El empresario Salteño, dueño del banco Macro, volvió a ser nombrado en la causa Ciccone, pero esta vez como el verdadero propietario de la calcográfica. Para parte de la justicia, Boudou es apenas un perejil a comparación del banquero. (Nicolás Bignante)

En noviembre del año pasado —un viernes 27 para ser precisos— Jorge Horacio Brito recibía una noticia que cambiaría el rumbo de sus finanzas: El juez federal Ariel Lijo había homologado el testimonio de Alejandro Vandenbroele como arrepentido en el caso Ciccone Calcográfica. El testigo protegido, cuya declaración fue clave en la detención y posterior condena al ex vicepresidente Amado Boudou, involucró de lleno a funcionarios y empresarios cercanos al kirchnerismo. Entre ellos, estaba el dueño del Banco Macro, hoy alejado del directorio de la entidad financiera. “No tengo dudas que había un negocio terrible económico entre los Brito y Boudou y Núñez Carmona”, ratificó Alejandro Vandembroele en su declaración de abril de 2018.

Esta semana se sumó un nuevo capítulo a las reiteradas declaraciones contra el banquero que supo tejer vínculos estratégicos con el kirchnerismo y el gobierno provincial: Se conocieron los alegatos del juicio a Amado Boudou.

En los argumentos de la sentencia, los tres jueces involucraron a Jorge Brito. Dos de ellos, Guillermo Costable y Pablo Bertuzzi, se limitaron a reconocer que existen “fuertes indicios de su participación en la compra de Ciccone”. Sin embargo, la jueza Gabriela López Iñiguez fue más allá al sindicar al banquero como el verdadero propietario de la calcográfica. La magistrada —que votó en disidencia— minimizó la responsabilidad de Boudou, al considerar que el delito por el que debía ser juzgado el ex vicepresidente es el de cohecho.

La hipótesis de la jueza es que Amado Boudou intervino en el levantamiento de la quiebra para beneficiar al grupo Macro, al que consideraba una pieza estratégica y política clave. El lucro, pensado como el objetivo final de la operatoria K, quedó desestimado como argumento por López Iñiguez; aunque sobre el final de sus considerandos la magistrada escribió: “No puede descartarse de plano que su ultrafinalidad haya sido distinta o convergente con un posible fin de lucro, consistente en resolver una necesidad política que motivó su actuación inicial”.

De esta forma, Los inversionistas allegados a Boudou —entre los que figura Brito— habrían sido claves para la adquisición de la máquina de imprimir billetes, como así también Ricardo Echegaray —a través de AFIP— para el levantamiento de la quiebra.

Tras la sentencia contra Boudou quedó asentado, con el voto de la mayoría de los jueces, que Nicolás Ciccone, Amado Boudou, José María Nuñez Carmona, Alejandro Paul Vandenbroele, César Guido Forcieri y Rafael Resnick Brenner conformaron la asociación criminal para rescatar a Ciccone y hacer negocios con el estado.

Jorge Horacio Brito, dueño del Banco Macro y de otras firmas, vuelve a ser nombrado en la justicia como el propietario liso y llano de la calcográfica. Por estos días, dedica su tiempo a sus otros negocios del ámbito agropecuario y energético, ya que se alejó de la dirección de la entidad bancaria cuando el escándalo lo salpicó en noviembre de 2017. El empresario, por entonces, envió una carta a la Comisión Nacional de Valores pidiendo licencia y justificó su decisión en que debía “preservar a la entidad de los ataques de los que está siendo objeto en el orden personal”. En la era de los arrepentidos, resta conocer cuál será la estrategia de Brito y su hijo para no seguir los pasos del ex ucedeísta que hoy cumple condena en Ezeiza.