Tras las muertes de Thiago Quipildor y Anahí Girón, el gobierno creó la Secretaría de Niñez y Familia y la trasladó del Ministerio de DDHH al de Primera Infancia. Los trabajadores no cobran desde agosto, tienen menos recursos y más responsabilidades. (Federico Anzardi)
Las muertes de Thiago Quipildor (ocurrida el 8 de julio) y de Anahí Girón (el 19 de septiembre) provocaron que el gobierno de la provincia realice cambios sustanciales en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dependencia que debía hacerse cargo de ambos menores y estaba bajo la órbita de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Derechos Humanos. Hace dos meses, Niñez se convirtió en secretaría y pasó a formar parte del Ministerio de la Primera Infancia.
El 29 de septiembre, Juan Manuel Urtubey oficializó el traspaso en un acto en el que asumió el abogado Rodrigo Fernández al frente de la nueva secretaría. “Esta decisión tiene que ver con garantizar mayor eficiencia en nuestra responsabilidad de gobierno, con garantizar y acelerar los procesos de respuestas del Estado”, expresó el gobernador en aquella oportunidad.
La Secretaría de Niñez y Familia contiene tres direcciones generales: Fortalecimiento Familiar y Comunitario; Gestión y Articulación de Dispositivos Proteccionistas; y la dirección Incluyendo. Se sumaron a Primera Infancia los subprogramas de gestión y supervisión de Sistemas Alternativos, los ocho Centros de Inclusión Transitoria (CIT), y los catorce Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Además contiene la estructura del personal y los programas que venía desarrollando la Dirección de Niñez.
Qué debería cambiar
El traspaso a Primera Infancia se hará completamente efectivo recién en 2016. En lo que queda de 2015, las responsabilidades son repartidas: Derechos Humanos se tiene que hacer cargo de todo lo que haya surgido hasta la fecha del traslado en materia de recursos y gastos, mientras que la cartera que lidera Carlos Abeleira debe responder por los nuevos casos.
Derechos Humanos tiene, entre sus obligaciones, los sueldos de quienes reemplazaron a los apartados tras la muerte de Thiago. Cinco profesionales de Sistemas Alternativos fueron imputadas penalmente por el hecho: la jefa de ese subprograna y miembros de dos equipos técnicos, conformados por dos psicólogas, una nutricionista y una asistente social.
Tras el apartamiento de estas cinco personas, llegaron otras cinco. Dos de ellas en convenio entre los respectivos colegios de cada profesión y Derechos Humanos. Desde agosto, estos profesionales no cobraron sus sueldos porque la cartera de Marianela Cansino no baja los fondos. Además, les adjudicaron contratos básicos, de siete mil pesos por cuatro horas que se suelen extender a seis o más debido a la demanda de trabajo que presenta el subprograma.
En Niñez y Familia están molestos porque desde el traslado ingresa el doble de casos y la cantidad de personal y recursos sigue siendo la misma, un número ya insuficiente para las obligaciones previas. Esto se suma al nuevo Código Civil, que otorga mayores responsabilidades y muchas de las decisiones que antes eran exclusivas del Poder Judicial ahora también son facultad de la Secretaría. Se trata de medidas de protección, de excepción, preadoptabilidad y de resguardo. Esto es visto como algo positivo ya que se pueden acelerar tiempos que la burocracia de la Justicia no siempre favorecía. Además, se sabe que el ministro Abeleira estuvo reunido con los trabajadores del lugar y mostró una predisposición diferente a la de Cansino. Los profesionales vieron con buenos ojos que Primera Infancia busque instalar equipos técnicos, recursos, vehículos y sedes en distintas ciudades de la provincia, algo que aliviaría el trabajo actual, absolutamente centralizado.
Todo sigue igual
Sin embargo, por ahora no se percibe aceleración en los procesos de respuestas del Estado. En Niñez y Familia reina la misma sensación que existía antes de que todo esto empezara: no hay recursos para trabajar ni acciones inmediatas de las autoridades.
Se sabe que se está por abrir un expediente impulsado por el gremio para que los trabajadores puedan cobrar lo que les corresponde. Sin embargo, no se trata del único reclamo, ya que se considera que en estos últimos tres meses Derechos Humanos no estuvo presente en absoluto, no dio respuestas a las necesidades previas al conflicto y profundizó la carencia existente, ya que, por ejemplo, las camionetas, propiedad del ministerio, fueron retiradas casi en su totalidad después del traspaso y ahora Niñez y Familia tiene un solo vehículo para movilizarse por toda la provincia. Además, aseguran que necesitan cinco equipos técnicos, por lo menos. Hoy hay tres.
Esta demora en los cambios, además la falta de cumplimiento en los pagos, puede generar medidas de fuerza similares al paro realizado durante dos días en el mes de septiembre.
