En Cafayate denuncian que un millonario emprendimiento vitivinícola avanzó sobre los márgenes del rio Loro Huasi, impidiendo el paso de pobladores y ocupando parte de una milenaria reserva arqueológica. Concentración, extranjerización de tierras y nexos con el poder político en los pagos del buen vino.
Nicolás Bignante
El avance del negocio vitivinícola y del cultivo de altura en el Valle Calchaquí es un fenómeno que se hace sentir desde hace décadas. En la mayoría de los casos, esto se da al amparo del poder político, cuyos intereses suelen complementarse y entremezclarse. En la tierra de la vid, dicen los que saben, poco margen queda para la pequeña industria y la producción a baja escala. Las grandes bodegas, además de acaparar casi la totalidad del negocio, avanzan en atribuciones propias del patronato de estancia; y no son pocos, para colmo, los representantes de la clase política que aspiran a diversificar su patrimonio ingresando en el apasionante mundo del fermento de uva.
Al igual que en Mendoza, donde el 75% del negocio está concentrado en cinco firmas ajenas al territorio y que forman parte de enormes conglomerados empresariales; en el Valle Calchaquí, cada bodega controla en promedio entre 80 y 100 viñedos según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Tal nivel de concentración conlleva siempre una cuota de poder que permite avances sobre los más elementales derechos de las comunidades.
Es el caso de Altos Terruños SRL, bodega cuyos terrenos se extienden en cuatro puntos del Norte Argentino, pero que el caso de Cafayate, avanzan incluso más allá de las líneas de ribera del río Loro Huasi. En 2014, a través de la resolución Nº 330/14, se oficializó la determinación de la línea para ese afluente y desde entonces, el Concejo Deliberante de Cafayate solicitó inspecciones a la secretaría de Recursos Hídricos en reiteradas oportunidades. Sucede que el emprendimiento del ingeniero agrónomo porteño Agustín Lanús y del estadounidense David W. Galland extendió sus alambres hasta las orillas del Loro Huasi, impidiendo el paso de pobladores y criadores locales, como así también de turistas y visitantes ocasionales.
El trazado perpendicular del alambrado, según denunciaron los habitantes de la zona, conecta con el margen superior del rio en cercanías de las ruinas de El Divisadero, algo expresamente prohibido por ley. La reforma del Código Civil, iniciada en el año 2012 y aprobada en octubre de 2014 como Ley Nacional Nº 26.994, establece en su artículo 1974 que el dueño de un inmueble colindante con la ribera de un río debe dejar libre una franja de terreno de quince metros de ancho, reduciendo en 20 metros la del previo artículo 2639. También manifiesta que todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios. A su vez, se define la línea de ribera como una sucesión de puntos que determinan las crecidas medias ordinarias, es decir, aquella que surja de promediar los máximos registrados en cada año durante los últimos cinco años.
Otras bodegas, como Amalaya o Domingo Hnos., tienen sus delimitaciones a 200 metros del cauce del río. Pero en el caso de Altos Terruños SRL, ocupan buena parte de la costa. «Lanús Prometió a las comunidades hacer una cancha de fútbol y la llegada de turistas. Tiene varias empresas en Molinos, Amaicha del Valle… todas vitivinícolas. Trabaja codo a codo con inversionistas extranjeros. Hoy, en esa zona, está todo delimitado con picadas y se ven las terrazas de cultivo», apuntó un habitante de la zona a Cuarto Poder.
En efecto, el ingeniero agrónomo Agustín Lanús preside desde 2018 la firma «LOCO LINDO SRL», cuyas operaciones en Cafayate abarcan una multiplicidad envidiable de rubros: explotación de franquicias gastronómicas nacionales e internacionales, servicios de hotelería, comercialización de productos regionales, distribución de comestibles, alquiler de salones, organización de eventos, rotisería, carnicería, cervecería, entre otras.
