Hay polémica en torno al esquema de trabajo de la U.N.Sa en materia de Derechos Humanos. Acciones dispersas, voluntarismo y baches, muestran ausencia de vocación y medidas que muestren una real consonancia con el gobierno nacional en este sentido. Eusebio Marai
El Consejo Superior, constituyó la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad mediante Resolución C.S. Nº 077/93, y la reconstituyó por resolución C.S. Nº 418/98. Su objetivo era promover y defender estos derechos, “sin importar su raza, género, ideología, religión o nacionalidad, asegurando en su seno la más amplia libertad de expresión”. Allí se invitaba a los gremios APUNSa y ADIUNSa a designar sus delegados.
Con la misma fecha y también bajo la modalidad ad referéndum, el Expte. N° 347/93 se designaba al secretario del Consejo Superior, Claudio Román Maza, como Coordinador de la comisión para facilitar las actuaciones. Allí se esboza la necesidad de continuar con el trabajo de defensa de los Derechos Humanos e indica que “es necesario constituir la nueva comisión e invitar a participar de la misma a todos los interesados de la comunidad universitaria”.
Sin embargo, dos años después, en mayo de 2012 una nota dirigida al Secretario-coordinador Claudio Maza por integrantes de aquella comisión manifestaba preocupación porque ante el cambio de gestión, no se había constituido la nueva Comisión de Derechos Humanos. A su vez, solicitaba información acerca del estado de la participación institucional en el juicio por los desaparecidos de la Universidad.
“Nunca contestaron” señaló una de las integrantes de la comisión, Norma Naharro. “Fuimos dejados de lado sin ninguna explicación y justificativo. Masa nos llamó en ese momento y nos dijo que nos iba a convocar pero eso no ocurrió” indicó la docente.
Hasta ese momento, la comisión había hecho una investigación sobre los desaparecidos de la dictadura, una publicación con una pequeña biografía de cada uno, un expediente con la quema de libros y “se encargaba de ver las violaciones en el interior de la universidad, por ejemplo ante casos de discriminación por diversidad sexual” en general, bajo la modalidad de intermediación.
“No fue una comisión que tuviese una estructura orgánica, que funcionara siempre” indicó Ana Simesen, Directora de la Maestría y Especialización en DDHH pero dijo que desde que asumió Claros, la única acción fue la incorporación de Lucio Yazlle, por resolución ad referéndum 622/10.
Cantidad, calidad y continuidad
No hay programa o política en materia de DDHH, “No hay ninguna que yo perciba” dijo Simesen. “Hay segmentos de gente que lucha por los DDHH, existe la comisión de la Mujer, que instaló el tema, en la cuestión de pueblos originarios tuvo mucho que ver la carrera de Antropología, con participaciones concretas, como el conflicto por los Lotes 32 y 33 de General Pizarro, se elaboró un informe, se presentó u recurso y está en la Corte: eso sí fue muy fuerte, creo que ninguna universidad del país tuvo ese rol”.
En materia de accesibilidad e inclusión, existe la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad (CIPeD), que trabaja en el ámbito de la casa de estudios y acompaña en estos días la Jornada Autonomía Personal de las personas con discapacidad como herramienta para una participación social efectiva. Los esfuerzos son sostenidos con determinación, principalmente, por una referente, Cecilia Gramajo.
La docente cuenta que la comisión para elaborar un proyecto de ley sobre minería se disolvió durante en la actual gestión. “No hay un espacio para una política verdadera e integral en DDHH con todo el espectro que significa: pueblos originarios, pobreza, desmontes, violencia de género. La universidad no se pronuncia sobre temas candentes” como podría ser el nuevo Código Procesal Penal.
Las acciones y omisiones educan y son parte de una política. El dejar hacer en términos culturales desfavorece el desarrollo de derechos. “Hay mucha ignorancia, se reproducen conductas patriarcales en todas las prácticas, se siguen haciendo chistecitos sobre mujeres, es la norma. Tienen esa concepción, creo, de que la universidad tiene que ocuparse de las cuestiones académicas y nada más, sin entender que hay un ámbito académico y un ámbito de decisión e implementación política” manifestó la directora de la maestría.
Otro ejemplo es la falta de apoyo a problemáticas de diversidad sexual como cuando el Consejo Superior trató el tema de la identidad autopercibida y había una postura de rechazo a la problemática o cuando el propio rector se negó a firmar la resolución de apoyo a la Ley De Matrimonio Igualitario.
Claros, en el programa televisivo Ser Universitario, emitido a las dos de la madrugada habló de sus proyecciones para el 2014, de la continuidad de su política de “inclusión social” con la apertura de nuevas carreras en el interior. “El rector cree que favorecer la creación de carreras en las sedes, como manifestó en relación a la problemática de las drogas, es ocuparse de cuestiones sociales”. Para la profesora Simesen hay un desconocimiento del paradigma de DDHH.
