Desde tiempos de Miguel Isa, los beneficios para la empresa que monopoliza el servicio de higiene urbana contrastan con las denuncias por contaminación y la ausencia de un plan ambiental más eficiente y menos costoso. Novedades en la causa judicial. (Milcíades)
El martes de esta semana tuvo lugar la segunda audiencia pública en el marco del amparo “Franco, Jorgelina del Carmen vs. Municipalidad de Salta, Agrotécnica Fueguina SACIF, Secretaría de Medio Ambiente y otros”. La instancia se llevó adelante en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial y fue solicitada por el Juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez. Participaron representantes de la Municipalidad de la ciudad, de la Secretaría de Recursos Hídricos, especialistas y vecinos de los barrios que lindan con el vertedero San Javier.
El amparo, promovido en agosto del año pasado por la vecina Jorgelina Franco del barrio Solidaridad, denuncia la contaminación provocada por el vertedero local en los barrios aledaños. En el proceso judicial que se lleva a cabo se investigan las causas de este problema ambiental y las responsabilidades correspondientes a la empresa prestataria del servicio público de recolección y procesamiento de residuos, Agrotécnica Fueguina. Asimismo, la Municipalidad y el convenio rubricado con la empresa se encuentran en el ojo de la tormenta, ante todo por una posible defraudación al erario público y una importante flexibilidad en los controles necesarios al ente privado.
La gravedad del asunto resulta inocultable. El juez Domínguez estableció en la audiencia un tiempo límite hasta el viernes 6 de julio para que las partes realicen peticiones, y dejó en suspenso la posibilidad de una inspección ocular en el lugar.En la audiencia se ha colado también la investigación para conocer si el vertedero es o no fuente de contaminación del río Arenales. Si bien esta indagación corre a cuentas de otro amparo, presentado por vecinos de los barrios Ceferino, Santa Cecilia, 13 de Abril, Solidaridad, Democracia, Villa Lavalle, 20 de Junio, Angelita, San Juan de Dios, Gauchito Gil, entre otros, es lógicamente inevitable que se establezcan relaciones. En tanto el problema ambiental resulta complejo, este otro aspecto afecta no sólo a los habitantes de los barrios capitalinos ubicados en las cercanías del relleno sanitario, sino a quienes habitan en la cuenca del afluente, como las localidades de Coronel Moldes y Cerrillos.
Ayer, último día de ese plazo, Franco y los vecinos hicieron una nueva intervención. “Presenté un pedido de medida cautelar contra la empresa y la Municipalidad, teniendo en cuenta que han pasado seis meses desde la primera audiencia (16 de enero) y la empresa no presentó informe de impacto ambiental ni contrató seguros, cosas básicas”, le dijo a Cuarto Poder el patrocinador de los amparistas, Luis Segovia, quien añadió que Domínguez debería ponerle plazo a la empresa para que cumplimente ese y otros aspectos.
La audiencia
En enero de este año tuvo lugar la primera audiencia pública en el marco del amparo de Jorgelina Franco. En aquella ocasión el juez, Marcelo Domínguez, luego de escuchar a las diferentes partes, dio curso a la cautelar solicitada por el abogado de la vecina del barrio Solidaridad, Segovia. Fechada el 26 de febrero, la misma estableció que la empresa debía contratar de inmediato el Seguro Ambiental Obligatorio. Este martes, cuando abrió su exposición el letrado, el primer punto sobre el que llamó la atención fue el incumplimiento parcial de esta orden judicial por parte de Agrotécnica Fueguina.
También recordó que “(…) tras la cautelar se le han impuesto una serie de obligaciones a la empresa (…)”, tales como revelar información de todos los meses respecto de las diferentes mediciones y registros que se realicen para conocer “los resultados del control de báscula de ingreso y egreso de los camiones proveedores, cantidad de líquidos lixiviados diarios, calidad de agua subterránea y superficial, drenaje de pluviales, direcciones de flujo de agua, volumen de personal de vigilancia diario, informe sobre fumigación de plagas, periodicidad de origen y cobertura de residuos” en el vertedero.
Pero las obligaciones ordenadas por la justicia para la empresa no terminan aquí. Segovia también destacó que no se puede explayar más el tiempo de espera para conocer la situación del estudio de impacto ambiental del basurero municipal. Ya en febrero el abogado afirmaba que “(…) Agrotécnica Fueguina no cumple con el proceso de impacto ambiental para tratamiento de residuos en el módulo 1 de San Javier (…)” (el vertedero cuenta con por lo menos con 3 módulos, o anillos, donde se depositan las casi 800 toneladas diarias de residuos, NdR). “(…) Faltan normas básicas. Estado del trámite del examen de impacto ambiental y social que la empresa a través de todo su equipo de abogados ha planteado que empezó en el año 2016, pero que a la fecha no devela en qué estado se encuentra todo ese proceso (…)”.
Por su parte, una de las vecinas del barrio Justicia, que se encuentra a unos 500 metros del vertedero, compareció ante el juez Domínguez para explicar cómo viven entre olores nauseabundos, roedores, cucarachas y basura que literalmente llueve sobre la barriada cuando corren vientos fuertes. “Cuando corre viento y se levanta la tierra, es cuando se enferman los chicos con afecciones en la piel, con hongos en el cuero cabelludo, y los médicos nos dicen que es por la misma tierra que se encuentra contaminada”.