A su vez, constituyó la sociedad «ALTOS TERRUÑOS SRL», que tiene como objeto la compra, venta y alquiler de inmuebles y muebles, permuta, fraccionamiento, loteos, emprendimientos inmobiliarios, urbanizaciones, condominios, tasaciones, administración de inmuebles urbanos y rurales propios y/o de terceros.
Entre sus más recientes emprendimientos se encuentra también «Bad Brothers Wines Experience», un sofisticado salón de degustación para turistas emplazado en la ciudad de Cafayate a pasos de la plaza principal. Junto a Manuel Lanús, el norteamericano David W. Galland y el chileno Stefano Gandolini conforman el consorcio «Agustín Lanus Wines», que se define como «una Celebración de amistad, familia y una pasión compartida por hacer vino». Como si esto fuera poco, en 2015, firmó un contrato con la subsecretaría de financiamiento para llevar a cabo las tareas como Consultor Individual Director del: «Centro de Emprendedores Regionales – Cafayate», del Programa Mejora de la Gestión Municipal. Los costos de aquella designación corrieron por cuenta del ministerio de Economía.
«En la zona de los emprendimientos, los empresarios son allegados al poder, tienen muchas inversiones y la justicia se las acepta. En Cafayate no tenemos bancos de tierras, porque el empresario cuando invierte compra los terrenos, marcan la zona y avanzan con sus empresas», remarca la concejala por la UCR Patricia Castro. Desde el cuerpo que integra solicitaron una inspección a la secretaría de recursos hídricos, como así también a profesionales del área de Antropología de la UNSa; puesto que, en la tierra invadida, se registraron numerosos hallazgos de restos arqueológicos. «No está preservada la zona. Tampoco está delimitado qué tierras les corresponden a las comunidades Diaguita-calchaquí que habitan ese lugar. Allí hay reliquias. Han encontrado cementerios indígenas y más allá de eso han avanzado porque son tierras vírgenes», agrega Castro.
En su diálogo con Cuarto Poder, la edil rememoró dos antecedentes de similar naturaleza: la instalación de la planta fotovoltaica de Cafayate (proyecto que, asegura, no trajo ningún beneficio para los cafayateños y que supuso una importante destrucción de flora y fauna) y los incendios forestales de 2005, durante el gobierno de Juan Carlos Romero. Sobre este último hecho, Castro señaló: «En su momento, se produjeron incendios intencionales. Hubo gente que trabajó para apagarlos e incluso algunos de ellos se quemaron. Y de un día para el otro, apareció una estancia para los norteamericanos que habían comprado tierras. Hoy por hoy, en el valle, Romero cerró todo el camino de la ruta 40 hasta Tolombón. Son todos campos de él».
Al caso de Altos Terruños SRL se suman los de Finca Quara y Estancia Cafayate que también avanzaron sobre la línea de ribera del Loro Huasi, afectando a los vecinos de El Divisadero. «Pudiendo ingresar por ese lado, deben dar toda una vuelta porque está todo cerrado y hasta viñedos tienen a la orilla del río», remata Castro. Todos los pedidos de informe, sin embargo, quedaron anclados a la sombra del poder político. Los representantes departamentales en la legislatura provincial, tampoco parecen muy interesados en resolver el asunto.
En una entrevista con el portal «Vinos y Negocios», el empresario vitivinícola Diego Caselli, que lleva más de 15 años en el rubro, sentenció tajantemente que «el negocio del vino es un negocio de hipócritas. Son muy pocos los proyectos desarrollados por tipos que viven de lo que producen. Andá a una góndola de una vinoteca y fijate quienes son los que están detrás de cada etiqueta: fondos de inversión, corporaciones, extranjeros millonarios». La alusión de Caselli a una suerte de circulo vicioso, donde el sistema viene mal parido de origen, suma en el caso de Cafayate y el Valle Calchaquí un elemento adicional: la fusión de intereses entre el empresariado y el poder político.
