Once policías llevan más de 12 años procesados por torturar e intentar inculpar a testigos del caso francesas. La activación de la causa podría dar un giro a uno de los crímenes más conmovedores de la historia salteña y terminar con el calvario del inocente Santos Clemente Vera. ¿Quiénes están detrás del freno a las investigaciones?

Nicolás Bignante

«Me pusieron un bolso en la cabeza y me pegaron. Después me desnudaron, me pusieron una bolsa en la cabeza. Me empezaron a pegar, pegar y pegar. Eran varios, escuchaba varias voces. Me tiraban agua y electricidad. Más golpes. Así pase toda la jornada».

De esa forma describía Gustavo Orlando Lasi los métodos de investigación de la policía de Salta durante el juicio por el asesinato de las francesas Houria Moumni y Cassandre Bouvier. Tal vez se trate del único fragmento verosímil de la declaración de quien fuera condenado en primera instancia a 30 años de prisión por el doble crimen. El resto de su testimonio estuvo orientado a involucrar cada vez más a los otros dos imputados: Daniel Vilte Laxi y Santos Clemente Vera.

A los relatos de los principales implicados se sumaron otros tantos de lugareños de San Lorenzo que padecieron en carne propia el modus operandi de la temeraria Brigada de Investigaciones: Golpes, amenazas, uso de electricidad, agua y bolsas en la cabeza (lo que se conoce como submarino seco). Todos los partícipes de aquellas fatídicas jornadas de mediados de 2011 coincidieron plenamente en este punto.

Los policías que formaron parte de la cuestionada etapa de instrucción, entre los que se encontraba el armador serial de causas, Walter Omar Ezequiel Mamaní, no sólo no fueron llevados a juicio hasta el día de hoy, sino que fueron condecorados y ascendidos. Quien ostentaba el cargo de ministro de Seguridad por entonces, Pablo Kosiner, llegó a calificar a la fuerza como «la mejor policía del país».

El avance de la causa contra los once uniformados procesados por torturar a testigos podría acortar la distancia con la verdad real del caso y, eventualmente, revertir la situación de Santos Clemente Vera, condenado a perpetua tras un fallo de la Sala III del Tribunal de Impugnación. Sin embargo, el proceso se encuentra actualmente paralizado, a la espera de la designación del tercer integrante de la Sala 1 del Tribunal de Juicio. ¿Qué hay detrás del estancamiento de las investigaciones?

Una investigación que vino mal parida

Durante la etapa de alegatos del juicio, el abogado Marcelo Arancibia, defensor de Daniel Octavio Vilte Laxi, manifestó que el juez de instrucción Martín Pérez hacía todo lo que le pedían los policías Rodrigo Emanuel Bautista y Walter Omar Ezequiel Mamaní.

Bautista fue quien detuvo a Gustavo Lasi y fue reconocido por éste como su torturador. Fue quien informó por escrito al juez que, cuando Gustavo Lasi era trasladado, “espontáneamente” incriminó a Santos Clemente Vera y a Daniel Vilte Laxi. En esta causa está probado que no existió tal declaración espontánea, en tanto Gustavo Lasi denunció las gravísimas torturas a las que fue sometido. Todo ello pudo constatarse en la etapa de juicio durante la declaración del subcomisario Rubén Aguirre.

A pesar de haber mediado violencia y de que no pueden haber declaraciones frente a policías, el informe del uniformado Bautista fue considerado válido y agregado al expediente. Este fue uno de los motivos por los cuales los jueces del Tribunal de Impugnación Rubén Arias Nallar y Luciano Martini condenaron a Santos Clemente Vera a pesar de que había sido sobreseído en primera instancia.

Los magistrados responsables de encarcelar al jardinero estaban en pleno conocimiento de las denuncias de Lasi contra los efectivos torturadores y, por ende, de la nulidad del informe remitido por Bautista. Esto es así porque se sabe que Martini accedió en junio de 2016 al expediente de la causa por apremios ilegales, donde se deja constancia que no existió tal incriminación «espontánea».

Pero Bautista fue también quien sugirió al juez pérez que el arma encontrada en la casa de Raúl Sarmiento coincidía con los casquetes hallados a simple vista en el mirador de San Lorenzo. Ambas pruebas -el arma y los casquetes- habían sido plantadas por Walter Omar Mamaní.

