La campaña electoral comenzó candente y prematura en Salta. Arrancó después de Navidad con el reparto de vino fino en caja que hizo Miguel Isa en el CCM, “donado” por el dueño de la FM del Carnero, con dos fines específicos: molestar a Titi Romero quien modificó su gabinete para lanzarse a la campaña en los barrios; y presentarse como candidato a concejal para según sus planes, regresar a la Intendencia y luego aspirar a la gobernación. Los más avezados se preguntan quién habrá pagado al donante por las cajitas de madera, y qué considerable monto. 

La otra cuestión que finalmente salió a la luz, es lo que hace años en Anta era un secreto a voces, y que explotó como estruendosa pirotecnia de fin año. La trama se venía incubando cual olla a presión durante largos seis meses, hasta que llegada a su punto máximo terminó dejando al descubierto no sólo como se maneja el poder en ese departamento clave para la economía de Salta, sino también hasta dónde llegan los tentáculos mafiosos por esos lares. No escapan al análisis de la cuestión, las dos posturas claras y definidas tomadas por los medios afines al oficialismo.  Algunos, decidieron silenciarse ignorando el tema, como aquel que dirige desde las sombras el hombre que será protagonista de un libro junto con el recordado Angel Mariano Atilio Oscar Torres, cuyas siglas son JPR, también llamado STP (solo trabajo por pauta). Otros, embistieron contra todo fiscal que pretendiera meter la nariz en el entuerto. Claro mensaje mafioso: por aquí no se arrimen.

El detonante de la bomba anteña explotó en la madrugada del 28 de junio pasado, cuando las cámaras instaladas en la plaza de Apolinario Saravia filmaron a la policía golpeando y cambiando la patente de una camioneta, oportunidad en la que fue detenido Luciano Diez. El joven tardó cuatro días en conseguir que sus abogados reuniesen las pruebas, y así poder denunciar el hecho. Ese operativo policial, fue dirigido por el comisario Walter Mamaní, quien años atrás había formado parte del grupo que “investigó” la muerte de las turistas francesas. La detención de Mamaní, provocó incluso la adhesión de Jean Michel Bouvier, padre de Cassandre, una de las dos mujeres salvajemente asesinadas y hallada misteriosamente en la Quebrada de San Lorenzo. Bouvier hizo un elogió de la actuación de la fiscal Verónica Simesen de Bielke.

Parece ser que cuando Mamaní advirtió que le soltaban la mano, se decidió a mostrar un WhatsApp que le había enviado al Auxiliar Fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Dantur, quien se hacía llamar por propios y extraños “Aurelio Casillas”. Igual que el personaje que aparece como el zar de las drogas en la narco serie de Netflix, El Señor de los Cielos. Dantur no se conformaba con el fetiche de que lo llamen “Aurelio”, sino que se vestía y hasta llegó a contraer matrimonio, con el mismo traje que el actor de la serie de siete temporadas, y así pululaba por las calles del pueblo. Un detalle más: además de calzar sombrero de cowboy y botas texanas, portaba un revolver a la cintura, bien a la vista de todos. Lo cierto es que “Aurelio” fue auditado por el Ministerio Público y se descubrió el manejo antojadizo de su oficina: cajoneaba denuncias incómodas y daba trámite a las que se le daba la gana.

Entonces, lo que hasta ese momento parecía hasta un dato pintoresco, aunque patético; prontamente exhibió su cara más oscura. Dantur en realidad, era quien debió haber dirigido y controlado a Mamaní la noche en que Luciano Diez fue detenido ilegalmente, golpeado y filmado. Ese dato que pareciera menor, es lo que llamó la atención de la prensa local y nacional, además del Ministerio Público, que a partir de allí, debió iniciar una insólita batalla con el Poder Judicial, para poder enjuiciar a Dantur. Sin embargo hasta hora no lo consiguió ¿Qué pasó? ¿Quién es realmente Dantur? ¿Qué secretos guarda? ¿Quiénes lo protegen? Lo único cierto es que en una sucesión de maniobras desesperadas, quedó manifiesto que en el Poder Judicial tienen pánico de que Dantur abra la boca.

