La situación social de la provincia se agrava en sintonía con la realidad económica nacional, al tiempo que socava la imagen de los principales mandatarios. En respuesta a la crisis, el estado destina $96 mensuales por niño en los comedores populares del Gran Salta.
Nicolás Bignante
A tres meses de haber superado el último pico de contagios por Covid-19 en el país y la provincia, las viejas urgencias vuelven a imponerse a nivel social y concentran el desasosiego de las mayorías. Los sondeos más recientes dan cuenta que las principales preocupaciones de los salteños giran en torno a la realidad socioeconómica: la falta de empleo, la inflación y el aumento de la pobreza encabezan la lista de prioridades.
En el mes en que se registró la inflación mensual más alta de los últimos 20 años, una familia tipo necesitó un ingreso mensual de casi $90.000 para no caer bajo la línea de la pobreza, según el INDEC. El mismo organismo dio a conocer que Salta tiene el 38,9% de sus habitantes en situación de pobreza. Se trata del tercer distrito con la tasa más alta en la región. Además, los índices de la provincia están por encima de la media nacional, que alcanzó el 37,3%.
En materia de empleo los datos tampoco son alentadores. Para el Gran Salta, la tasa de desempleo (6,2%) alcanza a casi unas 70.000 personas, entre los 18 mil desocupados y los más de 50.000 subocupados que declararon que necesitan otro trabajo para vivir.
El Porvenir no parece muy promisorio si se tiene en cuenta la premisa acordada entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional, para no dar más altas en programas sociales. La situación puso en alerta a las Organizaciones que, por estos días, protagonizaron extensas jornadas de lucha en las calles. En la provincia, los cañones apuntaron al ministerio de Desarrollo Social que encabeza Silvina Vargas.
Detalles en el Senado
Junto al resto de su gabinete, la ministra Vargas expuso ante el plenario de Senadores sobre la gestión en materia de Acción Social. La cartera que dirige estuvo en el ojo de la tormenta durante la discusión del Presupuesto 2022, ya que se evidenciaron fuertes recortes y hasta se especuló con que este había sido el motivo de la renuncia de Verónica Figueroa.
Según explicó Vargas, se asiste a niños de 2 a 14 años con un aporte mensual de 4.331.600 de pesos en Capital, San Lorenzo y Rosario de Lerma. Esta ayuda alcanza a 548 Merenderos que benefician dos veces a la semana a 45 mil niños, con proyección de llegar a 620 en mayo, dado el aumento de la demanda.
También se destacó la implementación del programa “Focalizados” por el cual «se entregan 115.439 módulos alimentarios a pueblos originarios de 496 comunidades en 24 municipios del norte, incluyendo entre los beneficiarios a familias vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas y niños», aseguró.
Finalmente (y a pesar de que se trata de un programa nacional), la ministra resaltó la entrega de Tarjetas Alimentar, con 118.643 beneficiarios y una inversión mensual de 81.7089.000 de pesos (financiada desde Nación).
$96 por niño
Los números presentados por la propia ministra son preocupantes. Se destinan 4,3 millones de pesos para comedores de Capital, San Lorenzo y Rosario de Lerma. Un monto que alcanza a 45 mil niñas y niños que asisten a 548 merenderos. Si se divide la cifra total por la cantidad de asistentes a los comedores populares en la región metropolitana, se obtiene la increíble cantidad de $96 mensuales por niño.
Según la última licitación pública, que data del 12 de abril, el costo unitario de cada módulo alimentario es de $1280,00 según la oferta presentada por la empresa «Miguel Segura». Es decir que el aporte mensual del Ministerio de Desarrollo apenas cubre el equivalente a 3.380 módulos a repartir entre más de 500 merenderos.
Cada módulo alimentario incluye apenas 7 productos (Aceite, yerba, arroz, azúcar, harina, sémola y leche), lo que no alcanza para atender la demanda creciente de asistencia en los barrios más humildes. La gestión de Vargas, según sus propios números, destina el equivalente a 6,16 bolsones alimentarios mensuales por merendero. Un número que roza la miseria y explica el desencanto de las organizaciones sociales que en las últimas semanas estuvieron en la calle.
Organizaciones en lucha
Pablo Rivas, referente de Cuba-MTR relató a este medio: «Antes de la pandemia Salta tenía 120 comedores, durante este tiempo superamos los 500, sólo del Frente Piquetero. Nosotros tenemos 30 en la provincia y el gobierno sólo asiste a 6. No se puede sostener este ritmo».
