Comenzó esta semana el juicio que tendrá en el banquillo a altos mandos de AFIP por coimas millonarias a empresarios. Entre los imputados está el apoderado de Grinfil, Nicolás Fili, quien además acumula varias denuncias por estafas inmobiliarias.

El ex-director regional de AFIP, Rafael Resnik Brenner, junto a quien sería su mano derecha, Nicolás Antonio Fili, están siendo juzgados por el delito de defraudación a la administración pública en concurso real con el delito de concusión. A ambos se los acusa de haber cobrado coimas millonarias a empresarios entre 2012 y 2015.

También están siendo juzgados Pablo Haddad y Federico Guijarro Jiménez. Ambos por los delitos de cohecho activo y fraude en perjuicio de la administración pública en concurso real. El tribunal está integrado por los jueces Domingo Batule, Federico Díaz y Marta Snopek, mientras que el fiscal es Carlos Martin Amad.

El abogado Nicolás Fili llega al juicio salpicado por una serie de denuncias presentadas en su contra por su condición de apoderado de la empresa Grinfil. La firma dedicada a los desarrollos inmobiliarios tiene en su haber una serie de hechos que van desde el plagio de los planos de un edificio a la conformación de un fideicomiso irregular para la construcción de departamentos.

Coimeros y coimeados

En noviembre de 2018, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a Rafael Resnick Brenner y a Nicolás Antonio Fili, dos ex altos funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por su presunta participación en hechos vinculados con la concesión de beneficios -a través de resoluciones favorables-, a distintos contribuyentes a cambio de importantes sumas de dinero.

La investigación comenzó a partir de la denuncia que radicó el reemplazante de Resnick Brenner como director regional de la AFIP en Salta, Guillermo Oro; como así también, debido a los indicios que surgieron de las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia en otro expediente penal.

Oro denunció a Resnick Brenner tras recibir el reclamo de un contribuyente, Freddy Rosario Tejerina, quien afirmó que el exdirector regional de la AFIP en Salta recurrió a Fili para pedirle $ 1,5 millón a mediados de 2015 a cambio de solucionar los problemas fiscales de sus empresas.

Según consta en actas de AFIP, Tejerina aceptó ese pedido de coima, pero pidió pagarla en cuotas. Por eso cumplió con los dos primeros pagos de $500.000 en agosto y noviembre de 2015, lo que provocó que el organismo no le enviara más requerimientos y levantara el bloqueo tributario de una de sus empresas.

Sin embargo, Tejerina no efectivizó el último pago de la coima porque Fili le comunicó en febrero de 2016 que Resnick Brenner había dejado de ser el director regional de la AFIP en Salta y «ya no podía ofrecer protección», por lo que el empresario se presentó ante las nuevas autoridades regionales para contarles lo ocurrido.

Según reconstruyó la investigación judicial, Resnick Brenner habría repetido la maniobra delictiva que denunció Tejerina con el empresario Pablo Haddad y su contador, Guijarro Jiménez, quienes también recurrieron a Fili como nexo para pagar una coima por $ 1,2 millones en septiembre de 2015 a cambio de «arreglar» los problemas fiscales de la Minera Santa Rita. Y así fue, según remarcó la Cámara Federal.

Otro de los que denunció a los funcionarios de AFIP fue el finquero francés Paul Vuillermet, propieitario de una finca en Aguaray. Al él le pidieron $ 1 millón «para solucionar la causa iniciada en su contra por el delito de trata de personas» en el Juzgado federal a cargo del entonces juez Raúl Reynoso, quien terminaría condenado a 13 años de prisión por favorecer con sus fallos a narcotraficantes detenidos.

A ellos se suman también, otros dos empresarios: Guillermo Lavín y Juan Cantero. El primero afirmó que Resnick Brenner, Fili y Marcelo Herrera le ofrecieron constituir «una empresa que sería beneficiada con créditos fiscales y una actuación libre de controles e inspecciones de AFIP». El segundo contó que desde la Regional Salta le inventaron una deuda por $4,5 millones para después sugerirle «que podían arreglar para achicar el monto».

Un tipo conocido

En marzo de 2021, Cuarto Poder sacó a la luz una serie de denuncias contra la desarrolladora y constructora Grinfil, cuyo apoderado es Nicolás Fili. La desarrolladora llevó adelante la construcción de una serie de edificios entre los cuales se encuentran dos sedes del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta, una ubicada en calle Alvear 578, la otra en Belgrano 1215. A ellas se suman otros emprendimientos destinados a viviendas particulares ubicados en: Leguizamón 515, Arenales 249 y un tercero en Los Almendros y Las Margaritas (Tres Cerritos).

Todos los proyectos fueron aprobados. Algunos se concretaron y otros se encuentran en construcción, pero por ninguno de los cinco se abonaron los honorarios correspondientes al diseño y dirección de proyectos. Todos ellos fueron encomendados al mismo profesional a quien, al día de hoy, la empresa debe alrededor de $7,5 millones.
Los cinco edificios se encuentran embargados, aunque esto no fue impedimento para que GRINFIL DESARROLLOS siguiera con los trabajos de construcción. Tampoco se informó esta situación a los particulares que compraron los departamentos, convirtiéndolos en responsables solidarios de la estafa.

Como si fuera poco, algunos de los proyectos denunciados siguieron su curso con planos presentados a nombre de otros arquitectos, constituyendo un plagio explícito de los diseños originales.
Otros testimonios recogidos por este medio dan cuenta de que Grinfil estafó a un importante número de clientes a través de la polémica modalidad de fideicomiso en pozo. Uno de los edificios de la firma construidos bajo esta forma es el edificio Dean Funes Swites, ubicado en pleno centro.

En los archivos recolectados por fuentes consultadas por este medio figuran pagos en negro que alcanzan el 30% del precio de las unidades. A valores de 2015, esta cifra llegaba a los $450 mil o en su defecto, 30 mil dólares. En los contratos sólo se asentaba el 70% del valor de los departamentos.
Actualmente, de las 58 unidades que conforman Dean Funes Swites, alrededor de cinco son utilizadas íntegramente como módulos habitacionales. El resto funciona bajo la modalidad de alquiler temporario. Esto es así pese a que, al momento de conformar el fideicomiso, los 58 fiduciantes firmaron -a modo de declaración jurada- que el destino de las unidades sería el de vivienda familiar.