Lejos de resolver el problema como pretende el Gobierno, el fallo de la Corte abrió las puertas a una oleada de demandas de industrias, comercios y cooperativas que fueron excluidos de la anulación de los aumentos del gas. El reclamo acorrala al gobierno.

Decenas de cámaras empresarias y miles de pequeños y medianos establecimientos comerciales e industriales, cooperativas, empresas recuperadas y clubes de barrio preparan la artillería jurídica para presentar ante los tribunales una andanada de demandas para que la Justicia anule el tarifazo gasífero, aplicando los mismos argumentos que utilizó la Corte Suprema para tomar dicha resolución con respecto a los usuarios residenciales. “Vamos a intentar hacer la demanda colectiva por las 45 cámaras y 10 mil empresas que forman parte de la Confederación General Empresaria de la Argentina (Cgera); la tarifa tiene que estar segmentada porque, si no, van a quebrar muchas pymes”, señaló un dirigente pyme. “El tarifazo no se acabó. Van a presentarse muchas demandas colectivas pero, además, si esta situación no cambia habrá una lluvia de juicios individuales y un nivel de conflictividad social grande en los juzgados”, sostuvo a su vez un representante de usuarios y consumidores. El clima de tensión llegó incluso a los tribunales, y en los juzgados federales no se disimula la “bronca” con la Corte Suprema porque, con su resolución acotada, les “pateó la pelota” para que definan acerca del alcance de la nulidad del aumento.

Juan Carlos Sacco, secretario de la Unión Industrial Argentina, informó a Página/12 que “este martes hay reunión del Comité Ejecutivo y el tema excluyente es tarifas. Ya solicitamos asesoramiento a nuestros letrados sobre los alcances del fallo. Tenemos que responder ante nuestros asociados, porque más de una pyme no va a poder seguir con estas tarifas. La salida no tiene por qué ser judicial. Le diremos al Gobierno nuestro pensamiento y entre todos vamos a buscar una solución”.

Dentro de la propia central fabril, existen otras expresiones que si bien coinciden en el diagnóstico, buscan presionar al gobierno para que sea el que asuma la responsabilidad de dar marcha atrás en el tarifazo y postergarlo hasta después de la audiencia pública, para evitar así la oleada de juicios. “El fallo de la Corte no resuelve el problema del tarifazo en la Argentina. Creo que acá hay que insistir en resolver esto desde la política y apelamos a la sensibilidad del Gobierno. Hay muchos establecimientos pymes que no soportan el aumento tarifario. En este sentido, el fallo debería ser un punto de referencia. Hay que entender que hay muchas economías regionales que no van a subsistir así. Creo que es un tema para resolver políticamente desde el Ejecutivo, más allá de que muchos asociados probablemente busquen avanzar por la Justicia de manera individual”, dijo a este diario José Urtubey, vocal de la UIA.

En la misma línea, buscando que sea el gobierno el que resuelva, Matías Furio, de la Cámara del Juguete y directivo de la UIA, agregó que “esto se tiene que arreglar políticamente. Sabemos que las tarifas hay que aumentarlas. Judicialmente nosotros no arreglamos las cosas”. En un tono similar, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) dijo ayer que “lo dispuesto judicialmente debe ser complementado con medidas dirigidas a paliar la situación de los usuarios no residenciales”.

La Corte anuló el tarifazo en el gas para los usuarios residenciales. El principal argumento de los magistrados es que el Gobierno omitió el paso constitucional de llamado a audiencia pública previo a la modificación tarifaria. También mencionó la falta de razonabilidad. Exactamente la misma lógica podría aplicarse para dar por tierra el tarifazo para los usuarios no residenciales, como pymes, clubes de barrio, centros culturales, comedores comunitarios y empresas recuperadas. Sin embargo, la Corte se limitó a los hogares porque éstos constituirían un grupo homogéneo que reúne los elementos para promover una acción colectiva. De esta forma, el tribunal superior limitó el criterio de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, que hasta anteayer mantenía frenado el tarifazo para todos los usuarios.

No es casual que quienes se sienten menos comprometidos con el gobierno nacional, pero a la vez más perjudicados por la política económica, expongan el problema más frontalmente y sin reclamarle siquiera un cambio de actitud al gobierno. Las organizaciones pyme

representan a conjuntos relativamente más homogéneos de empresas y están con mayor disposición para avanzar en la vía judicial. Estudian cómo tener legitimidad suficiente para presentar demandas colectivas. “Vamos a intentar representar judicialmente a las casi 45 cámaras y 10 mil empresas que forman parte de la Confederación General Empresaria de la Argentina. Ya fueron convocados los representantes de las cámaras y buscaremos contener a todo el colectivo. La tarifa tiene que estar segmentada porque, si no, van a quebrar muchas pymes”, señaló a Página/12 Ariel Aguilar, vicepresidente de la entidad. Eduardo Fernández, titular de Apyme, dijo a su vez a este diario que “no vamos a abandonar ninguna acción jurídica que nos permita ganar tiempo. Está en juego el empleo. Vamos a intentar ser un actor que represente a los asociados y además acompañaremos judicialmente al que se quiera presentar”.

También desde la Multisectorial contra el Tarifazo anunciaron que van a presentar demandas colectivas. “El tarifazo no se acabó. Van a presentarse muchas demandas colectivas, aunque tendrá que encontrarse la forma jurídica de hacerlo. Pero, además, si esta situación no cambia habrá una lluvia de juicios individuales y un nivel de conflictividad social grande, que podría haber sido resuelto por el Gobierno. Pero, en su momento, el Ejecutivo no escuchó los ruidazos, los frazadazos, las movilizaciones y protestas en todo el país, las declaraciones críticas de todos los sectores políticos, incluso dentro del oficialismo y las resoluciones de la Justicia Federal”, dijo Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores.

Fuente: Página 12