El Personal de Apoyo Universitario (PAU) fue uno de los claustros que le dio la espalda a Víctor Claros y su candidato Antonio Fernández Fernández. Revisamos aquí algunos factores que explican un desplante casi inédito. (Franco Hessling)

El Personal de Apoyo Universitario (PAU) de la UNSa ha sido víctima en los últimos años de una política de flexibilización laboral y recorte, ya que la gestión de Víctor Hugo Claros los consideró una variable de ahorro, provocando así que escaseen los concursos y que no se incremente la planta permanente.

En la actualidad la planta PAU tiene 552 cargos efectivos, los cuales se distribuyen en siete niveles. Del siete al uno se crea una grilla salarial creciente que va desde un sueldo básico por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil hasta el nivel uno, que son los cargos de directores generales, por ejemplo el director general de Obras y Servicios, quienes cobran más de 20 mil pesos.

La Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación (SPU) dispone financiamiento para 648 cargos PAU, es decir, hay un sobrante de 96 cargos por los que la UNSa recibe dinero, a pesar que no los emplea. Ante esta situación se da un ahorro por causas negativas, y es lo que le permitió a la gestión Claros darse licencias como la cena de fin de año de 2015, en la que se gastó medio millón de pesos. Pasando en limpio, el excanillita Claros utilizó el ahorro en cargos PAU para financiar su fastuoso transitar al frente de la universidad.

Ciertamente, la planta PAU es la que más rígida, sufre leves modificaciones de un año a otro, pero el desfinanciamiento a 96 puestos de trabajo que están presupuestados, es otro cantar. Asimismo, por esta misma política, se ha entorpecido la carrera de muchos PAU, los cuales deberían tener acceso a concursos que mejoren su nivel. En términos simples, cuando un PAU de nivel 4 se jubila, inmediatamente se debería convocar a concurso cerrado para que los de menor categoría puedan promocionarse.

Si así se hubiese hecho, la capacidad de ahorro de la hacienda rectoral se habría disminuido considerablemente, dejando a Claros y los suyos sin la posibilidad de una fiesta de fin de año en el salón Elegance, con barra libre, tres pistas, varios platos para degustar, y hasta una banda en vivo que anime la juerga. Hay prioridades.

Para poder despacharse con semejante jolgorio a fin de año, el buen raciocinio contable de Claros encontró sus técnicas de ahorro. El personal PAU sacrificó sus condiciones de trabajo, involuntariamente, para que el rector y sus allegados tuvieran las celebraciones que creían merecer. El superávit se generó usando plata que debía emplearse en nuevos cargos y congelando la carrera del personal de apoyo.

Esto último no es poca cosa, ya que trae otro tipo de efectos colaterales, como la extorsión política por medio de las horas extra, las mismas que son muy bien pagas en el sistema universitario, pero deben ser autorizadas por las autoridades centrales. Entonces, ante el congelamiento de sus carreras, los PAU aprovechan las horas extra para aumentar sus remuneraciones. Pero como la decisión para otorgarlas corre por cuenta de los gobernantes de la UNSa, éstos utilizan esa atribución para favorecer a los cercanos y perjudicar a los opositores.

Considerando que los 96 cargos financiados y no empleados serían todos de nivel 7, el ahorro treparía a poco más de un millón de pesos, es decir, dos suntuosas fiestas de fin de año con el sello “Claros Style”. Si acaso se suman también las cargas sociales y otros conceptos que se erogan en cada salario, la jugada ahorrista del rector alcanzaría réditos de hasta un millón y medio de pesos. Todo ello sin tener en consideración las jubilaciones de PAU con alto escalafón salarial, que no fueron concursadas nuevamente para re-categorizar a otros trabajadores.

Además de esta estrategia mal habida para ahorrar, fuentes cercanas al manejo de las finanzas del rector le afirmaron a Cuarto Poder que el rectorado tiene desde 2013 un plazo fijo de 50 millones en el Banco Patagonia. Serían partidas para sueldos, que en vez de usarse para convocar nuevos cargos y descomprimir las muchas responsabilidades de los trabajadores universitarias -docentes y PAU-, descansan en arcas bancarias.

Último intento

La última intención por parte de los PAU de arribar a un acuerdo con las autoridades de la UNSa, fue el año pasado en una mesa de negociación que se abrió entre representantes gremiales, por una parte, e institucionales, por la otra. Entre los primeros estuvieron Néstor Mendoza, Hugo Codina, Claudio Corregidor, Ramón Segovia y Oscar Lescano; los enviados de Claros, según consta en el acta del encuentro, fueron Carlos Puga, Adriana Ortín, Antonio Fernández Fernández, Miguel Nina y Edgardo Sham.

La reunión se celebró el 21 de septiembre pasado y tuvo el siguiente orden del día: 1) Solicitud de acuerdo paritario de la SPU, cobertura actual de cargos PAU, 2) Tratamiento de la propuesta gremial referida a la planta del Personal de Apoyo, y 3) Adicionales por riesgo: personal del servicio de automotores, personal del comedor y personal de laboratorio. Sobre tablas, ingresó otro punto: La representación gremial solicita la provisión de cargos no docenes para la Editorial Universitaria.