Hugo Rodríguez, extrabajador de Obras Sanitarias de Salta y exencargado de realizar inspecciones en el relleno sanitario, también hizo uso de la palabra. “La evaporación de los líquidos lixiviados hace que la contaminación esté en el aire, por eso no alcanza con lavarse las manos”, señaló Rodríguez y remarcó además que el cambio de carácter público a privado de los servicios —su traspaso a manos privadas— implicó una seria deficiencia en la aplicación de los controles correspondientes. Esta falta de control por parte del Ente Regulador, Aguas de Salta en su momento y Aguas del Norte, como también por parte de la Municipalidad, explicarían en gran medida la situación de emergencia ambiental en la que ha derivado el funcionamiento del vertedero.
No acusan recibo
Por otro lado, representantes de la empresa y de la Municipalidad a lo largo de sus intervenciones buscaron deslindar responsabilidades directas en la contaminación provocada por el vertedero. En primer lugar, explicaron que desde el San Javier no se estarían filtrando líquidos lixiviados ni hacía el río Arenales, ni hacia las napas de agua. Según citaron los representantes oficiales, el líquido captado en piletones disminuye su volumen a partir de la evaporación, mientras que el suelo arcilloso del lugar evita la filtración general de los líquidos.
Mientras tanto, Normando Zúñiga, subsecretario de Servicios Públicos —funcionario político que pervive desde tiempos de Miguel Isa—, fue el encargado de explicar algunos de los proyectos que la Municipalidad estaría llevando adelante para “amortiguar” los efectos de la contaminación. Entre otras medidas, el funcionario destacó un plan para forestar el perímetro del vertedero, buscando así crear la zona arbórea que correspondería por ley. Asimismo, señaló un segundo plan de “amortiguamiento” consistente en la urbanización parcial de los barrios lindantes.
La respuesta de la Municipalidad resulta contradictoria, ya que por un lado niega el peligro ambiental, pero al mismo tiempo intenta subsanar la situación mediante medidas parciales. Esta conducta del Ejecutivo citadino ha sido cuestionada innumerable cantidad de veces, ya que según se desprende a simple vista, la empresa prestataria del servicio termina por evitar numerosas tareas que deberían ser de su responsabilidad. ¿Cuál es el fin entonces de la licitación a un privado si se supone que éste puede realizar mejor que el Estado las tareas asignadas?
La respuesta de la Municipalidad resulta contradictoria, ya que por un lado niega el peligro ambiental, pero al mismo tiempo intenta subsanar la situación mediante medidas parciales.
“Desde 2010 se realizan los análisis de unos pozos que se encuentran en el terreno del vertedero San Javier, donde se extraen muestras para análisis de las diferentes napas de agua que están a no más de 10 metros del mismo relleno, para controlar si se encuentran contaminadas”, señaló Zúñiga para argumentar el origen de las muestras que darían cuenta de la ausencia de contaminación. A su vez, el Jefe de Gabinete Municipal, Luís María García Salado, señaló en un matutino que “los estudios presentados por Ambiente municipal y comparados con los de la empresa Agrotécnica Fueguina indican que no hay filtraciones ni derrames de lixiviado sobre el cauce natural”. Llamativamente, las pruebas científicas con las que contaría tanto Agrotécnica Fueguina como la Municipalidad para negar la contaminación de las napas y el río Arenales, habrían sido realizadas en los mismos laboratorios, del Grupo Induser.
Estos datos presentados por el municipio chocaron de frente con los aportados por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, que dieron cuenta de los resultados arrojados por un contrato para el análisis de la presencia de metales pesados en el río Arenales. “Los estudios indican la presencia de nitritos, cobre y zinc en el río”, afirmaron los especialistas. Vale recordar que durante marzo de este año el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) emitió un informe tras una investigación sobre diferentes puntos del río Arenales, entre los cuales se encuentra la zona lindante con el vertedero y la planta depuradora de Aguas del Norte. Dicho informe se destacó por la cifra alarmante que presentó respecto a la cantidad tanto de bacterias como de metales pesados que contaminan el agua superficial, la tierra y las napas subterráneas.
Por último, el municipio reconoció la inminente finalización de la vida útil de la “trinchera 1” o “módulo 1” del vertedero. Esto implica la necesidad de abrir otra trinchera para el depósito de los residuos (n°4), y para ello, una vez más, como señaló el abogado Segovia, es necesario que se realicen las investigaciones y análisis ambientales correspondientes para abrir el nuevo sumidero en un lugar adecuado, buscando disminuir lo máximo posible el radio de alcance de los efectos lógicos de contaminación de cualquier vertedero tradicional. Este planteo abrió una nueva disyuntiva para la Municipalidad, ya que según los especialistas para cumplir esta tarea es necesaria una “geomembrana”, elemento cuyo valor oscila los 24 millones de pesos. Otra vez la pregunta: ¿debe hacerse cargo el municipio a través de un crédito solicitado a la Nación? ¿Por qué Agrotécnica Fueguina es incapaz de garantizar estas medidas básicas para el tratamiento de residuos?
