Ya no es un secreto que la intendenta maneja el municipio según los caprichos de un gobierno absolutista. Para ella, los concejales están pintados y no se esmera en hacérselos saber. Su gobierno tiene internalizada la idea de que la mejor forma de combatir la corrupción, es haciendo desaparecer el organismo a cargo del tránsito ciudadano. Pero nuevamente la falta de coordinación y comunicación de la gestión de Romero, les jugó una mala pasada. Memorándum va, resolución viene, sus propios funcionarios entraron en serias contradicciones. Por ahora, hay un impasse, pero conociendo el paño, sólo por ahora.
El pasado miércoles un memorándum del Subsecretario de Movilidad Ciudadana, Gilberto Pereyra, indicaba que hasta “efectuar la paulatina habilitación de las distintas actividades económicas, comerciales y laborales, como así también el retorno de todos los empleados de la dependencia, se suspenda por tiempo indeterminado la realización de operativos de tránsito en la vía pública, incluyendo el control y la realización de multas o imposición de sanciones”. Tampoco se podrá hacer ningún control u operativo que no esté diagramado por una instancia superior”. Esta orden, derivada directamente del Coordinador Jurídico y Legal de la Municipalidad de Salta, Daniel Nallar, cayó como un balde de agua fría en todo el cuerpo de inspectores de tránsito. Ese mismo día también se dio a conocer que las funciones prohibidas para el personal municipal se habían traspasado a la Dirección de Seguridad Vial, dependiente de la Policía de la Provincia, vulgarmente conocida como “la vial”.
Todo comenzó hace 10 días, cuando este sector municipal hizo entrega al Ejecutivo Municipal de un documento en donde se exponen las situaciones que afectan el desempeño diario de los trabajadores entre los que se encuentran: la provisión de elementos de seguridad vinculados al COVID-19; la renovación de provisiones y parte del parque automotor; la reposición de uniformes para el personal; la apertura de nuevos depósitos para vehículos detenidos y una petición para el no traslado de la oficina de Licencia de Conducir ubicada en calle Santa Fe 45, a las instalaciones del Paseo Salta en la rotonda de Limache. Aunque la lucha de estos trabajadores comenzó en diciembre, cuando asumió Diego Alvarado como director, al que todos sin excepción catalogan de maltratador con los empleados y de tener una misión clara: demostrar que la Dirección de Transito no tiene razón de ser dentro del ámbito municipal. Siguiendo el plan, la respuesta fue el controvertido Memorandun 35/20. Una inminente intervención al sistema que, por Carta Municipal, corresponde a la Jurisdicción Comunal y que, para demostrar que no tiene sentido, pasó a la Provincia.
Apagando el conflicto con nafta
La idea de quitarle facultades a Tránsito no es nueva. Todo comenzó con darle al controvertido organismo una remozada, y para ello se cambió el nombre y pasó a denominarse Movilidad Ciudadana. Cualquiera puede pensar que se trata de un maquillaje como el que intenta hacer desaparecer la denominación Municipalidad de Salta a cambio de Gobierno de la Ciudad de Salta, pero en realidad allí comenzó a gestarse el desmantelamiento de la repartición.
Dicen quienes pudieron escuchar en los pasillos municipales, que el Coordinador Legal Daniel Nallar (quizás asesorado por el periodista y legislador nacional Martín Grande) no esconde su apreciación sobre el organismo, tachándolos de coimeros y apretadores, y que fue el brazo ejecutor que ordenó a Pereyra redactar el famoso Memorandum.
Pero Nallar no quedó ahí sino que en el diario de la familia Romero, salió a dar mas detalles de lo que se venía: «Queremos que el agente municipal tenga un rol de ordenamiento urbano y disciplina ciudadana. Que esté involucrado en lo que es la materia preventiva y educativa», dijo el funcionario. Y agregó que todo lo que tenga que ver con multas estará reservado a la Dirección de Seguridad Vial de la Policía, teniendo en cuenta un convenio suscripto con la fuerza. «Viene desde hace muchos años y nosotros queremos hacerlo operativo, llevarlo a la práctica y hacer procedimientos con ellos”.
