Manifiesto contra los agroquímicos

Docentes de escuelas rurales de distintas provincias denunciaron el uso irracional de agroquímicos y sus consecuencias negativas para la salud de las personas. Reproducimos el comunicado presentado en el Congreso firmado por diferentes profesionales de la salud, agrónomos, docentes y ambientalistas.

El comunicado firmado por profesionales médicos, investigadores, docentes, agrónomos y ambientalistas especializados en distintas áreas fue presentado en una audiencia pública realizada a propósito de las denuncias de docentes de escuelas rurales. Reproducimos a continuación el manifiesto:

“1.Que el empleo generalizado e irracional de agrotóxicos constituye una parte importante de una matriz económica de carácter extractivista, que incluye también la minería a cielo abierto, el petróleo y el gas no convencionales, la práctica del monocultivo de soja y otras actividades depredadoras del medio ambiente, cada una de las cuales merece un tratamiento específico. En esta oportunidad nos concentraremos exclusivamente en las consecuencias de los agrotóxicos.

 2.Que los agrotóxicos diseminados masivamente, aunque sea de manera controlada, están constituidos por mezclas en las que el glifosato suele constituir el ingrediente más importante, pero no el único. No existen investigaciones rigurosas para evaluar los efectos adversos de cada una de las posibles mezclas,   pero los estudios de campo y los experimentos de laboratorio demuestran de modo irrefutable que cada uno de los mencionados ingredientes producen daños crónicos y agudos directos en los habitantes de los territorios fumigados, y de manera indirecta en los habitantes urbanos que consumen los alimentos contaminados por las sustancias utilizadas en su producción o diseminadas en las inmediaciones de los sembrados. Nuestra hipótesis consiste en que las mezclas pueden potenciar la toxicidad de sus ingredientes.

3.Que indicadores fuertes de estos efectos se evidencian en el aumento significativo producido durante los últimos años de casos de enfermedades relacionadas con los efectos mutagénicos (agentes que dañan el material nuclear y producen células con un genoma nuevo, las cuales en muchos casos resultan origen del cáncer) y teratogénicos (daño que ocurre durante el proceso embriológico que lleva a malformaciones, algunas letales, que producen en tal caso abortos espontáneos) de la exposición continua y sistemática a los agroquímicos, solos o en mezcla, diseminados en dosis crecientes. Los recientes estudios dados a conocer realizados en el “Campamento Sanitario de Monte Maíz”, demuestran el incremento de más de 5 veces la tasa promedio de los casos de cáncer, de más de 8 veces la de nacimientos con malformaciones genéticas, de aumento significativo de casos de enfermedades respiratorias, dermatológicas, abortos espontáneos y autismo. El mayor daño se ubica en la banda etaria de los primeros años de vida.

4. Que a pesar de las continuas y reiteradas denuncias efectuadas por docentes y vecinos de las comunidades afectadas a los funcionarios e instituciones  de los organismos responsables de salud, educación y ciencia y técnica, tanto municipales, provinciales como nacionales, la respuesta hasta el momento ha sido no solamente nula, sino que se expresó con persecución laboral, tanto de los organismos públicos como de las empresas privadas.
5. Que esto representa una agresión sistemática a la vida de grandes masas poblacionales, con la complicidad de los funcionarios del estado. Podría configurar un crimen de lesa humanidad; seguramente constituye una violación sistemática de los derechos humanos y puede describirse por ello como genocida y ecocida.
6. Que habida cuenta que estos son eventos intencionales, complejos y dolosos compuestos de múltiples acciones y diversas secuelas y consecuencias, ameritan una forma colectiva de defensa. Tal y como se la define en doctrina Fontan Balestra referida a la agresión física, se libera la posibilidad de ejercer genuinamente el DERECHO DE LEGITIMA DEFENSA.

     7.Que debería declararse la emergencia de salud a nivel nacional que contemple las siguientes medidas en carácter inmediato:   a) Primera medida: suspensión de toda fumigación  como medida cautelar. En las jornadas de docentes de escuelas fumigadas,  se mencionó  que solo se consiguió a través de la lucha del pueblo en distintas provincias que se aumentara el perímetro de fumigación alrededor sobre distintas escuelas.  Sin embargo debemos enfatizar que tal medida es insuficiente y no alcanza para proteger la vida.   b) Segunda medida. Establecer diagnóstico  de la patología existente a todas las personas con síntomas tóxicos potencialmente derivados de los químicos utilizados, incluyendo los antecedentes ambientales del paciente en cada historia clínica. El mismo debe realizarse  en forma gratuita  por los organismos públicos pertinentes, (incorporando los datos y antecedentes ambientales a la historia clínica con el fin de establecer análisis epidemiológicos posteriores). Además en el proceso del alta, restablecer a la persona afectada a un hábitat libre del agente causante.    c) Tercera medida. Solicitar desarrollos de investigación a las Universidades Públicas y el MinCyT, que profundicen la exploración de la conexión entre los agroquímicos y la prevalencia creciente de enfermedades incapacitantes y letales que están apareciendo cada vez con mayor frecuencia, tal como lo demostró claramente en sus investigaciones el Dr. Andrés Carrasco.

1. d) Cuarta medida. Realizar análisis de muestras de alimentos en las ciudades porque los mismos pueden estar contaminados con agrotóxicos. e) Quinta medida. Etiquetar los alimentos para definir el modo de agricultura empleado para su producción.   f) Sexta medida. Exigir a las autoridades universitarias y estatales que informen exhaustivamente los datos en su poder que muestran la toxicidad de los agroquímicos.   g) Séptima medida. Denunciar al intendente de Coronel Suarez, Osvaldo Fuentes Lema, por la actitud de perseguir ideológicamente a cualquier persona que realice los presentes cuestionamientos, como actualmente ocurre con  Emanuel Garrido, recientemente despedido por denunciar la fumigación sobre las escuelas rurales.