El departamento de Anta es, junto al de San Martín, uno de los más afectados por la tala ilegal de árboles para la expansión de la frontera agrícola. Las inundaciones registradas en el corazón sojero de la provincia, ofrecen algo más que una interpretación netamente climática. (Nicolás Bignante)
El lógico espíritu solidario y la voluntariosa conmoción desencadenados tras las inundaciones en el este provincial, se asemejan a las manifestaciones altruistas que se expresan en contextos de desastres naturales. Campañas solidarias y colectas masivas se multiplicaron en toda la provincia inmediatamente después de conocida la situación. La obligatoria salvedad que hay que hacer en el caso de Apolinario Saravia y alrededores, es que de natural, el desastre tiene poco. De hecho, la intervención humana de los últimos 30 años en el departamento, puntualmente con la expansión del agronegocio, trajo consigo el deterioro ambiental y social cuyas consecuencias hoy padecen cientos de pobladores.
Todo esto queda evidenciado tras echar una mirada a los últimos 25 años de desmonte y actividad agropecuaria en el departamento que concentra los índices más altos de deforestación en la provincia junto a Gral. San Martín. En el período comprendido entre 1998 y 2017 se desmontaron en Salta casi un millón y medio de hectáreas de bosques nativos según datos oficiales. El área arrasada es el equivalente a las superficies de Jamaica y Cabo verde juntas, y se reparte entre el chaco salteño y el departamento de Anta.
El impacto en el ecosistema ha sido explicado hasta el hartazgo. Según el INTA, el bosque nativo absorbe tres veces más agua que el suelo destinado a la ganadería y diez veces más que el suelo destinado al cultivo de soja. Ambas actividades han desarrollado una expansión colosal desde finales de los 90’s a la fecha. El fenómeno se explica en parte por el boom del monocultivo y el precio de los commodities, pero mucho más por la connivencia de la clase política con el mundo empresarial.
La alianza taladora tiene sus orígenes mucho antes de la sanción de la Ley de Bosques -Año 2007-, pero sus principales acciones se sitúan a días del cambio de gobierno provincial. Por entonces, se debatía en el congreso la ley que regularía los desmontes en todo el país, pero su dilación permitió al, por entonces gobernador Juan Carlos Romero, autorizar el desmonte de 400.000 hectáreas —cinco veces más que lo autorizado en 2006—. El gobierno actual convalidaría las autorizaciones tras asumir en 2007 y diagramaría el mapa de ordenamiento territorial, sentando en la misma mesa al, por entonces senador provincial por Anta, Alfredo Olmedo.
Los hachazos continuaron a pesar de los pomposos anuncios. La presión de los terratenientes por recategorizar las áreas amarillas para dar luz verde a la tala indiscriminada, era fogoneada por sectores como la Sociedad Rural; quienes argumentaban que el ordenamiento territorial frenaba el desarrollo agroindustrial y anulaba la posibilidad de invertir en Salta.
Hoy, a pesar de la prohibición impuesta sobre 32 emprendimientos agrícolas, los desmontes continuaron como en los casos recientes de finca Cuchuy, La Peregrina o Los pozos. En el proceso de deforestación de aproximadamente 1300 hectáreas intervino, entre otras firmas, Inversiones Juramento S.A., de propiedad del banco Macro y con estrechos vínculos con el jefe de gabinete Fernando Yarade.
