Lo más triste es que nada cambió. A un año del escándalo de Lomas de Medeiros, nada cambió y el incumplimiento de la normativa vigente sigue a la orden del día en materia de viviendas construidas con financiamiento público. (Gonzalo Teruel)
De las casi 80 casas que el IPV entregó el año pasado en Lomas de Medeiros, en una de las zonas más cotizadas de Salta, muchas ya fueron modificadas de manera notable confirmando que sus habitantes no necesitaban ni necesitan del auxilio oficial para acceder a una vivienda. Esta confirmación va de la mano del incumplimiento flagrante de las disposiciones del Instituto Provincial de la Vivienda.
El “Acta de Tenencia Precaria” que suscriben quienes reciben las llaves de una casa y que tiene vigencia hasta que finaliza el pago de las cuotas establecidas, impide la realización de “modificaciones, mejoras o cualquier clase de obra sin la previa autorización escrita otorgada por el IPV”. En detalle, la cláusula sexta del acta dice textualmente “No realizar modificaciones, mejoras o cualquier clase de obra que altere el estado actual del inmueble, sin la previa autorización escrita otorgada por el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA”.
Pese a lo claro de la norma, las casas de Lomas de Medeiros fueron modificadas sin la autorización del organismo. Al respecto Cuarto Poder consultó al IPV y la respuesta fue evasiva. “Las habilitaciones las da la Municipalidad”, afirmaron desde la oficina de prensa del ente público tratando de deslindar responsabilidades.
De cualquier modo, en despachos oficiales no se firmaron autorizaciones para las mejoras de las viviendas porque, sencillamente, ningún vecino de Lomas de Medeiros informó la realización de obras en su casa.
Sin embargo, las construcciones pueden observarse sin esfuerzo desde la ruta que une a Salta con San Lorenzo y están a la vista de todos: algunas casas tienen ya hasta 3 plantas, otras cambiaron por completo su fachada y la mayoría fue ampliada aumentando la superficie cubierta.
“No en todos los casos se hace Tenencia Precaria, también hay casos en los que hay algún problema con la adjudicación y entonces se hace un contrato de comodato hasta tanto tenga la calidad de adjudicatario”, explicó un abogado dedicado a los negocios inmobiliarios. “La Tenencia Precaria rige hasta que se escriture y después de escriturar se hace una hipoteca en primer grado a favor del IPV”, detalló.
El plazo de vigencia de esa “Tenencia Precaria” es de 5 años. “Antes había algunos planes de 3 años y otros de 5 pero ya se unificó la reglamentación a 5 años”, indicaron desde el organismo encargado de repartir las viviendas.
No hubo inspecciones ni sanciones para quienes violaron el “Acta de Tenencia Precaria”. Parece, en consecuencia, que tampoco habrá desadjudicaciones pese a la explicita violación del acuerdo entre los particulares y el IPV.
La mencionada clausula sexta deja abierta esa posibilidad y aclara que “En caso de revocatoria de la adjudicación, las obras realizadas con o sin autorización quedarán en beneficio del IPV, sin derecho alguno por parte del ex adjudicatario de repetir los gastos realizados”.
Mientras en Salta unas 30 mil familias siguen sin poder acceder a su vivienda propia, la sola observación de las obras realizadas en las casas de Lomas de Medeiros confirma que los beneficiarios de ese barrio no necesitaban de los esfuerzos de IPV.
“El escándalo de Lomas de Medeiros es el ejemplo más claro y concreto sobre la concepción política que tienen los funcionarios de este gobierno sobre el Estado: un botín que les pertenece y que les brinda la oportunidad de repartírselo entre los amigos del poder”, resumió Gustavo Farquarson, titular del ISEPCi, además añadió lo que muchos piensan en Salta: “es una vergüenza que pase esto en una provincia donde una de las principales problemáticas sociales es el déficit habitacional entre los sectores más vulnerables”.
Cuestión de archivo
Cuarto Poder escribió aquella vez, que el escándalo mostraba descarnadamente un rostro del gobierno: la de blanquear un modo de privatización de lo público por el método de adjudicación practicada y un Juan Manuel Urtubey que defendió lo actuado aduciendo que la irregularidad era legal. Urtubey culpó aquella vez del escándalo al diario El Tribuno. Adujo que ese poderoso medio, cuyo propietario era también su principal adversario político en una año electoral, era quien había montado toda la noticia sobre un malentendido con el objetivo maléfico de atacarlo y acorralarlo. El Gobernador había optado por olvidar que dicha noticia empezó a tratarse a media mañana de aquel viernes 5 de abril en FM Capital, y que la lista de beneficiados se publicaba en ese medio minutos después de tal tratamiento.
Lomas de Medeiros supuso la profundización de la crisis del urtubeicismo en la capital salteña, que si bien nunca fue electoralmente generosa con Urtubey, a partir de entonces lo fue menos. Los resultados de todas las elecciones del 2013 no hicieron más que confirmarlo. Y es que si hasta entonces las críticas al gobierno le señalaban su incapacidad para mostrarse como dueño de la voluntad, las ideas y los planes para resolver los problemas urgentes de la sociedad, a partir del escándalo de Lomas de Medeiros a esas críticas se sumaron acusaciones de corrupción: ese fenómeno repudiado y que los mismos funcionarios del gobierno se encargaron de mostrar que no obedece a un problema de educación o pobreza, sino al accionar de grupos organizados y con el poder político suficiente para disponer de los recursos públicos en beneficio propio.
Nada, sin embargo, modificó la estrategia defensiva del gobierno. Si Urtubey había oficializado la defensa obstinada, vinieron tras de él otros funcionarios que lo hicieron peor. Algunos buscaron cambiar el eje de la cuestión. Dijeron que la poca ética no estaba en esos funcionarios y amigos de funcionarios que se autoseleccionaron como beneficiarios de una vivienda, sino en esa prensa maldita que publicó la lista en las que aparecían. Lo absurdo ya gobernaba todos los discursos gubernamentales. Acusaron a la prensa, incluso, de haber elaborado las famosas “listas negras” que formaron parte de una historia demasiado traumática para los argentinos como para emplearla tan banalmente en favor de intereses tan mezquinos.
Con justicia recibieron otra vez el repudio de todos. Olvidaban los funcionarios que las “listas negras” siempre constituyeron una herramienta del poder para amedrentar a los que critican ese poder. Una vil herramienta que siempre ha tenido por objetivo identificar a los actores irritantes para un establishment particular, para así someterlos a un proceso de asfixia que generalmente es económica. Un paciente y demoledor trabajo que priva al “provocador” de los recursos indispensables para la supervivencia misma y que busca quebrarlo en su moral para disciplinarlo, o directamente eliminarlo. Una eliminación, además, que debe ser pública a fin de que el triste espectáculo del que lo padece, aleccione a otros potenciales díscolos. En la lista de adjudicatarios no había seres irritantes al Poder. Había, sí, miembros del Poder. Un Poder brutal que, en vez de disculparse públicamente con la minoría de adjudicatarios que honestamente habían accedido a la vivienda, prefirió abandonarlos a su suerte haciéndole padecer, incluso, el desprecio que sólo se merecían ellos.
