El decreto del presidente estadounidense Donald Trump le sacó la espoleta a otra detonación, al disponer el bloqueo de activos financieros de los empleados de la Corte que investiguen posibles delitos de guerra, cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.
La decisión, que marca un nuevo distanciamiento del primer mandatario yanqui de los organismos internacionales, prohíbe además que quienes integren esas investigaciones y sus a sus familiares inmediatos, ingresen a Estados Unidos.
Las investigaciones se llevan a cabo por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), que ayer condenó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar sanciones a funcionarios de ese tribunal que investiguen si tropas estadounidenses cometieron crímenes de guerra en Afganistán.
“La decisión de Trump es un intento inaceptable de interferir con el estado de derecho y los procedimientos judiciales de la Corte”, expresó el comunicado de la CPI, al tiempo que señaló que “respalda a su personal y funcionarios, y se mantiene firme en su compromiso de cumplir, de manera independiente e imparcial, el mandato establecido en su tratado fundacional, el Estatuto de Roma”.
La Corte Penal Internacional tiene 123 estados miembro y sede en La Haya, Países Bajos. Estados Unidos nunca fue miembro de este organismo creado en 2002 para enjuiciar los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio en lugares donde los perpetradores, de otra manera no enfrentarían justicia.
Atacar las funciones de la CPI constituye “un ataque contra los intereses de las víctimas de crímenes atroces, para muchos de los cuales el Tribunal representa la última esperanza de justicia”, agrega el texto, que finaliza calificando la decisión de Trump como un intento de “socavar” el esfuerzo “para combatir la impunidad y garantizar la responsabilidad por las atrocidades masivas”.
