Desde el penal de Villa Las Rosas, el subcomisario Claudio Burgos escribió una carta a Mauricio Macri. Está acusado de la muerte de Gabriel Mura Ortiz durante un confuso operativo realizado en Barrio Sarmiento, en 2013.
La misiva está fechada el 17 de agosto de 2016, está dirigida al presidente de la nación y atravesada por posicionamientos propios de un gobierno nacional que asocia política de derechos humanas con negociados y se inclina a rever las causas que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad. No obstante ello, Cuarto Poder la reproduce íntegramente a pedido del propio involucrado que solicito que se visibilice su situación.
“Dios lo bendiga, Señor, y poniéndome firme ante usted me presento como el Subcomisario Claudio Burgos, de la Policía de Salta. Estoy preso hace casi tres años en una cárcel común por cumplir con mi deber y porque el Ministerio Público Fiscal se ensañó conmigo por negarme a acusar a un subalterno de un grave delito del que no fui testigo ni parte.
Antes que usted gane las elecciones, el negociado de los derechos humanos de algunos infiltrados inyectó en la idiosincrasia de la Justicia un desprecio por las fuerzas de seguridad, olvidándose, justamente, que la justicia es un derecho humano y no un argumento político. Tampoco parámetros estadísticos de buscar que nada quede impune aún sin probar, donde el imputado sí o sí debe ser el culpable.
Hoy, Señor Presidente, mis hijos aún me preguntan, cuando lloran en las visitas en este purgatorio terrenal que es la cárcel: ‘Papá, ¿por qué trabajas de policía?’. Yo les respondo: ‘Trabajé para vivir, y de policía para tener algo porqué vivir. Porque amo este uniforme aún sabien que en mi país, cuando comenzamos a vestirlo, también comenzamos a perder nuestros derechos”.
Usted nos prometió un cambio, que hay que prepararse para un mundo mejor, pero hay que hacerlo hoy. Y si no se trabaja en equipo, nada existe, debemos estar unidos. Cuando las Instituciones se unan en bien de la Patria descubrirán que todo se puede alcanzar, todo puede ser, que podemos vencer el delito y ser un país mejor.
Hoy el policía es un profesional. Muchos tenemos títulos superiores y universitarios y se puede discernir en una investigación con el fiscal. Y acá, el fiscal sabio se volverá más sabio aún, pero el fiscal necio se transforma en el enemigo del policía moderno.
Señor Presidente de mi Patria, en posición de firme me permito expresarle, Señor, que los policías somos subordinados pero no se debe confundir con ser ignorantes. Una cosa es someterse al Estado y estar dispuesto a dar la vida por la sociedad, y otra muy distinta es descubrir que también somos humanos con principios. Y si no pedimos por nuestros derechos, ¿cómo vamos a cuidar los derechos de los demás? Que el Estado nos ampare para que no haya necesidad de pedir ayuda y abocarnos solamente a ayudar.
Ser subordinado es tener la fortaleza de dejarse conducir para cumplir con nuestro deseo de ayudar al otro. Pero no somos ignorantes ni números sin derechos para que la Justicia se abuse de nuestro sometimiento y justifique sus errores a costa de nuestras vidas. No hay peor Justicia que la injusticia disfrazada de justicia.
Pido lo que es justo y no busco insubordinación ni venganza. Eso no lo aprueba Dios. Porque el peor castigo a los que obran mal no es hacerles el mal, sino demostrarles cómo se hace el bien. Por ello, Señor Presidente, le pido perdón por mi atrevimiento, pero vivo en una cárcel dentro de otra cárcel. Y es tan grande mi dolor, que hubiese preferido ser abatido antes de ver el sufrimiento en mis padres, en mi esposa, y las lágrimas de mis hijos.
Y con la bendición de Dios le suplico que escuche mi voz, que no es más que la voz de miles de policías argentinos que aún esperan un cambio. Somos sus soldados de paz, no delincuentes, a quienes se nos enseña a callar y obedecer. Pero muchos policías mueren en cumplimiento del deber, pero muchos otros también estamos muriendo ahogados en nuestro propio silencio”.
El caso
El sábado 16 de noviembre de 2013, una patrulla de motoristas comandada por Burgos ingresó al Barrio Sarmiento durante una persecución que involucraba a motochorros. El desenlace de ese operativo fue fatal. Una persona, Gabriel Mura Ortiz, fue muerto por una bala policial. Burgos y otros tres efectivos terminaron presos.
Según la familia de la víctima, el operativo policial fue realizado con premeditación y alevosía. Por motivos que aún no están claros, los policías se enfrentaron con un grupo de vecinos y terminaron ultimando a quemarropa al malogrado.
Burgos aseguró que el enfrentamiento fue inevitable porque los vecinos emboscaron a la policía cuando intentaron detener a los “motochorros” y negó que haya habido tal combate personal. Mura Ortiz murió por un disparo letal de arma policial pero Burgos estaba desarmado. Según su testimonio estaba dotado sólo de un arma “marcadora”, similar a las pistolas de paintball.
Aquel operativo fue protagonizado por 12 efectivos movilizados en 6 motocicletas. Burgos y su segundo, el oficial César Carmelo Figueroa, portaban armas de pintura; el oficial Carlos Alberto Arias y el cabo Fernando Martín Cruz, escopetas; y el resto las reglamentarias pistolas 9 milímetros.
Desde un primer momento, sin embargo, la fiscal Gabriela Buabse apuntó a Burgos como el responsable del disparo fatal. Según la defensa del efectivo las pericias realizadas durante la investigación demuestran lo contrario y la acusación sólo se sostiene de testimonios de los vecinos. De cualquier manera, el policía está encerrado.
“Yo pedí la recusación de la fiscal porque no está cumpliendo su deber, que es investigar la totalidad del hecho y no sólo lo que ella cree”, aseguraba en 2014 el abogado Pedro García Castiella, y remarcaba que “la fiscal sólo peritó ocho armas sobre unas 35 que debieron ser analizadas”. El letrado denunciaba prejuzgamiento por parte de Buabse y una reducción de la investigación para perjudicar a su defendido.
Burgos está alojado en un reducido pabellón para miembros de las fuerzas de seguridad donde, según cuenta su esposa, es víctima “de un trato denigrante por parte del personal del Servicio Penitenciario por su condición de Jefe Policial”. “Cada vez que se realiza una requisa es desnudado y se le infieren insultos y movimientos físicos, burlándose siempre de la jerarquía policial” relata la mujer y comenta también que “cada vez que debe ser trasladado se lo ingresa al último, cuando el carro está lleno de presos, y se avisa a viva voz: hay va el jefecito de Policía”. En algunas oportunidades, inmovilizado en ambas manos compartió traslado con otros internos que sólo llevaban una mano esposada y aprovecharon la oportunidad para agredirlo.
García Castiella también aseguraba que no existían antecedentes en la historia policial de la provincia en la que un policía sin condena haya sido alojado en Villa Las Rosas “donde no existen ni las mínimas garantías para su seguridad”. Esta falta de garantías excede a Burgos y alcanza a la totalidad de la población carcelaria.