Juicios de lesa humanidad
Esta semana la camarista Marta Liliana Snopek, integrante del Tribunal Oral Federal de Salta comunicó que no asistiría por razones de salud a la audiencia en la que estaba prevista que el fiscal Ricardo Toranzos iniciara su alegato. Esto significa que el caso de la Megacausa, en donde se define la situación de imputados por delitos de lesa humanidad a 34 víctimas en Salta durante la represión ilegal, se suspende hasta febrero, postergando para después de las fiestas y feria, una reparación histórica hacia la comunidad.
SI O NO. El dilema es qué participación logró tener la casa de estudios en el juicio. Según trascendidos, la casa no manifestó en la etapa instructora, mediante un trámite formal, su voluntad de ofrecer pruebas, dejó perimir los plazos.
Además de manifestar cierto encono por la debilitación del juicio que estas inquietudes implican y la preocupación no dirigida a pensar en el ejercicio de la justicia respecto de los culpables represores, la apoderada de la universidad en el juicio, Tania Kiriaco, indicó que la UNSa tiene la documentación probatoria de que el juzgado le hace lugar a la presentación de querellante.
Desde esta postura, el querellante tiene un rol menos central y acompaña aunque la participación es importante en términos simbólicos dado que ninguna universidad del país se presentó a los juicios.
Por su parte la apoderada de la universidad Guadalupe Fernández Soler indicó que “están todos los informes de la abogada presentados en tiempo y en forma”. Pero no pudo aseverar que la universidad hubiera podido presentar pruebas porque aduce, no estaba en el cargo. “Si había una instancia precluída no podía llegar a hacer mucho la universidad en virtud de que hubo otro profesional que en su momento debía haber actuado” en referencia al abogado que comenzó con la causa desde la gestión de Stella Bianchi.
“Cuando asumió Claros pasó como un año y medio que la UNSa no hizo los papeles que tenía que hacer, ir a las audiencias. Entonces no puede pedir pena de cárcel, no puede alegar” Indicó Fernando Tilca profesor de la Facultad de Ciencias Exactas e integrante de la Asociación de Derechos Humanos, Lucrecia Barquet.
Según parece, un trastiempo en el cambio de mando entre los rectorados de Bianchi y Claros junto a falta de operatividad provocó ésta perdida. “En ese marco, la abogada hizo hasta donde podía hacer en nombre de la UNSa, y como corresponde alegó luego en nombre de familiares de una de las víctimas. Además lo hizo en forma coordinada con los demás abogados de la querella, por lo que las críticas no le caben a ella sino al rector, en todo caso” expresó Tilca.
El segundo juicio que se desarrollará en año entrante, llamado UNSa 2, se encuentra en etapa instructoria y en ese, tanto la UNSA como el sindicato docente serán querellantes, según indicaron sus apoderados.

Maniobra desbaratada
Cuando a la fiscalía le correspondía presentar sus alegatos, la jueza Liliana Snopek de la megacausa de la UNSa adujo estrés, faltó a la audiencia del martes y provocó la suspensión del juicio hasta febrero. La reacción de los organismos de DDHH logró impedir la maniobra y el juicio se reanudará el próximo lunes. El mismo llevaba un año y siete meses cuando la jueza Martha Liliana Snopek adujo los problemas de salud. Indignados, los organismos emitieron un comunicado repudiando la situación y, a su vez, elevaron una nota al Consejo de la Magistratura exigiendo que arbitren los medios para promover la continuidad de las audiencias. Como se recordará, en este proceso se reúnen varias causas por hechos cometidos en la provincia entre 1975 y 1978 y entre los acusados se encuentra el ex comandante en jefe del Ejército Héctor Luis Ríos Ereñú, más otros conocidos represores de la provincia como Joaquín Guil, Juan Carlos Alzugaray, Miguel Raúl Gentile e incluso un civil que oficiaba de entregador de compañeros universitarios: Juan Ovalle.
La maniobra fue exitosa hasta el día jueves cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal resolvió retomar el lunes las audiencias. La resolución llegó luego de que los fiscales Eduardo Villalba y Ricardo Toranzos realizaran el miércoles una presentación por la que pidieron que se retomara el debate con la inclusión del juez sustituto el próximo domingo y que el juicio culminara a fin de este año, como estaba previsto. El jueves, finalmente, el presidente del tribunal, Juárez Almaráz, convocó a las partes para el próximo lunes: “Atento a los informes que anteceden, y teniendo en cuenta la naturaleza del juicio que se ventila y su estado actual (etapa de alegato), fíjase audiencia a los fines de la continuación del debate para el día 09 de diciembre de 2.013 a hs. 8:30”. Desde la fiscalía de Salta comunicaron a Fiscales que “los informes que anteceden” a esa resolución son dos informes actuariales labrados por secretarios del tribunal, que dejaron constancia que mantuvieron contacto con la jueza Snopek, quien les confirmó que el próximo lunes podrá retomar su actividad laboral.