El sello militar impuesto por el ex coronel Juan Manuel Pulleiro al ministerio de Seguridad viene generando fuertes resquemores entre los trabajadores del área, algunos funcionarios y, en particular, la familia policial. (por Nicolás Bignante)
Como era de esperarse, la impronta militarista de la nueva gestión a cargo de la seguridad pública comienza a sacar a flote viejas internas, al tiempo que el malestar entre recién llegados y continuistas se torna cada día más indisimulable. En cada una de las dependencias que el ex coronel fanático del enfrentamiento de Manchalá Juan Manuel Pulleiro tiene bajo su órbita, el desencanto crece a medida que se impone la lógica castrense. Esta semana, comenzaron a circular voces desde el interior de la cartera que confirman lo que era obvio: por más vocación y antecedentes represivos que compartan, los verdes y los azules guardan insalvables diferencias a la hora de gestionar.
Uno de los ámbitos donde se hace más palpable el enfoque autoritario de la nueva administración es, sin dudas, la alcaidía de ciudad judicial, donde van a pasar sus días hombres y mujeres a la espera de una sentencia firme que defina su derrotero. La nueva línea ideológica impuesta en cuanto al trato de los internos, es interpretada por profesionales de la institución como una habilitación tácita del maltrato. Además de los clásicos vejámenes y golpizas a los que son sometidos los reos, y que tienen su rebote en la mayoría de las comisarías locales, los servicios y derechos elementales se han visto trastocados en los tres meses de gestión Pulleirista.
En los últimos días ingresaron quejas formales al despacho de los directivos de la unidad por la obstaculización explícita del acceso a la tarjeta alimentar, derecho regulado por el ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que trajo mucha tela para cortar en las últimas semanas. Sépase: En los casos en que los padres o madres de niños hasta 6 años y que perciben la AUH se encuentren privados de su libertad, la ANSES prevé la posibilidad de designar a un co-titular que pueda recibir y hacer uso de la tarjeta en beneficio del progenitor. Aún no hay cifras oficiales de cuántos internos percibieron el beneficio desde su aplicación en el país, pero Salta está lejos de garantizarlo por decisión expresa de los altos mandos.
Según confiaron fuentes del ministerio de Seguridad a Cuarto Poder, desde la nueva gestión argumentaron que la implementación del programa en el ámbito de la alcaidía, traería problemas a la unidad, por cuanto el juzgado podría enviar oficios para saber de qué manera se está utilizando el dinero asignado a los internos.
Al margen del no reconocimiento del beneficio, los trabajadores de la alcaidía, tanto administrativos como profesionales, temen por las consecuencias que tales decisiones puedan traer. La relación con los internos se torna cada día más tensa y vaticinan una catarata de Habeas Corpus en el mejor de los casos y amenazas de autolesiones y/o amotinamientos en el peor.
De igual manera, la asistencia psicológica, psiquiátrica y médica en general también se ha visto resentida en el área de Sanidad. A este medio llegaron escritos de puño y letra de internos que manifiestan su voluntad de quitarse la vida ante la ausencia total de respuesta a sus demandas. “Nunca tuve la asistencia de un psiquiatra en esta unidad”, expresa una de las misivas; “Nunca me dieron algo, no me medicaron para calmar el dolor”, manifiesta otro interno.
Si bien, las miradas apuntan al director de la unidad Víctor “manteca” Martínez, los trabajadores en su totalidad coinciden en que las desavenencias llegaron de la mano del recambio ministerial. “A la nueva gestión no le interesa el interno. Antes, uno tenía la orden de buscar alternativas y teníamos la libertad de gestionar algo para que estén activos. Hoy sólo están encerrados” confió a este medio un empleado de la Alcaidía.
El destrato llega en ocasiones hasta las familias de los detenidos. Según relataron, el manoseo de los celadores es moneda corriente cada vez que se disponen a visitar a sus parientes para llevarles ropa o mercadería. “Buscan la reacción del preso y eso siempre termina en más violencia” remarcan desde la alcaidía.
Exactamente un mes atrás, algunos portales locales se hacían eco de la denuncia que un hombre de 42 años, preso por robo, realizó a trece compañeros de celda. Según relató el interno en su denuncia, al menos cinco de ellos habrían abusado de él. La denuncia recayó en la Unidad de Delitos contra la Integridad sexual a cargo de Cecilia Flores Toranzos que imputó rápidamente a los trece hombres.
Al margen de las declaraciones posteriores, a muchos de los profesionales que trabajan en la alcaidía general les llamó la atención el informe elevado por el médico legal. Según manifestaron, el doctor descreyó de la versión del denunciante y se tomó la atribución de interpretar que el interno fingía para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
Estos y otros temas, como las recurrentes golpizas a las que son sometidos los internos o simplemente la falta de comida tal como ocurrió hace dos semanas, motivaron más de una presentación por parte de los trabajadores. Todas fueron cajoneadas y jamás encontraron respuesta alguna.
Como si esto fuera poco, el desencanto con la nueva gestión se hizo extensivo rápidamente a toda la familia azul. Al parecer, una resolución de finales de 2019 formulada por el propio Pulleiro y su asesor Javier Salgado dejó sin licencias a todos los uniformados y a personal del ministerio y la secretaría de Seguridad. La medida implica el no pago de las mismas o simplemente la quita del derecho. La arremetida contra los azules, sumada a la incertidumbre por designaciones que no salen, hizo que esta semana circularan fuertes rumores de acuartelamiento.
Hacia adentro, para colmo de males, hay quienes apuntan al coronel por no haber frenado hace dos viernes el avance de la policía contra los docentes autoconvocados en Grand Bourg. El hecho no es menor si se considera que aquella circunstancia obligó al gobernador Gustavo Sáenz a bajar al llano y dialogar frente a frente con la docencia, dilapidando el último atisbo de legitimidad de los burócratas sindicales y desplazando como interlocutor al ministro de educación Matías Cánepa.
