Macri quiere achicar dos emblemáticas centrales eléctricas del kirchnerismo. Son las usinas Kirchner y Cepernic, en Santa Cruz; el Gobierno pretendía anular la obra, pero cambió de opinión: negocian sacarle turbinas y agregar una línea de 500 kW.El futuro de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, la obra más costosa y polémica que licitó el kirchnerismo, entró en un nuevo tiempo de definiciones.El Gobierno revisó el proyecto y estableció condiciones: quiere continuar con su construcción y con la millonaria financiación china, pero sólo si los ganadores aceptan modificaciones que implicarán una reducción de la capacidad de generación eléctrica y el tendido, por el mismo monto de la obra, de una línea de alta tensión de más de 1000 kilómetros que permita llevar la energía que se produzca con el agua del río Santa Cruz a centros de mayor consumo.
El presupuesto de la obra es de US$ 5500 millones, de los cuales US$ 4770 millones vendrán de China. La propuesta oficial es que la central Kirchner tenga seis turbinas (una menos que el proyecto aprobado por el gobierno anterior) y la Cepernic, tres, es decir, dos unidades menos que el diseño original. Así pasaría de generar 1760 MW a 1350 MW, aproximadamente.
La intención del nuevo equipo energético es que el complejo produzca aproximadamente la misma cantidad de energía por año que en el modelo anterior, pero funcione de «base» en lugar de alternativa para cubrir «picos», por lo que estaría en marcha más tiempo.
El consorcio integrado por la cordobesa Electroingeniería, una empresa afín al kirchnerismo; China Gezhouba Group, y la local Hidrocuyo está a punto de dar su aprobación definitiva a los requerimientos que le hizo un equipo que integró a técnicos de los ministerios de Energía (a cargo de Juan José Aranguren) y de Interior (Rogelio Frigerio).
El Gobierno aún no se puso de acuerdo con Santa Cruz, que gobierna Alicia Kirchner. Sucede que el proyecto todavía vigente contempla que el emprendimiento pase a la provincia al cabo de 15 años, una fecha que Nación está dispuesta a discutir. Si avanzan ambas negociaciones será el final de un camino que comenzó con tropezones, cartas, reclamos y amenazas desde que Macri llegó al poder.
El 22 de diciembre, el Presidente recibió en la Casa Rosada a Cristine Mc Divitt, la viuda del empresario Douglas Tompkins, que había cedido tierras al Estado para la protección de la Patagonia. Luego trascendió que Macri había cuestionado en el encuentro la conveniencia ecológica de las centrales. En otras reuniones privadas, el Presidente sostuvo que no quería continuarlas. Más tarde cambió de opinión.
LA NACION vio una nota enviada por el China Development Bank Corporation el 30 de diciembre pasado al ex Ministerio de Economía, que llegó a la cartera que hoy conduce Alfonso Prat-Gay. En el documento, de apenas una página, la entidad financiera hablaba también en nombre de Bank of China y el Industrial and Commercial Bank of China, y mostraba su preocupación por el cambio de autoridades. De hecho justificó la nota en que quería asegurarse que las obligaciones de pago de la Argentina serían pagadas a tiempo. Y le recordó que debía desembolsar US$ 2,62 millones y US$ 13,39 millones el 28 y el 29 de enero por comisiones e intereses.Fue una situación incómoda para los funcionarios porque China comenzó a desembolsar fondos el año pasado. El Gobierno cumplió con los pagos y allanó el camino.
Un día después de la nota del banco chino, Gerardo Ferreyra, vicepresidente de Electroingeniería, lanzó en Twitter una campaña en defensa de las centrales. En varios mensajes planteó: «¡Las represas patagónicas no se paran! Ya están todos los equipos de Construcción en Obra». E insistió: «Las represas patagónicas no se paran: 1500 trabajadores ya están incorporados a su construcción».
Por pedido del ex ministro de Planificación Julio De Vido, Ferreyra también se reunió con el ahora diputado en su despacho legislativo para mantenerlo al tanto. De Vido representa a Buenos Aires, pero tiene su corazón en Santa Cruz.
Unos días antes, el 13 de enero, la canciller Susana Malcorra se había reunido con el embajador chino, Yang Wanming. Discutieron el tema. Malcorra le anticipó lo que sucedería: el proyecto continuaría si se aceptaban los cambios propuestos.
Casi en paralelo, representantes de Electroingeniería y de Gezhouba se reunieron con al menos cinco funcionarios, tres de Energía y dos de Interior, que les anticiparon que estaban estudiando el proyecto. También les solicitaron información para armar un informe que llegaría a la mesa de trabajo de Macri.
Luego de esa revisión se juntaron con Aranguren, quien les planteó diversas cuestiones técnicas y supeditó el proyecto a que esos cambios se cumplan. Dijo lo mismo en otras reuniones privadas.
Hace dos semanas, el ministro reconoció que evaluaba darle el visto bueno. «Hemos tomado la decisión de ajustar el proyecto», sostuvo. Y agregó: «Se puede hacer bien».
Fuente: La Nación