En relación a la demanda creciente, manifestó: «Tenemos un promedio de 100 chicos para arriba por merendero y no están llegando los módulos alimentarios».
Desde el Polo Obrero aseguran que la situación no es muy distinta. «Nos ofrecieron una olla para cada organización y ayuda para 6 merenderos, cuando tenemos 200. Pedimos también infraestructura porque cuando llueve no podemos cocinar y no hay respuestas. Ahora sí hay respuestas a otras cosas que consideramos superfluas, como gastar 140 millones en una calesita», manifestó Gabriela Cerrano.
«Nuestra organización asiste a más de mil familias en Capital, Embarcación, Rosario de la Frontera, Anta y Metán. Solamente tenemos reconocidos 18 merenderos. Y nos mandan un kit que nos tiene que durar 100 meriendas, pero no nos alcanza ni para dos semanas», se lamentó la ex-senadora provincial del PO.
Por su parte, desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) aseguran contar con 7 comedores, pero el gobierno provincial sólo provee mercadería para 2. «Son 30 kilos de azúcar que alcanzan para uno nada más. Después en los módulos envían maíz amarillo, harina, leche, chocolate y un postre que, con suerte, alcanza para 50 porciones. En la zona de menor asistencia van 108 chicos, en la de mayor demanda van 230», relataron.
Ana Paula Bautista, referente del MST Teresa Vive, contó: «Nosotros solicitamos asistencia con módulos alimentarios y desde noviembre que no recibimos nada de provincia. Volvimos a presentar los papeles para tener todo en regla, así que estamos esperando. Durante la pandemia se acercaban más de 100 personas a los comedores».
El hastío que socava la gestión
Pese a que el malestar económico suele endilgarse mucho más a las administraciones nacionales que a las locales, los intendentes también pagaron el costo con su imagen. La gestión de Bettina Romero en la capital salteña no fue la excepción.
En el relevamiento de imagen positiva realizado por la consultora CB a nivel nacional, que mide la valoración popular de los 24 jefes comunales más importantes, la mandataria salteña aparece en zona de descenso. Con 40,9% de imagen positiva y 56,6% de imagen negativa, Romero cae casi un punto porcentual en relación a la última medición realizada en febrero.
Sólo un intendente, Gustavo Martínez de Resistencia, la supera en imagen negativa con 59,2%. En cuanto a la imagen positiva, apenas se encuentra por encima del chaqueño y de Inés Brizuela y Doria, de La Rioja. Del otro lado de la tabla, entre los que gozan de mejor imagen, sobresalen: Leonardo Stellato (Posadas), Martín Llaryora (Córdoba), Jorge Jofré (Formosa) y Eduardo Tassano (Corrientes).
Las cosas no son muy distintas en la gestión provincial, si se toma como referencia a la misma consultora. El mandatario salteño es uno de los cinco gobernadores cuya imagen positiva no supera el 50%, ubicándose en el puesto 20 de 24. A diferencia de Romero, Sáenz tuvo un pequeñísimo repunte en relación a los valores de febrero, que arrojaron un 48,4% de imagen positiva.
De cualquier manera, si de imagen negativa se trata, los 45,3% recogidos por Sáenz apenas le permiten superar a: Mariano Arcioni (Chubut), Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe) y Alicia Kirchner (Santa Cruz). En el extremo de los mejor ponderados, aparecen: Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza), Oscar Ahuad (Misiones) y Sergio Ziliotto (La Pampa).
La realidad económica y social también horada la imagen del presidente Alberto Fernández y de su vice Cristina Fernández de Kirhner, con la interna que atraviesa la coalición de gobierno como agravante. La encuesta de opinión pública que elabora mensualmente la consultora Fixer reveló en abril que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner “atraviesa el peor momento en materia de expectativas desde que asumió”.
Mientras la inflación se consolida como la principal preocupación de los consultados -seguido más lejos por la corrupción y la inseguridad-, el distanciamiento entre el presidente y la vicepresidenta está generando un alto costo personal y político de cara a sus propios votantes.
El presidente Alberto Fernández sube dos puntos la negativa intramensual (de 61 a 63%) y baja 3 puntos su imagen positiva (de 27 a 24%). La caída se explica entre los votantes del oficialismo, donde se refleja una baja de 10 puntos (del 57% al 47%).
