Horacio Verbitsky se refirió al juez federal oranense Raúl Reynoso. Aseguró que la Corte Suprema frenó la designación del salteño en una Comisión contra el narcotráfico cuando le informaron que el salteño estaba hasta las manos.
“Uno de los coordinadores elegidos no podrá integrar la comisión porque será indagado por cobrar protección a narcotraficantes”, así redactó el copete de su nota Horacio Berbitsky en su clásica columna dominguera en el diario Página 12. Se refería a la “Comisión Judicial para la Lucha contra el Narcotráfico” que la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió crear tras las elecciones del 25 de octubre para dar respuesta a lo que definió como la principal preocupación de los argentinos: el narcotráfico.
En esa comisión sería nombrado el Juez Federal del Oran (Salta) Raúl Reynoso, que el miércoles sufrió el allanamiento a sus oficinas por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que secuestró expedientes que probarían la existencia de una asociación ilícita que tarifaba la protección a narcotraficantes. “Raúl Juan Reynoso, fue el asesor de la Corte Suprema para el establecimiento de aquella comisión”, resalta Verbitsky sobre el oranense que, como todos saben ya, el miércoles deberá formular su descargo en la declaración indagatoria a la que fue citado por su colega de Salta, Julio Leonardo Bavio.
“El episodio pone de relieve un punto central de la problemática desdeñado por la Corte y por los dirigentes políticos que recurren a la demagogia punitiva como argumento proselitista: las redes policiales y judiciales de ilegalidad sin las cuales las organizaciones criminales no podrían prosperar. La inclusión de las Fuerzas Armadas en la tarea, como se propuso durante la campaña electoral, sólo extendería esa descomposición al instrumento elegido de la Defensa Nacional y elevaría los niveles de violencia y el costo humano, tal como ocurrió en México y Colombia”, enfatizó el periodista estrella de Página 12.
Posteriormente el periodista remarcó lo siguiente: “El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ha instalado la cuestión del comercio ilegal de drogas como si fuera el principal problema de la democracia argentina. Sigue en esta línea a la Iglesia Católica que, bajo la conducción del papa argentino Jorge Bergoglio, pugna por impedir la despenalización del consumo de sustancias estupefacientes”.
Con la nueva comisión, la Corte avanza en forma temeraria sobre la división de poderes. Tanto Reynoso como el juez que lo investiga, Bavio, participaron en el encuentro de jueces y camaristas federales realizado en Orán en mayo de 2014 para analizar “los aspectos operativos y técnicos que conciernen a la grave problemática del narcotráfico”. Ése fue uno de los antecedentes que Lorenzetti tuvo en cuenta para crear la comisión. También asistió la jueza federal Zunilda Niremperger, quien atiende tres juzgados en Chaco y Formosa. En abril de 2014, Niremperger se había reunido en el Vaticano con Bergoglio con quien no habló de asuntos espirituales sino del narcotráfico. En marzo de ese año, el Episcopado católico había pedido “medidas urgentes” para combatir el narcotráfico, que formen parte de una “política de Estado”.
La misma expresión utilizó Lorenzetti al abrir la reunión de los jueces y camaristas el martes pasado y justifica el establecimiento de la Comisión en la Acordada 28/15, firmada dos días después de la primera vuelta electoral. Allí la Corte sostuvo que desde el año 2009 “ha advertido con insistencia que es necesario enfrentar el problema del narcotráfico y toda la actividad delictiva vinculada con este flagelo”.
El uso de la palabra flagelo asociada al comercio ilícito de drogas forma parte del enfoque bélico del problema, que también se advierte en el nombre de la comisión. Política de Estado es una categoría que desde el Consenso de Washington se aplica a los reclamos de las grandes potencias y de los poderes fácticos que deben ser sustraídos del debate político y delegados para su ejecución en cuadros técnicos, que en este caso serían los jueces.
Al difundir la Acordada, la oficina de prensa de Lorenzetti filtró en forma extraoficial que “fueron convocados para manejar el timón el juez federal de Orán, Salta, Raúl Reynoso, el presidente de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun y el juez en lo Penal Económico Claudio Gutiérrez de la Cárcova”. La designación de Reynoso fue frenada por la oportuna intervención del camarista Luis María Cabral, ex presidente de la Asociación de Magistrados, quien advirtió a su amigo Lorenzetti de las graves acusaciones que habían formulado contra el juez de la frontera el fiscal federal de Salta Eduardo Villalba y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, ante la denuncia de un abogado de Orán, por las cuales el juez Bavio ordenaría luego el allanamiento y las detenciones.
