urgente, sino también como evidencia de un plano de desigualdad en las estructuras de la fe.

Ahora bien, desde el más rudimentario optimismo hubo quienes sentenciaron el inicio de un quiebre entre la política y la iglesia. Otros fueron todavía más allá y celebraron un presunto triunfo del laicismo sobre el estado confesional. Y aunque política e iglesia hayan actuado con diferentes lógicas en la concatenación de hechos la semana pasada, los acuerdos persistieron hasta que se tornaron insostenibles.

Las definiciones en torno a las festividades del Milagro no se circunscriben únicamente a la semana que concluye. Al menos desde el reconocimiento de la circulación viral comunitaria en Capital, no hubo analista que no se preguntase qué podría pasar en el mes de septiembre. El ascenso de la curva de contagios, la pregonada saturación del sistema sanitario y el cierre de otros rubros económicos hacían cada vez más ruidoso el silencio del COE respecto de las actividades religiosas. Finalmente, y como si se tratara de la peor noticia que un funcionario provincial tuviera que dar, el secretario general de la Gobernación Matías Posadas comunicó la prohibición de los ritos presenciales.

Al día siguiente, en un comunicado interpretado por muchos como una demostración de poder, el arzobispado ratificaba la puesta en marcha de la procesión, pero bajo una modalidad particular. Sólo sacerdotes y funcionarios. Lo que vino luego fue el desplante de la intendenta Bettina Romero y del gobernador Gustavo Sáenz, a tono con el fervor de las redes y con las propias disposiciones emanadas del COE.

Titi se adelantó en comunicarlo, aunque desde el entorno del primer mandatario aseguran que la decisión estaba tomada con antelación. Los aciertos comunicacionales en el espectro bettinista no son muy frecuentes. De hecho, hay que remontarse a aquellas declaraciones sobre la circulación viral comunitaria en Capital para encontrar algún antecedente de conexión entre los dichos de la intendenta y el sentir de las mayorías. De cualquier manera, aquellos twits del miércoles por la madrugada la ubicaban en la centralidad del debate político.

Fueron pocos los interlocutores de la institución sagrada que optaron por pronunciarse luego del plantazo de Romero y Sáenz. Uno de ellos fue el sacerdote Oscar Ossola, y aunque no catalogó la decisión de las autoridades como un «desplante», consideró un pecado de ingenuidad por parte del arzobispado haber extendido aquella invitación. «El escándalo estalla cuando se nombra a las autoridades. El obispo, a mi criterio, pecó de ingenuidad al invitarlos», alegó en una entrevista con Canal 4. La ingenuidad a la que refiere Ossola está muy lejos de ser una característica del titular de la iglesia salteña, al menos en lo que a la política concierne.

Pero el desaire evidenció malestares inocultables. «La intendenta sale a tuitear esta mañana que nos agradece, pero no va a aceptar la invitación. ¿Ustedes saben que la intendenta fue una de las que le propuso al obispo hacer este evento así de esta manera?», retrucó Ossola. «La semana pasada apareció un afiche totalmente anónimo con los logos de la catedral y el arzobispado, ya informando que había procesión el día 15. No tuvo mucha trascendencia afortunadamente. Y ese afiche salió de la municipalidad, queriendo ellos anotarse a favor el hecho de que hubiera procesión», remató.

El carancheo político en torno al Milagro no es un fenómeno excepcional de la pandemia, más bien es la regla que se sostiene año a año. Sin embargo, el hecho de que esta vez los denunciantes sean integrantes de la jerarquía clerical, es toda una novedad. «En esta puja entre el gobierno municipal y el provincial, mi temor personal es que la iglesia quede comprometida en el medio. Nuestros políticos ya están pensando en las elecciones del año que viene. Ayer (por el martes), cuando estallaron las redes en contra de nuestra procesión, se montaron sobre eso para sumar su porotito. Es triste. Así que más que un desplante, es un alivio que no vengan», finalizó Ossola.

Tras el recule obligado de Cargnello, sólo queda posar la mirada sobre la homilía del próximo martes;  el año pasado aquella misa pidió al ex-presidente Macri que se lleve «el rostro de los pobres», este 2020 pandemico ¿Cuál será el mensaje hacia el arco político?