Los cartuchos, según se desprende de la declaración del oficial actualmente condenado por armar una causa contra un joven inocente, habían sido hallados uno a simple vista y el otro debajo de una hoja. Lo llamativo es que por el lugar habían pasado peritos, gendarmes, canes, detectores de metales y hasta el propio juez Pérez. Ninguno había visto nada.

En cuanto al arma encontrada en la casa de Sarmiento durante un allanamiento por robo, hubo testimonios que aseguran haber visto a miembros de la Brigada de Investigaciones realizar excavaciones previas en el patio. Fue su propio hijo, Luis Sarmiento, quien manifestó a los policías: “a esta arma la pusieron ustedes en el jardín, yo vi cuando estuvieron cavando y posteriormente llamaron a los testigos para que vengan a decir que al arma la habían encontrado allí”. El joven jamás pudo ratificar testimonio frente al tribunal. Fue asesinado de una puñalada a meses del inicio del juicio oral y público.

Un millón de amigos

Encontrar un fiscal dispuesto a actuar como acusador de Rodrigo Emanuel Bautista no ha sido una tarea sencilla. El subcomisario se desempeñó durante años asistiendo a los fiscales, por lo que fueron varios los que se inhibieron por manifiesta amistad con el o los acusados.

El Procurador General Pedro García Castiella se encuentra inhibido por haber actuado previamente como defensor de uno de los policías acusados. Posteriormente se asignó la causa al Fiscal Penal de Derechos Humanos, Gabriel González, pero este también se inhibió por estar emparentado con uno de los acusados.

El mismo derrotero tuvo la designación del Fiscal Penal N° 1, Nestor Molinatti, quien se excusó por relación de amistad con la co-defensora de Bautista, María Gabriela Arellano.

El Fiscal nº2, Ramiso Ramos Ossorio, hizo lo propio por tener una amistad con Rodrigo Emanuel Bautista, con quien integra equipo de trabajo. Tampoco llegó a cumplir funciones Horacio Guillermo Córdoba, fiscal N° 3, ya que mantiene una relación de amistad con los acusados.

Finalmente, se designa al Fiscal Penal de Cachi, quien afirma no tener especialidad en derechos humanos, sin perjuicio de lo cual quedó a cargo del ofrecimiento de pruebas para la acusación.

En cuanto a la conformación del tribunal, la Dra. Montoya, jueza del Tribunal de Juicio nº 2, se inhibió por amistad íntima con Bautista. Previamente lo había hecho el Dr. Angel Longarte del mismo Tribunal por haber presidido el juicio en el caso “francesas”. Es por eso que todas las miradas apuntan al concurso que designará al tercer magistrado que integrará el Tribunal 1. El proceso estará presidido nada menos que por Sandra Bonari, madre de Luciano Martini, quien revocó la sentencia absolutoria de Santos Clemente Vera y lo condenó a prisión perpetua. ¿Es posible pensar en una justicia real con tanta amistad entre jueces, fiscales y policías torturadores?

Buenos Muchachos

Las planillas prontuariales de los policías acusados exhiben los siguientes antecedentes:

-RUBEN ANGEL AGUIRRE: El 6 de marzo de 2015 fue condenado a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua por Apremios Ilegales y Torturas.

-ADRIAN JOSE QUIPILDOR: tiene antecedentes por violencia familiar, desobediencia judicial y lesiones culposas.

-FABIAN JOSE GUITIAN: registra antecedentes por Vejaciones.

-NESTOR ORLANDO CHILO: tiene antecedentes por apremios ilegales en 2003 y 2004, por lo que fue procesado por vejaciones. También registra antecedentes por desobediencia judicial, allanamiento ilegal, vejaciones y amenazas.

-OSVALDO RENE GUANCA: Tiene antecedentes por apremios ilegales.

-DIEGO OSCAR AGUIRRE GUANTAY:Tiene antecedentes por robo.

-MIGUEL BERNARDINO FLORRES: Tiene antecedentes por apremios ilegales.

-JUAN CARLOS PAZ: Tiene antecedentes por apremios ilegales calificados.

-CARLOS FERNANDO VILLAGRÁN GUERRERO: Tiene antecedentes por allanamiento ilegal.