Como en la serie Breaking Bad que emula las sórdidas relaciones en la frontera de EEUU y México, en Salvador Mazza hubo un “Heinsenberg” protagonizado por el prostibulario ex intendente Carlos Villalba y los hermanos Calvo Moscoso. (Dante Baigorria)

Un nuevo informe de la Auditoría General de la Provincia (AGP) sobre el ejercicio financiero del municipio de Salvador Mazza en el año 2011 revela que hay un faltante de $245.339 en relación a lo que el gobierno de Carlos Villalba presentó como presupuesto ejecutado en aquel período.

Los tejemanejes del gobierno del prostibulario exintendente no son ninguna novedad, ya en noviembre de 2013 la AGP había publicado un informe que apuntaba 106 observaciones, compendiadas en 97 páginas, sobre el ejercicio financiero del año 2010. En ese primer informe la AGP sugería “la aplicación de la normativa contemplada en la Res. Nº 20/04”, que estipula el protocolo para avanzar en una investigación sumarísima contra Villalba y sus esbirros.

En aquel entonces, las autoridades de la AGP no siguieron esa recomendación de los auditores, por lo que no cabe albergar expectativas que en este segundo informe, con igual resultado, vaya a seguirse las vías correspondientes para hacer comparecer al proxeneta. Sin embargo los detalles sobre ambos períodos, el de 2010 y 2011, permiten avanzar en algunas consideraciones que van más allá de las deficiencias puramente financieras.

Al nombre de Villalba se suman los ya conocidos “asesores estrella” de su gestión al frente del municipio fronterizo: los hermanos Gabriel y Sebastián Calvo Moscoso. En la auditoría de 2010 ya se denunciaba la contratación del “estudio Jurídico Contable CALVO GAINZA & ASOCIADOS”. Se resaltaba que “el convenio firmado entre el señor intendente municipal (Villalba) con Sergio Gabriel Calvo Moscoso, establece la vigencia de 39 meses a contar desde el 01/10/2008 al 31/12/2011, con un pago total en concepto de honorarios profesionales de $567.000, a razón de $16.500 mensuales”.

Ese informe se ocupaba de aclarar que “esta contratación forma parte de una de las causas judiciales radicadas en el Distrito Judicial del Norte (Tartagal), a raíz de ‘una serie de denuncias y ampliaciones efectuadas por tres concejales del municipio de Salvador Mazza, por supuestas irregularidades cometidas en la gestión”. Es decir, los espurios acuerdos entre los Calvo Moscoso y el intendente jaranero, ya han sido denunciados hace varios años, tampoco son novedad.

Pero no conforme con haber sellado ese contrato por $567.000 con el municipio, Gabriel Calvo Moscoso, en agosto de este año, trabó un embargo contra Salvador Mazza por casi 3 millones de pesos, en el que aduce deudas en su perjuicio. El municipio actuó con anuencia para que Calvo Moscoso se salga con la suya, y no sólo haya sido bendecido por el beneplácito de la caja municipal mientras fue asesor, sino que ahora pueda volverse millonario gracias a una artimaña legal.

La jugada de Gabriel Calvo Moscoso se dio de la misma forma que la que había hecho otro beneficiado por los negociados de Villalba, Fadel Barakat. El dueño del supermercado King, a pesar de haber sido harto complacido por las compras del municipio, tuvo la osadía de demandarle $387.165 en carácter de deudas. El municipio le dio la razón sin objetar nada, fue entonces, al igual que Calvo Moscoso, doblemente agraciado por el favor de Villalba.

Los Calvo Moscoso

Hay un elemento que no sale a la luz en las auditorías de los ejercicios 2010 y 2011, pero que resulta elemental para sospechar del usufructo del erario público que pergeñaron los Calvo Moscoso y el ex jefe comunal.

Según fuentes cercanas a la familia Calvo Moscoso, ellos serían propietarios de un inmueble ubicado en calle Lerma 163, en la ciudad de Salta Capital. El dato se corrobora a través de distintos archivos de sociedades comerciales conformadas por los hermanos, en las que declaran como domicilio especial a esa casa.

