Con 54 votos a favor y 16 en contra, la Cámara alta sancionó a las 0.54 la ley que permite al Gobierno cancelar la deuda con los bonistas que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010; se abre así el camino al fin de la cesación de pagos.
El presidente Mauricio Macri aterrizó hoy en los Estados Unidos con el fuerte espaldarazo que le otorgó el Senado, que esta madrugada sancionó la ley que le permitirá pagarle a los holdouts y así dar un paso importante en su intento por lograr que la justicia norteamericana levante las medidas cautelares que mantienen al país en default con los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
La ley fue sancionada a las 0.54 horas por una abrumadora mayoría de 54 votos favor y tan sólo 16 en contra como corolario de un extenso debate de más de trece horas en la que participaron casi 60 oradores.
Para la sanción de la norma fue fundamental el aporte del Frente para la Victoria (FPV) que, a pesar de manifestar duras críticas a la política económica del gobierno nacional, aportó casi la mitad (26) de los votos afirmativos. Fue el resultado del respaldo de una amplia mayoría de los gobernadores peronistas que se alinearon con la postura del Poder Ejecutivo, atraídos por la posibilidad de poder salir a los mercados internacionales a conseguir créditos externos para financiar obras públicas.
Reproches apenas disimulados en el FPV
Como se esperaba, el FPV votó dividido, aunque el jefe de la bancada y uno de los abanderados del sector dialoguista del PJ, Miguel Pichetto (Río Negro), logró reducir el número de votos contrarios a la iniciativa del Gobierno y ampliar así la brecha en su pulseada con el sector kirchnerista de la bancada. Ejemplo de este trabajo fueron los notables giros de 180 grados que dieron Liliana Fellner (Jujuy) y Graciela De la Rosa (Formosa), que hasta el martes rechazaban el proyecto.
La norma habilita al Poder Ejecutivo a vender bonos en el mercado hasta un máximo de US$ 12.500 millones para pagar en efectivo los acuerdos alcanzados por el equipo del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, con una veintena de fondos y grupos de bonistas.
Para poder realizar la operación se derogan las denominadas leyes cerrojo y de pago soberano de la deuda, sancionadas en el gobierno de Cristina Kirchner en medio de su disputa con los fondos buitre.
El pago está condicionado a que la Cámara de Apelaciones de Nueva York levante las medidas cautelares (stay) impuestas por el juez Thomas Griesa y que le impiden al país desde hace casi dos años (21 meses) pagarles a los bonistas que aceptaron los canjes de las administraciones kirchneristas y que suman casi el 93% del total de la deuda que cayó en default en 2001.
Según el Gobierno, los acuerdos implicarán una quita en promedio del 38% de lo que la justicia norteamericana le reconoció en dos instancias (la Corte se negó a tomar cartas en el asunto) a los fondos que accionaron legalmente contra la Argentina.
El miembro informante de la oficialista alianza Cambiemos, Julio Cobos (UCR-Mendoza), defendió la iniciativa en la necesidad de levantar el default para permitir el acceso al país al mercado de capitales a tasas menores. «Lo tenemos que hacer con suma rapidez porque se van sumando intereses», afirmó. Además, alertó que «por otro lado, no están cobrando los (bonistas) que confiaron en Argentina en 2005 y 2010» como consecuencia de las medidas impuestas por Griesa.
«No estamos generando una nueva deuda porque esta deuda está en el presupuesto», se adelantó a los argumentos de los sectores críticos al acuerdo.
Desde el kirchnerismo se alzó una batería de voces contrarias al acuerdo acompañadas de fuertes críticas a las políticas de la administración macrista. Así, María Ester Labado (FPV-Santa Cruz) afirmó que en lugar de negociar el Gobierno debería «estar denunciando a los fondos buitre, porque son usureros y hacen terrorismo financiero».
Sin tanto sesgo ideológico, Juan Manuel Abal Medina (FPV-Buenos Aires) justificó su rechazo en las serias dudas por la «sustentabilidad jurídica» del acuerdo alcanzado por el Gobierno. «Paul Singer recibe un trato diferente al resto lo que genera una situación de inequidad con resto de holdouts y bonistas» que aceptaron los canjes, destacó.
La otra cara del FPV la mostró Rodolfo Urtubey (Salta), quien justificó su apoyo al proyecto del Poder Ejecutivo en «razones políticas» que, aseguró, «tienen que ver con devolver a la Argentina su pena capacidad y superar esta minusvalía que implica el default».
El peronismo disidente también mostró fisuras durante el debate. Los puntanos Liliana Negre y Adolfo Rodríguez Saá se desmarcaron y reclamaron introducirle modificaciones al proyecto. Por su parte, Carlos Reutemann (Santa Fe), Juan Carlos Romero (Salta) y Robeto Basualdo (San Juan) apoyaron con entusiasmo el acuerdo. «Seguramente que el acuerdo puede ser mejor, pero no tenemos que usar eso como excusa para no avanzar», afirmó el sanjuanino en réplica directa a kirchneristas como Anabel Fernández Sagasti (FPV-Mendoza), que aceptaron la necesidad de pagar la deuda, pero rechazaron el acuerdo amparados en que es necesario mejores condiciones de negociación.
Fuente: La Nación
