En diciembre de 2021, el Presidente acordó con ATE y UPCN el descuento del 0,5% del salario de quienes no están afiliados para destinarlos, supuestamente, a capacitaciones. Afecta a más de 50.000 empleados públicos en todo el país. El abogado Nicolás Maggio busca revertir esta situación, desde Salta, para todo el país.

L.S.

El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, el gobierno nacional acordó con ATE y UPCN que se realice un “Aporte extra solidario” a quienes no pertenecen a esos gremios.

El acta especificaba que la iniciativa obedecía a un pedido de los dirigentes gremiales. “Atento la solicitud realizada por las entidades sindicales signatarias del CCTG [Convenio Colectivo de Trabajo General], se establece un aporte extraordinario solidario para los trabajadores permanentes y no permanentes comprendidos en el CCTG para la Administración Pública Nacional homologado por decreto 214, consistente en el cero coma cinco por ciento (0,5%) de la remuneración bruta mensual, normal, habitual y permanente a partir del 01/01/2022 y durante la vigencia del presente período paritario del acuerdo suscripto en fecha 26/05/2021″, indica el texto, firmado por funcionarios de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía y representantes de ATE y UPCN.

El Consejo Nacional Directivo de ATE hasta celebró en su página web con lenguaje inclusivo. “Crecemos entre todes: el aporte solidario de les trabajadores se utilizará para iniciativas de capacitación y distintas acciones sociales”, anunció ese día.

Debía aplicarse en marzo. Como no sabían cómo implementarlo, recién lo hicieron en abril retroactivo descontándoles el doble a 50.000 trabajadores de todo el país. Algunos tardaron semanas y hasta meses en darse cuenta que en su recibo de sueldo figuraba un descuento: sin que nadie se lo haya consultado, pasaron a aportar un 0,5% de su salario a los gremios estatales UPCN y ATE.

El secretario general de ATE, Hugo «Cachorro» Godoy trató de defender la indefendible medida: “No es un robo a mano armada. Entendemos que puede haber enojo en aquellas personas que deciden no aportar a ámbitos colectivos, pero para nosotros lo colectivo predomina por sobre lo individual y eso permite conseguir nuevos derechos», dijo. «El nuestro es un aporte por administración de convenio. Cuando el sindicato actúa, lo hace representando a todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción entre afiliados y no afiliados. Muestra cabal de ello fue la lucha que dimos por los despidos masivos y las reincorporaciones», acotó.

Por suerte, desde Salta se busca revertir este manotazo salarial.

El abogado Nicolás Maggio realizó en Salta un planteo de inconstitucionalidad de la medida ante el juzgado Federal 2, a cargo de la jueza subrogante .Jiménez.

«Hemos hecho un planteo de inconstitucionalidad porque la retención de estos porcentuales es inconstitucional, atenta contra el artículo 14 bis de la libertad de afiliación del trabajador a cualquier sindicato a cualquier gremio», explicó a CUARTO PODER.

Y acotó: «Además están haciendo esto introspectiva y unilateralmente, o sea, el Estado nacional decide afiliarlos o adherirlos a este bono o aporte solidario (según ellos mismos lo denominaron), entonces claramente esta situación es inconstitucional por el artículo 14 bis y también porque atenta contra la propiedad privada: nadie puede disponer de algo que no es suyo».

Hasta el momento, la jueza acotó la acción a los firmantes, que son más de 300, de los 50.000 afectados. La magistrada no se jugó a hacerlo colectivo.

El letrado explicó, asimismo, que es importante entender que a los trabajadores que se le está descontando son más de 50.000 en todo el país, principalmente pertenecientes a INTA y CONICET, dada una particularidad: en estos dos entes es donde menos afiliados hay a los gremios porque al ser especializado el personal que se desempeña en INTA y en CONICET tienen la decisión de no afiliarse porque no se sienten representado por ningún gremio.

«La medida tomada no solamente va en contra de los trabajadores especializados también va contra los administrativos, afecta a todos los trabajadores del Inta y algunos tienen sueldos muy bajos y ese es uno de los motivos por los cuales no se sienten representados por estos gremios», dijo Maggio.

«Por eso nosotros estamos atacando esta decisión del Ejecutivo Nacional y estamos esperando de que la jueza resuelva la medida cautelar, que hemos planteado, básicamente es que restituya los fondos retenidos y que cese con la retención indebida de ahora para adelante», finalizó.