Las declaraciones del funcionario, fueron nafta al fuego, e inmediatamente los trabajadores fueron recibidos por los concejales de la comisión de Tránsito y Transporte. Del encuentro al que fue invitado Nallar y no asistió, también participaron el Coordinador de Proyectos Estratégicos con el sector Público y Privado de la Municipalidad de Salta, César Álvarez y Diego Peretti, como miembro del Tribunal Administrativo de Faltas. Darío Madile en calidad de presidente hizo lo que se esperaba, se lavó las manos diciendo, “el Concejo Deliberante tiene la mayor predisposición a escuchar a todos los sectores que lo necesiten” … pero… “La solución no depende de este órgano legislativo” … cortito y al pie… Diego Peretti, por su parte, anticipó que elevó un pedido al Coordinador Jurídico y Legal del municipio, Daniel Nallar, para que se revise el Convenio Marco de Cooperación celebrado entre la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad de Salta. Hizo hincapié en que “hay que facultar a los trabajadores que son quienes tienen realmente el poder de control, para que no llevemos adelante una delegación de facultades”. A su tiempo, el Coordinador de Proyectos Estratégicos con el sector Público y Privado de la Municipalidad de Salta, César Álvarez, valoró la posibilidad que Concejo Deliberante actúe de mediador, “lo que permite dar un paso sensato a la resolución del conflicto”, aunque en realidad es un mero pasador de información, ya que no dio muestras de querer intervenir en la situación. César Molina, titular del gremio Ademus, en representación de los trabajadores dijo que “se sienten avasallados», y agregó que esperan que desde el Concejo salga una ordenanza donde se explique por qué les quitan a los trabajadores de tránsito la facultad de labrar multas. Los 300 trabajadores de Tránsito aseguran que si no hubieran hecho público su reclamo, otra hubiera sido la historia y probablemente ahora se estarían contando entre los “excedentes” de este nuevo romerismo.
Tonto y re tonto
Capítulo aparte merecen las contradicciones entre el Coordinador Jurídico y Legal y el Coordinador de Proyectos Estratégicos con el sector Público y Privado, que viernes en una entrevista con la periodista Marcela Pérez, salió con un gran aporte a la confusión general.
Mientras Nallar hablaba de una decisión política ya tomada, Álvarez aclaraba que esto es algo momentáneo. Mientras Nallar decía que, mediante un convenio con el Ministerio de Seguridad, la Policía Provincial está facultada para sancionar por medio de multas, Álvarez dice que no hay intenciones de la Intendenta de ceder facultades a la Policía de la Provincia. Mientras Nallar da por hecho el memorándum, Álvarez dice que está abierta la negociación y habla de un sistema lleno de falencias que viene desde antes (con lo cual le dice a la gestión que los precedió que no hicieron nada). Y la remata diciendo que esta no es la primera vez que se ceden espacios municipales, ya que el transporte público fue el primer sector que se entregó. Asumiendo que este es un caso similar.
Al cierre de esta edición salió una resolución de Nallar, que da marcha atrás en todo lo anterior. Devolviendo funciones y facultades, pero dejando una puerta abierta para arremeter frente al menor descuido. Lo cierto es que por estas horas el mal humor se apropió entre los funcionarios de Romero y comentan por lo bajo el papelón innecesario. A la renuncia de Guadalupe Colque por no estar de acuerdo con el trato que se les da a los empleados (maltrato), hay rumores que se vienen más dimisiones.
Punto a favor de los trabajadores de tránsito, esta vez, la jugada les salió mal, pero nadie duda que el gobierno de Bettina Romero se maneja en base a capricho y tozudez. Un gobierno digno del macrismo más puro… (N.J.)
Le Renunció Guadalupe Colque
Bettina se está quedando sola. La encargada de Desarrollo Social dejó su cargo. Renunció Guadalupe Colque. La mujer, que recibió el premio como «Abanderada de la Argentina Solidaria», por su entrega y ayuda a niños con cáncer a través de la Fundacion HOPe, decidió dar un paso al costado. Había estado a cargo de la asistencia social, durante la gestión de Sáenz y continúo, hasta el jueves.Colque manifestó su preocupación por quienes trabajaban con ella y quedaron en la Municipalidad. Manifestó no estar de acuerdo con la forma en la que la administración Romero destrata a los empleados, no les renueva el contrato o directamente provoca que renuncien.
