Las categorías que determinan los límites entre lo público y lo privado se difuminan a la hora de hablar del Banco Macro. La entidad que hasta hace poco presidía Jorge Horacio Brito suma cada vez más beneficios en la provincia y se constituye en un órgano más de la macro-estructura estatal. (Nicolás Bignante)
La enorme mole de cemento que se erige a metros de las cabinas de ingreso del centro cívico Grand Bourg es imposible de ignorar para cualquiera que se disponga a visitar las oficinas gubernamentales de la zona oeste. Sobre el terreno de 1011 metros cuadrados colindante con el acceso vehicular al predio estatal se encuentra el-exo esqueleto de lo que, a simple vista, parece un enorme tinglado de casi 70 metros de frente. No hay cartel de obra que identifique ni brinde detalles sobre los trabajos que allí se realizan. Apenas una leyenda con pintura blanca llega a divisarse en el portón de ingreso: «No hay vacantes», por si a algún parroquiano todavía se le ocurre ir a pedir trabajo. Casi doce metros separan el techo del piso y al menos cinco puertas dejan entrever el interior de la obra, de similares características a las oficinas de las dependencias públicas provinciales. Del alambrado que cubre el ala izquierda de la obra pende un letrero plástico de la firma GeoMix, empresa proveedora de áridos y otros materiales para la construcción. En horas de la tarde, unas 20 personas operan en el levantamiento del inmueble.
Se trata de una nueva sucursal que el Banco Macro emplazará en terrenos provinciales con la excusa de dar cobertura a las barriadas de la zona oeste. Con la hospitalidad oficial, la entidad de Brito suma una nueva delegación a las 33 que actualmente funcionan en Salta, sin contar cajeros automáticos y otros centros especiales en el interior provincial. Aunque los frutos de años de rosca recién empiezan a madurar por aquellos rincones de la ciudad, la semilla germinal de este caso en particular fue plantada dos años atrás a instancias del, por entonces, ministro de finanzas Carlos Parodi.
El artículo 1 del decreto 1693/16 no deja mucho espacio a dudas: «Otórgase en calidad de comodato por el plazo de 20 (veinte) años, a favor del Banco Macro S.A., la fracción del inmueble identificado catastralmente con Matrícula N° 172.813, Sección T, Fracción N° 158 del Departamento Salta Capital, de propiedad de la Provincia de Salta, la que será destinada a la instalación y funcionamiento de la ampliación de la sucursal del Banco Macro S.A., ubicada en el Centro Cívico Grand Bourg».
Por aquel entonces, los portales locales solemnizaban el supuesto «convenio entre la provincia y el Macro». Otros, enfatizaban en la presunta «ampliación» del anexo ubicado en el interior del predio oficial; y algunos pocos, resaltaban el hecho de que, para concretar dicho convenio, era necesario un fuerte desembolso de dinero público: $15 millones, para ser precisos.
Los partes oficiales destacaban que el objetivo de dicho convenio era «facilitar las operaciones de sus clientes de la zona Oeste de Salta Capital mediante la optimización de la atención bajo exigentes estándares de calidad, agilidad y eficiencia». La sucursal (que contará con 3 cajeros automáticos, 1 terminal de auto servicio, 1 tótem bihométrico de ANSES, puestos home banking, 3 puestos de cajas, 1 puesto de caja de servicios, y espacio para clientes Macro Selecta) se presentó como la versión superadora del antiguo anexo que funciona en el centro cívico.
Además del dinero público concedido para optimizar las prestaciones de una empresa privada, la provincia cedió terrenos con un alto valor de mercado. La referencia de superficies consignada en el croquis habla de: 478 m2 para el proyecto de arquitectura -edificio-, 33.3 m2 de superficie semicubierta -estacionamiento-, 95.4 m2 de superficie descubierta -patio posterior-, 306.6 m2 de superficie exterior -veredas y espacios verdes- y 97 m2 de superficie para crecimiento futuro. Todo esto arroja un total de 1.011 metros cuadrados, en una zona cuyo valor inmobiliario es de u$s 250 por metro cuadrado, por lo que el valor estimativo del predio ronda los $10 millones.
Al margen de los acuerdos relativamente recientes, la historia de la empresa de Brito y su relación con la provincia es un compendio de negocios y privilegios. Luego del proceso de privatización del Banco de Salta, iniciado en la gestión de Ulloa y concretado por Juan Carlos Romero, el Banco Macro fue llamativamente la única firma que se presentó en la licitación.
Posteriormente llegaría la primera firma de convenio para que el Macro fuera el agente financiero oficial de la provincia por diez años, el cual se renovó en el primer mandato de Juan Manuel Urtubey y persiste hasta la fecha. El banco de Brito pasó, entonces, a manejar los fondos del presupuesto provincial, los de la coparticipación federal y otras regalías. Bajo estas disposiciones, toda la administración pública provincial percibe sus haberes a través de sus terminales. Se trata de al menos 80.000 trabajadores, según el último informe de la SIPA y el Ministerio de Trabajo de Nación. La disposición -y en algunos casos, retención- de esos haberes es una de las bases fundamentales sobre las que se erige el emporio de Brito; convirtiendo, además, a los empleados públicos en los principales clientes tomadores de créditos.
Sólo por el mantenimiento de las cuentas oficiales, el Estado salteño eroga mas de 100 millones de pesos anuales -a valores de 2015-. A esto deben sumarse, las innumerables cesiones de tierras que los sucesivos gobiernos concretaron para que, al día de hoy, cada plaza de cada municipio cuente con una dependencia del banco azul.
Hemos de reconocer que todo aquello que suponga agilizar las diligencias a los vecinos debe ser visto como provechoso; no obstante, cabe preguntarse si otras dependencias estatales o instituciones públicas -municipalidad, Foro de Intendentes, IPS, etc.- no debieran correr la misma suerte que el banco oficial.
En la provincia de Salta, la línea que separa lo público de lo privado es tan delgada e imperceptible como aquella que divide el centro cívico Grand Bourg de la nueva filial del Banco Macro. La vasta historia de negocios, «convenios» y acuerdos con el estado provincial nos demuestra que, si de privilegios y cesiones se trata, el Banco Macro es sin dudas el onceavo ministerio.