La sociedad de responsabilidad limitada SEBAAG, tiene como uno de sus miembros y como socio-gerente a Sebastián Calvo Moscoso. Esa SRL fue conformada mediante el edicto Nº 17.159 del boletín oficial del gobierno provincial del día 15/08/2006, y está asentada justamente en la Lerma 163.  Según indica el mencionado reporte tiene como objeto social: “Realizar la comercialización y elaboración de comidas y derivados de cualquier clase o naturaleza, la comercialización de bebidas, gaseosas, bebidas con alcohol, e infusiones de cualquier clase o naturaleza”. Además se indica que el plazo de duración de SEBAAG SRL es de quince años con lo cual hoy estaría transcurriendo su noveno año de existencia y le restarían otros seis.

Hasta aquí todo normal, una sociedad comercial como cualquier otra, con una razón social clara y domiciliada en una ubicación céntrica de la ciudad capitalina, la citada Lerma 163. La cuestión se complica cuando se toma conocimiento de dos cuestiones: por un lado nunca funcionó allí un local comercial con las características antes apuntadas por el edicto 17.159, y por otra parte, durante muchos meses hizo las veces de pensión-alojamiento que la municipalidad de Salvador Mazza proveía a estudiantes de aquella localidad.

Cuarto Poder hizo dos ejercicios de indagación para arribar a estas conclusiones, ya que la falta de documentación hizo dificultosa la labor periodística. En primer lugar dialogó con los vecinos de la cuestionada casa, que ahora está deshabitada, y todos coincidieron en que allí nunca se vendieron ni produjeron comidas ni bebidas, y acordaron en que “en algún momento” allí llegaban “camionetas de la municipalidad de Salvador Mazza”.

Uno de los vecinos consultados brindó un dato certero, que a la postre, habilitó al segundo ejercicio de indagación. “Era una pensión para estudiantes que venían de Salvador Mazza, pero también llegaban otras personas, camionetas, e inclusive se hacían fiestas donde venían hasta policías”, relató el hombre.

Entonces se realizó la búsqueda del contrato de locación que unía a la añeja construcción de Lerma 163 con la municipalidad de Salvador Mazza. No se encontró registro alguno, ni en la web, ni en las auditorías de la AGP, por eso se optó por rastrear algún testimonio más protagónico que ratificara los dichos del vecino. Efectivamente se dio con el paradero de dos exestudiantes, quienes solicitaron que se resguarde sus identidades; aseguraron haber estado radicados en la pensión de Lerma 163 durante el año 2011. Ambos prefirieron no agregar más nada, y dijeron tener temor a que tras conocerse sus testimonios hubiese represalias.

Puede deducirse, ciertamente, que Carlos Villalba benefició a los Calvo Moscoso con la contratación directa de su propiedad, para que fuese la locación de los estudiantes del pueblo que se radicaban en la capital provincial y de esta forma incumplir el procedimiento de licitación pública que la ley estipula para este tipo de contrataciones.

Los temerarios

En marzo de 2012 la dupla de los Calvo Moscoso saltó a la fama por una acusación grave que les hizo el delegado municipal de ATE en Salvador Mazza, Rubén Moreno, quien les endilgó la responsabilidad intelectual por el ataque sufrido en su domicilio, donde dos sujetos habían lanzado bombas molotov.

En aquel momento fueron arrestados dos jóvenes de 18 años por el grave incidente que ocurrió el domingo 6 de marzo de aquel año. Los muchachos habrían arrojado elementos contundentes e incendiarios, y hasta habrían pretendido horadar los cerrojos del hogar. El propio Moreno los enfrentó con un palo, por ello los agresores desistieron de completar su cometido.

El dirigente gremial no tuvo empacho en sindicar a Gabriel y Sebastián Calvo Moscoso como los autores intelectuales del episodio. Lo curioso fue que Moreno señaló a los asesores del intendente pero evitó hacer extensiva su denuncia hasta Villalba, a quien desmarcó de cualquier sospecha.

Hablando de salir ileso, cabe recordar que el destituido intendente Villalba, hallado en un prostíbulo en agosto de 2013 e investigado por sus vinculaciones con la trata de personas, ha venido dilatando sus declaraciones ante el Juzgado Federal Nº2 que lleva la causa, según comentó este año la fiscal Paula Gallo.