Maniobras desesperadas

La primera estrategia dirigida desde la cima del Poder Judicial, se orientó a demoler a la fiscal de Derechos Humanos (competente para investigar a la policía), Verónica Simesen de Bielke. Para ello, dijeron que la fiscal no le había preguntado a Dantur si el teléfono que usaba era de su propiedad, o se trataba del que le asignó el Ministerio Público. Nunca tuvieron en cuenta que Dantur, al ser el encargado de dirigir y controlar el operativo policial, si este resultaba irregular (como lo fue), debió ser quien impute y detenga a Mamaní. No solo no lo hizo, sino que convalidó todo lo actuado. Dantur continúa siendo Auxiliar fiscal del Ministerio Público, de manera que resulta muy curioso que no haya actuado de un modo abismalmente diferente desde el inicio, es decir, colaborando con la investigación de la fiscal contra Mamaní, y ofreciendo voluntariamente su teléfono. Muy por el contrario, al comisario Walter Mamaní quien le mostró a la fiscal el WhatsApp en el que Dantur le ofrecía dejarle abierta la oficina de la Fiscalía de Apolinario Saravia durante el fin de semana, para que hiciera lo que se le diera la gana. Así como se lee: el Auxiliar Fiscal le envió un WhatsApp a un comisario imputado en una causa, para que entre a una dependencia pública y acomode o haga desaparecer prueba a su antojo. Es más, el teléfono oficial que el Ministerio Público le dio a Dantur para el ejercicio de su función, fue cedido por Auxiliar, a su hijita. Nada de todo eso parece haber llamado la atención del Poder Judicial.

Un condimento más? Antes de ser Auxiliar Fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Dantur fue asesor del hombre fuerte de Anta, el diputado Pedro Sández. Durante mucho tiempo existió una fuerte alianza política entre Sandez y el ex Procurador General y actual Juez de la Corte Pablo López Viñals. Esa alianza se fortalecía casi semanalmente, con opíparas cenas en la fastuosa mansión de propiedad del juez, en la localidad de San Lorenzo, y le permitieron a Sández contar con el control absoluto del Poder Judicial y del Ministerio Público en Anta. Desde los jueces y fiscales, hasta el último de los empleados le pertenecen, le temen y le obedecen. El otro aliado de Sández que esta vez salió al ruedo como nunca antes se recuerda, es el propio presidente de la Corte de Justicia Guillermo Catalano. Quienes lo conocen, dicen que nunca lo vieron tan desesperado por solucionar un tema, a cualquier precio. 

Fue así como cuando la causa contra Dantur llegó a la Sala I del Tribunal de Impugnación, el juez Luciano Martini, hombre de la confianza absoluta de Catalano, la anuló, removiendo a Simesen de la investigación. Pero fue mas allá al ordenar que el fiscal de turno la investigara por delitos indeterminados, sin especificar cuáles. A esta ilógica embestida, se sumó la Asociación de Jueces de Salta, emitiendo un comunicado en apoyo al fallo, donde llamó la atención la firma del ex presidente de la Corte, hoy jubilado, Guillermo Posadas. Algunos malintencionados se preguntaron si se trataría de una devolución de antiguos favores.

Acatar tan absurda decisión, implica nada más y nada menos, el aceptar que una fiscal que investiga al poder puede ser apartada, e imputársele delitos “indeterminados”. Es por eso que la reacción del Ministerio Público no tardó en llegar. Se conoció que el Ministerio de Justicia de la Nación y el Consejo de Procuradores miraron con preocupación el caso Dantur, porque de generalizarse en el resto del país, el rol del Ministerio Público en momentos en que se pretende implantar el sistema acusatorio, quedaría reducido a la nada. Que el trabajo de los fiscales se vea amedrentado desde el poder político y judicial, agrava la situación.

