Tras el escándalo del pasado miércoles en la última sesión del Concejo Deliberante, la ordenanza para la regulación de estructuras soporte de antenas deberá tratarse en 2019. A pesar del lobby y la presión empresarial, los vecinos impidieron la tergiversación del proyecto original consensuado por varios sectores. (Nicolás Bignante)
Las versiones cruzadas en torno al escándalo desatado durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante generaron un entrevero de acusaciones y pedidos de sanciones entre ediles. Aunque la jornada de debate prometía ser álgida y maratónica, dado el tenor de las ordenanzas a tratar —presupuesto, reforma tributaria, regulación de antenas, etc.—; los momentos de tensión y desorden registrados el miércoles pasado encuentran un principio de explicación en lo acontecido el viernes 30 de noviembre.
Durante la reunión de la comisión especial de antenas, presidida por la edil Mónica Torpe, se debatió y consensuó en torno al proyecto para la regulación de estructuras soporte de antenas elaborado por distintos sectores. Entre ellos, se encontraba el grupo Vecinos Autoconvocados de Salta; pero se incluyeron también sugerencias de empresas, profesionales de todas las áreas y hasta el propio ENACOM. Médicos oncólogos, ingenieros, exdirectores de empresas de telefonía y especialistas en comunicaciones llegaron a Salta para exponer sobre las implicancias de las radiaciones en la salud. Sin embargo, pocos fueron los ediles dispuestos a participar de tales charlas.
La mayoría de los bloques firmaron el dictamen durante la última reunión de comisión a excepción del Partido Obrero y Memoria y Movilización. Un detalle fue pasado por alto por todos los ediles: No hubo registro taquigráfico de lo deliberado aquel viernes. Los vecinos y concejales se dieron con la novedad el martes pasado cuando, sorpresivamente, advirtieron cambios sustanciales en la redacción del proyecto. Se cambiaron vocablos y categorías que modificaron el sentido de las oraciones y, por ende, el espíritu de la normativa. Como resultado se envió una ordenanza de similares características a la que pretendían imponer las empresas, a instancias de Alberto Castillo (PRO) y Mariano Suriani (ENACOM).
Entre las repentinas «modificaciones» al texto, se encontraba el artículo referido a los límites de radiación. En el proyecto enviado al recinto se había suplantado el término «inmisión de potencia» por «densidad de campo». La alteración es sustancial, ya que el primer concepto alude a la cantidad máxima de radiación que puede recibir una persona; el segundo, en tanto, hace referencia a la cantidad de micro-vatios que puede emitir cada una de las antenas ubicada en una estructura.
La ordenanza original, consensuada por diversos sectores, contemplaba la realización de controles conjuntos entre el ejecutivo municipal, la Universidad Nacional de Salta y ONG’s. Los mismos debían estar homologados y ser realizados por profesionales. No obstante, el proyecto remitido al recinto no preveía controles de emisión, sino simplemente de «estructuras», lo que no significaba ningún cambio respecto de la situación actual. El cuadro de sanciones establecido para aquellas empresas que no cumplan con la normativa, también fue alterado en su totalidad antes de la última sesión.
La suspensión del tratamiento del proyecto original sobre antenas, sumado al reclamo de otros sectores —también se hicieron presentes vecinos de diferentes barrios en reclamo de obras y representantes de permisionarios de estacionamiento medido— derivó en el escándalo del que sacaron provecho hasta los menos indicados para hacerlo.
