Una de las obras hídricas más importantes y costosas de los últimos años se desarrolla en Salta pese a no contar con la aprobación formal del proyecto. Desde Aguas del Norte se iniciaron procesos de revisión por $27 millones y se esperan más licitaciones. Por Nicolas Bignante
En la provincia de Salta más del 15% de la población no tiene acceso a agua de red y casi el 30% de los hogares no tiene cloaca. Los datos se desprenden de la Plataforma de Agua, un observatorio integrado por universidades de toda Latinoamérica, organismos públicos y ONG’s. Si bien, en departamentos como Rivadavia o Molinos, la falta de acceso al líquido alcanza niveles cercanos al 70%, en la Capital salteña el crecimiento desplanificado y la expansión demográfica de los últimos 20 años también dejó sus consecuencias. Entre septiembre y marzo los cortes de servicio afectan a barriadas enteras de los cuatro puntos cardinales y desde la empresa de saneamiento, hoy presidida por Luis María García Salado, repiten año a año las mismas excusas.
En ese contexto es que Aguas del Norte solicitó al por entonces gobernador Juan Manuel Urtubey la construcción de una nueva planta potabilizadora que abastezca a cuatro zonas de la ciudad desde el dique Campo Alegre, en La Caldera. La fecha de apertura de sobres para la construcción del acueducto fue el 12 de octubre de 2016, el plazo de ejecución previsto era de 24 meses y el presupuesto fijado oficialmente fue de $635.966.875,11. Los fondos provienen del Banco de Desarrollo de América Latina, ex Corporación Andina de Fomento (CAF).
La convocatoria a privados fue realizada por Nación en el marco de un plan de 38 proyectos hídricos distribuidos en todo el territorio nacional y la firma adjudicataria fue Supercemento. El proyecto, además, preveía la extensión de la red de agua hasta el cerro 20 de febrero, donde se construirá una cisterna a una altura que permita abastecer, por gravedad, a las zonas este y centro de la Capital.
La obra que debía haber concluido en 2018, tuvo estancamientos intermitentes, pero continúa avanzando con un detalle no menor: Hasta el momento, el proyecto no fue aprobado por el departamento de Estudios y Proyectos de Aguas del Norte. Según pudo averiguar Cuarto Poder, la empresa Supercemento presentó parcialmente los lineamientos del plan, que luego fueron completados y presentados por la ingeniera María Eugenia Carrizo, quien se desempeñaba en Cosaysa. Curiosamente, meses después la profesional renuncia repentinamente a su cargo y asume como jefa a cargo del proyecto en la empresa adjudicataria de la obra. Desde el departamento de proyectos de Aguas del Norte, a cargo de la ing. María Mercedes Bassani Cardona, siguen sin poner el gancho a los bosquejos de su ex-compañera de tareas.
Las consecuencias de avanzar en un proyecto de tamaña envergadura sin contar con la aprobación de la empresa de Aguas no son menores. En concreto no hay quien se responsabilice por trabajos mal realizados y ante eventuales recuperos o reasignaciones, no habría a quien imputárselos. Y es que antecedentes de obras hechas y rehechas dos o tres veces hay de sobra en la historia reciente. Entre los eruditos de la construcción suelen decir: «si pasó con una ciclovía y con los adoquines del Paseo de la Fe, ¿Cómo no va a pasar con una de las obras hídricas más importantes de los últimos años?».
El otro aspecto a tener en cuenta es que la empresa adjudicataria tiene la potestad de subcontratar a terceros y seguir facturando. En el inicio de la obra, por cierto, se contrataron alrededor de 200 personas para la realización de las bases. Tiempo después se detectaron fisuras y los trabajos tuvieron que rehacerse. El avance a pesar de las formalidades permitió, además, pasar por alto el saneamiento completo del suelo, requisito fundamental antes de la construcción de los piletones y por el que se hicieron los correspondientes desembolsos. Por todos estos vaivenes, Aguas del Norte inició un proceso de revisión que involucra sumas por encima de los $27 millones.
Sin embargo, las tareas persisten y los plazos para su concreción se siguen extendiendo: de diciembre de 2020 (tal como había asegurado el gobernador Gustavo Sáenz en su diálogo con el presidente Fernández a fines de agosto) a marzo de 2021 y con suerte.
Antecedentes y más licitaciones
Para encontrar ejemplos de lo que no debe pasar, alcanza con echar una mirada al estado de la planta de tratamiento de líquidos de zona sur. Actualmente y desde hace 15 años, la enorme estructura funciona apenas como un filtro gigante de sólidos y su rendimiento es del 10%. Llamarle planta de tratamiento es, a esta altura, un acto de generosidad. «No trata nada. Apenas filtra algunas rejillas, pantalones o almohadas», reconoció un operario a este medio. El resto de los efluentes que desembocan en el río Arenales contienen volcamientos cloacales crudos, desechos industriales, líquidos lixiviados, residuos sólidos, productos agroquímicos, entre otros. Los 4 digestores ubicados en la parte trasera de la planta ni siquiera cuentan con motores operativos, lo que ocasiona desbordes de todo tipo.
Pese a que la planta podría operar con mayor capacidad si se pondría en funcionamiento la estructura original, desde el gobierno optaron por llamar a una nueva licitación para ampliarla. El ministro de Infraestructura Sergio Camacho explicó en este sentido que: «La remodelación, permitirá a la planta procesar un 50 por ciento más de lo que actualmente procesa, elevando la capacidad de 3500 metros cúbicos por hora, a más de 5.000”. Pasando en limpio: De concretarse lo que proyecta Camacho, la planta aumentaría su capacidad actual (10%) en un 50%, por lo que llegaría apenas a cubrir un 15% de lo que podría procesar si las obras se hubieran hecho correctamente.
Por la misma senda parece transitar la megaobra de Campo Alegre, dado que, en pleno proceso de construcción de la primera etapa en 2018, el gobierno optó por llamar a licitación para la segunda. El proyecto Prevé la construcción de un acueducto, cisternas, redes y obras complementarias. Está previsto que el beneficio alcance a unas 250 mil personas, según los partes oficiales. Desde el entorno de la construcción ya empiezan a advertir sobre el asunto y temen que se repitan las mismas anomalías que en la primera etapa; sólo que esta vez los presupuestos son más jugosos: 50.632.911 dólares estadounidenses, para ser más precisos.