Dantur se enteró antes que el resto de los fiscales del fallo del Tribunal de Impugnación y cual resorte se presentó con uno de sus abogados, pidiendo que se levante la suspensión en el sumario que se le había iniciado, y se lo reincorpore, acompañando copia de la sentencia. El otro abogado de Dantur, es empleado encargado de sumarios de la Universidad Católica de Salta, donde enseñan Catalano y Martini. ¿Meras coincidencias? Quienes conocen al abogado, afirman que sus escritos en la causa Dantur, no tienen nada que ver con su redacción habitual. 

Ya en evidente amparo del Poder Judicial, Dantur denunció a la propia fiscal Simesen, pero su arremetida fue desestimada por la fiscal Mónica Poma y confirmada por la fiscal Ana Inés Salinas Odorissio. Mientras, se iniciaba una nueva investigación, y otro sumario administrativo contra el Auxiliar. Lo cierto es que desde junio hasta enero, el Poder Judicial nunca permitió que el Ministerio Público conociese el contenido de los teléfonos que se le secuestraran a Dantur. Se pusieron mil excusas, y apartándose de las disposiciones legales que rigen en la materia, los aparatos celulares quedaron en custodia del Poder Judicial, aunque el Código señala que deben estar en la órbita del Ministerio Público.

El Año Nuevo siguió agitado. Cerca de la Nochevieja, la Unidad Fiscal que investiga a Dantur se presentó al Juzgado de Garantías de Joaquín V. González, cuyo titular es el juez Héctor Guzmán (el primero que quiso salvar a Dantur, pidió licencia un viernes, diciendo que retornaría el lunes y ordenaría la apertura de los celulares). Su reemplazante, la Dra. Patricia Rhamer accedió al pedido del Ministerio Público y ordenó que se cumpliera la medida de inmediato. El lunes, volvió Guzmán, se excusó rápidamente, y con la misma velocidad, la causa pasó al juez de Metán, Mario Dilascio. En un abrir y cerrar de ojos, la causa voló raudamente en horario nocturno, de González a Metán, recayendo en horas tempranas, en el juzgado de Dilascio. Cabe advertir que ambas ciudades no están pegadas precisamente, sino a 120 kilómetros. Dicen que este magistrado, tiene una vieja amistad con el presidente de la Corte de Justicia y con o sin razón, en San José de Metán, lo llaman “Don Mario”. 

Don Mario recibió a la Unidad de Fiscales con tono gruñón, el mismo lunes que se había excusado Guzmán. Con la causa ya en su poder, primero negó terminantemente la apertura de celulares de Dantur, argumentando que tenía mucho trabajo y revocando la decisión de la Dra. Rhamer. El juez sostuvo que no veía cuál era la razón de la urgencia. Ante la reiterada negativa y obstrucción de la investigación, los Fiscales salieron en búsqueda de un escribano para labrar un acta y denunciar al juez. Todos los escribanos de Metán a los que recurrieron, manifestaron que no se animaban a acudir a ese juzgado, por miedo a sufrir represalias. “En Metán son vengativos”- habría dicho uno de ellos. Fue así como los fiscales debieron darse maña y conseguir una escribana de Rosario de la Frontera. Tres horas más tarde, el juez cambió su decisión desandando sus propios pasos, pero postergando el peritaje hasta el viernes 8 de enero. Los especialistas en comunicaciones del Ministerio Público no pudieron menos que sonreír  socarronamente frente a la nueva decisión, adivinando que el viernes se encontrarían con una suerte de teléfonos de Heidi, como finalmente sucedió. Dicen que por esos días, hubo intensas comunicaciones entre “Don Mario” y su íntimo amigo de Salta, quien le aseguró que contaba con todo el apoyo ante la “locura” del Ministerio Público. 

Mientras tanto, en Anta proliferan los campos con hombres portando armas largas; ningún camionero se anima a salir solo a la ruta si no es acompañado por dos o tres más, y se multiplican las versiones sobre robos de equipos cargados de soja. Por si fuera poco, el diario La Nación realizó un informe que apunta a la zona, como una de las más transitadas por vuelos y transportes de cocaína en el país. Es por ahí, que se entiende la protección a Dantur. Auxiliar al Comisario, cueste lo que cueste, y a cualquier precio. 

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