Antes de escándalo “Raúl Reynoso”, Orán fue noticia por la protesta de bagayeros. Dilemas de una actividad que contiene a miles, es aprovechada por el narcotráfico y utiliza un predio municipal regenteada por un hombre vinculado al intendente. (R.M.)

A principios de semana las noticias vinculadas a Orán daban cuenta de cientos de bagayeros que cortaban la ruta 50 en protesta por anuncios relacionados a mayores controles por parte de la gendarmería a la actividad. Tales controles, se dijo, se incrementarían en puntos clave: los caminos en medio del monte por donde los bagayeros introducen mercadería desde Aguas Blancas hasta Orán y los colectivos que llevan en cantidad la mercadería introducida desde el vecino país a distintos provincias del nuestro.

La situación es un verdadero dilema en tanto la actividad se ha convertido en fuente de ingresos de miles de familias y un circuito aprovechado por quienes contrabandean estupefacientes. Para graficar lo primero conviene precisar que ocupando a unas tres mil personas completamente excluidas del mercado laboral, esa cifra es superior a las ocupaciones que provee el ingenio El Tabacal y la propia municipalidad de Orán: 1.200 empleados para el primer caso y 916 en el segundo según el presupuesto 2015 de ese municipio que detalla que 704 son permanentes y 212 contratados.

Los vínculos que muchos señalan entre esa actividad y el narcotráfico, por su parte, tienen mucho que ver con el rol que ocupa la denominada Playa de Camiones que ha sido objeto de varias denuncias. Se trata de una media manzana antes alambrada y ahora tapiada a dónde arriban colectivos, tráfics, camionetas y autos cargados con bultos de hasta 80 kilos que cientos de bagayeros deshacen para allí entregar la mercadería a quienes cruzan la frontera para adquirir productos que se contrabandean por la frontera a pie, para luego montar las cargas en vehículos que tienen por destino final el playón.

Lo curioso del caso es que esa media manzana ubicada frente a la terminal de ómnibus de Orán, es propiedad de la municipalidad de la ciudad. Y al menos desde julio del 2011 es administrado por Tomas Lino Cano a instancia del intendente de Orán, Marcelo Lara Gros, quien en julio de ese año le otorgó la explotación. Cano, además, encabezó en las elecciones de mayo pasado una lista de concejales que adhería a la candidatura del propio Lara Gros que finalmente fue reelegido en el cargo.

Cuando este medio cubrió instancias vinculadas a esas elecciones, recogió testimonios nunca desmentidos: hasta el 2007 Cano era un simple empleado municipal y reconocido puntero político que puso al servicio del jefe comunal sus competencias para repartir favores públicos a cambio de votos. Lejos de ser bagayero y mucho más lejos aún de vivir como uno de ellos, Cano se muestra como un próspero empresario vinculado al poder político.

Cuarto Poder accedió oportunamente al contrato firmado por Cano y el intendente Marcelo Lara Gros en el año 2011 para que el primero explote la playa de transferencia. Lo evidenciado por el documento hace suponer que Cano es un gran negociante y que el intendente es dueño de una generosidad que roza la idiotez; o que Cano y Lara Gros son cómplices. Veamos: en aquel año la municipalidad exigió a Cano un alquiler mensual de $1.500 por explotar una media manzana con servicios a la que arribaban un promedio diario de 25 colectivos, 20 tráfics, 60 camionetas y un número aún mayor de taxis y remises. Los primeros pagaban entonces entre $250 y $300; las segundas, $120; y las camionetas, $60. Sólo eso representaba $12.500 diarios sin contar la tarifa abonada por los automóviles.

No accedimos al contrato que hoy sigue vinculando a las partes pero sí podemos asegurar que el Estado sigue inflando los negocios de Cano que invierte poco y se lleva mucho. La página oficial del Fondo de Reparación Histórica indica que de las obras proyectadas en la ciudad de Orán, la Playa de Trasferencias es una de las pocas ya finalizadas. Por un monto de $1.273.640, la empresa BETON S.R.L. tapió todo el predio. Y aunque el monto originalmente presupuestado era de $3.000.000 son muchos los que se preguntan si el $1.273.640 finalmente ejecutado no es un excesivo para un tapiado.