En el punto número 1, basándose en el acuerdo con la SPU, se aseguraba la disponibilidad de 60 cargos categoría 7, 11 cargos para los comedores universitarios y 4 cargos para el área de Higiene y Seguridad. Se ponía lugar y nivel para 75 de los 96 cargos excedentes con los que cuenta la UNSa. Además, sobre tablas, se solicitaba la incorporación de personal a la Editorial Universitaria (EUNSa).

EUNSa funciona desde hace varios años con un solo trabajador, que hace las veces de responsable del área, tanto como se encarga de las tareas operativas más ínfimas. Es un caso testigo de cómo la política de ahorro de Claros en cuanto a los cargos PAU afecta el normal desarrollo de las dependencias universitarias. En 2014, se publicaron 18 libros, todos con diseños diferentes y en formatos de impresión dispares. Esa falta de calidad responde exclusivamente a la carencia de personal abocado a las tareas de EUNSa.

Otra de las demandas de los PAU en aquel encuentro fue que la UNSa cumpla con la ley nacional 22.431 que estipula un “sistema de protección integral de los discapacitados”. En su artículo octavo, esa norma obliga a que “el Estado nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas del Estado, deben ocupar a personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal”.

La reunión concluyó con acuerdo entre las partes, que finalmente fue homologado mediante la resolución 491/15, sancionada por el Consejo Superior el 27 de Octubre. Sin embargo, según pudo constatar Cuarto Poder, las autoridades universitarias no avanzaron en implementar ninguno de los puntos acordados. Lo único que se cumplió es la liquidación de los adicionales por riesgo para el personal de automotores, del comedor y de los laboratorios.

Todo ello, sin mencionar que el tándem Claros-Fernández Fernández dejó sin baño a los PAU en el edificio central del Campus Castañares y en la planta baja de la Facultad de Ciencias Económicas. En ambas locaciones, los delirios megalómanos del faraón Víctor Hugo lo llevaron a convertir un baño de los empleados en un sanitario particular con vestidor privado incluido.

Pasan factura

El resultado de esta política de indiferencia fue que en las elecciones pasadas éste claustro le dio la espalda al clarismo, tanto a Claros mismo, que era candidato a decano de Económicas, como a su ahijado político para el rectorado, Antonio Fernández Fernández.

El total de PAU empadronados para votar fue 495, tomando en cuenta las facultades, el rectorado, las direcciones generales y las sedes. De ese total, asistieron a sufragar 462, los cuales se volcaron notoriamente por el proyecto de Catalina Builiubasich y Sergio Moreno, en detrimento de los claristas acérrimos, Antonio Fernández Fernández y Edgardo Sham, y de los claristas atemperados, Carlos Puga y Adriana Ortín.

La lista Universidad Futura, encabezada por la antropóloga, se alzó con 204 votos, relegando a su contrincante en la segunda vuelta del próximo miércoles, quien sólo atesoró 158 sufragios. El ingeniero Puga quedó enla tercera colocación con 90 votos, 20 obtenidos en Exactas -la facultad de la que es decano- y 17 en Naturales -donde gobierna su excompañera de fórmula, Adriana Ortín. Hubo 7 votos en blanco y 3 recurridos.

Si se avanza en el desglose de ese resultado, se encuentran algunas manifestaciones de repudio aún más claras contra el rector y sus aliados. Entre los PAU del rectorado, aquellos que tienen más cercanía con Claros, la ganadora fue la lista de Buliubasich-Moreno, aventajando por más de una decena al protegido de Víctor Hugo, Fernández Fernández. Si se revisa la cosecha en Económicas, facultad gobernada por el doble e idéntico apellido que tendrá como sucesor al actual rector Claros, los PAU dispensaron 15 votos a su decano y 13 a la lista de Universidad Futura.

El caso de Económicas es toda una novedad porque la lista Evolución, que no participará en la segunda vuelta por haber quedado en tercer lugar, obtuvo 5 votos PAU. Si esos sufragios en el balotaje se inclinan por Universidad Futura, entonces Fernández Fernández perdería en PAU en su propia facultad. De igual modo, si se compara la elección del candidato a rector con la de su compinche Víctor Claros, que ganó el decanato, Fernández Fernández salió ileso del repudio PAU a la política clarista. En la pugna por el decanato, Claros perdió ante Nicolás Innamoratto por 10 votos de diferencia. Sobre un total de 34 votos PAU, el actual rector se quedó sólo con 12, mientras que su rival obtuvo 22.

El rechazo de los PAU es inocultable. El oficialismo de Compromiso Académico y Social sólo obtuvo la victoria en dos facultades y por exiguo margen, en Económicas y en Salud, donde tuvo una luz de 4 votos más que sus competidores de Universidad Futura.