El gobierno busca extender el uso de la tarjeta SAETA a todas las empresas de transporte público de la provincia con el objeto de «darle transparencia al sistema de cobro». La firma que se encargará de ello enfrenta un juicio en Córdoba por estar involucrada en una multimillonaria estafa. (Por Nicolás Bignante)

«Vamos a avanzar en un sistema que nos permita no solo que el usuario pueda pagar el boleto de una manera más sencilla, con el uso de la tarjeta, sino que ese avance nos permita darle transparencia a todo el sistema», manifestaba días atrás el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia Ricardo Villada. La idea del gobierno pasada en limpio es implementar el mecanismo de cobro utilizado en el área metropolitana en todos los municipios del interior, lo que en concreto supone extender el uso de la tarjeta magnética a toda la provincia y, por ende, instalar nuevas terminales de carga y autogestión.

A modo de justificativo Villada advirtió: «En el interior hubo desmanejos que nosotros no vamos a permitir». La frase resulta muy congruente con la operatoria aplicada por SAETA desde hace meses y que consiste nada menos que en denunciar una presunta amenaza (coleros, vándalos, estudiantes abusivos) para justificar recortes, deficiencias en el servicio y/o millonarios desembolsos.

Aquí algunos ejemplos: Cuando la empresa y el gobierno anterior decidieron poner en duda la continuidad del «pase libre» y recortar el beneficio a miles de estudiantes, se argumentó que un gran número de beneficiarios abusaban del servicio haciendo más de 100 viajes al mes. Cuando se tomó la decisión de trasladar las máquinas de cobro para ubicarlas en las escaleras de las unidades se dijo que «de cuatro pasajeros, pagaba uno» y que sólo de esa forma evitarían a los «coleros». De esta forma también se reivindicó la adquisición de unos 640 paneles a un valor de $187.000 cada uno. Cuando se tomó la determinación de restringir el horario de funcionamiento de las terminales de autogestión, se puso como excusa que dichos habitáculos eran blanco de actos vandálicos (un video difundido por la propia empresa muestra cómo una persona sustraía un foco led cuyo valor no supera los $450). Como resultado, ningún usuario puede hacer uso de las máquinas de carga después de las 00:00 hs. Cuando la jueza Victoria Mosman frenó el aumento previsto para el mes de diciembre de 2019 que hubiera llevado el valor del boleto a $26, las autoridades de la empresa sostuvieron que el servicio podría resentirse en algunas zonas como producto de un agujero de $8 millones. En definitiva, cada vez que SAETA rezonga y apunta contra una presunta amenaza al servicio, es porque se viene el sablazo.

Retomando. En términos de guita, la decisión del gobierno de extender el sistema de cobro mediante tarjetas magnéticas a toda la provincia supone nuevos y furiosos desembolsos a la firma encargada de prestar el servicio: Atos wordline. La multinacional de capitales franceses es la encargada de programar los equipos para que se pueda hacer efectivo el cobro del boleto, como así también de diseñar y poner en funcionamiento las terminales de autogestión para la carga de tarjetas.

Tal como se reveló en ediciones anteriores, SAETA destina mensualmente el 6,4% (iva incluido) de la recaudación neta más la compra de tarjetas e instalación y desinstalación de equipamiento a bordo de las unidades. Una verdadera brutalidad. En el período enero-septiembre de 2019, SAETA pagó un total de $85 millones; o sea, unos $9,4 millones mensuales o el equivalente a diez fallos de la jueza Mosman, según la matemática de Claudio Juri. Todos los desembolsos a Atos wordline se realizaron en concepto de «Servicio de recaudación y mantenimiento».

 

Divinos antecedentes:

 

La iniciativa del gobierno provincial no podría llegar en momentos más inoportunos. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba avanza hacia la segunda etapa del juicio por el escándalo denominado «CBI cordubensis», que podría comenzar en marzo. Se trata de la más grande estafa en la historia de la provincia de Córdoba y probablemente una de las mayores del país. Entre el tendal de procesados figuran tres importantes directivos de la firma Atos wordline -filial Argentina- por asociación ilícita y lavado de dinero: Juan Luis Dabusti, Carlos Fernando Abril y Raúl Alberto Toscano. Es también la primera vez en la historia judicial argentina que se juzgan hechos encuadrados dentro del delito de «intermediación financiera», incorporada al código penal luego de sendas advertencias y sanciones por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

De todas las firmas involucradas en operaciones espúreas con la financiera CBI, Atos wordline (por entonces, Siemens-Atos) es la que más explicaciones debe a la justicia. En el año 2011, el entonces intendente de la ciudad de Córdoba firmó un convenio con la empresa para reemplazar el obsoleto sistema de cospeles y reemplazarlo con la Red Bus. Su implementación estuvo rodeada de sospechas de irregularidades desde el momento cero. Un mes mas tarde, la empresa Atos crearía una UTE (Unión Transitoria de Empresas) con la financiera CBI para llevar a cabo las operaciones de recaudación de la tarjeta Red Bus.

Ya en 2012 y con una nueva gestión municipal se realiza una modificación al contrato que permitió ampliar el tiempo límite para depositar los fondos correspondientes al municipio de 24 a 72 horas. Este lapso temporal permitió, según indican los analistas, ejecutar las operaciones de intermediación financiera que hoy se investigan. Pese al escándalo desatado y a que el propio presidente de CBI ratificó desde la cárcel cuál fue el papel de los directivos de Atos Wordline, la empresa aún controla el sistema Red Bus.

 

CBI: Los hechos

 

En febrero de 2014 el vicepresidente de la financiera CBI Cordubensis es hallado sin vida y con quemaduras en el interior de su Toyota Hilux. Un bidón de combustible adquirido horas antes había detonado dentro del vehículo, aunque en su celular se hallaron búsquedas en google con la leyenda «formas de suicidarse». Una carta de despedida hallada entre sus prendas se convirtió en un documento crucial para el desarrollo de las investigaciones por el descomunal desfalco. Dabusti, Abril y Daviglio (directivos de Atos) aparecen en la misiva como parte del entramado de corrupción. Además de Atos, deberán sentarse frente al juez los representantes de las empresas: Yacopini automotores, Forcom SRL, Centro Motor Toyota y Grupo Dinosaurio.

 

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