El Senador Santiago Payo se molestó mucho con Cuarto Poder, por una nota en la que se lo acusaba de Okupa Vip de tierras fiscales. La nota decía, como al pasar, que Payo plantaba soja. Pidió un derecho a réplica en TV. Dijo que en esos terrenos fiscales (que ocupa) él no planta Soja. (DOM)
La noticia que empezó a circular a fines de diciembre, cuando ya Cuarto Poder había anunciado su receso, fue que el senador Santiago Payo había iniciado acciones legales contra este semanario por calumnia e injuria, lo que nos llamó la atención, en parte porque la figura legal de calumnia e injuria no existe en casos de funcionarios públicos, pero también porque el legislador ni siquiera había pedido un derecho a réplica para dar su versión sobre la disputa legal en torno al lote fiscal 7. Ni siquiera nos había llegado una carta documento diciendo “no es así”.
Nos enteramos, después, que Payo había dado su réplica, pero en un canal de televisión de Tartagal. Con los periodistas de Video Tar, para ser más precisos. Encontramos el video en la web. “Ya estamos iniciando acciones legales, tanto civiles como penales. Porque lo que esta nota dice no condice con la realidad”, dice Payo. Esto fue en diciembre y dicho sea de paso, nadie nos ha notificado aún de la demanda.
Lo que sigue, después de varios insultos de Payo al autor de la nota y al semanario, que sí podrían ser plausibles de una demanda, fue una rectificación a medias: Payo acepta que tiene 90 hectáreas de un lote fiscal. Desde hace 30 años, dice. Lo curioso es que la acusación de Okupa no parece molestarle tanto como la de “sojero”. “No se hizo soja nunca. Criadero de chanchos. Pimientos. Choclo y siembra de maíz”, enfatiza, con molestia. Alrededor del minuto 14 de la entrevista vuelve al tema y añade: hortalizas. Y encuentra un sinónimo: porcinos, dice.
Lo interesante viene antes. Cuando trata de explicar qué pasó con esas 90 hectáreas. Dice que en el año 85 realizó un juicio de retención de posesión, “que lo ganamos contra la comunidad aborigen. No solamente yo, sino todo el cúmulo de criollos que estamos trabajando en esa zona… y que llevamos el desarrollo de esa zona. En esa oportunidad, la jueza falló a favor de todos y la comunidad se quedó con el 90% del fiscal y sólo el 10% está ocupado por criollos”, dice. Después se escucha este diálogo, que transcribimos de manera textual:
Periodista: -Ahora, usted dice que es un lote fiscal.
Payo: -Sí, sí, es tierra fiscal, es el fiscal 7, Tranquitas.
Periodista: – Porque usted dijo que hace más de 30 años que estaba ocupando esas tierras. O sea, es un lote fiscal. ¿Qué lote fiscal es?
Payo: -El fiscal 7… esto es un fiscal donde hay asentados criollos y aborígenes trabajando ahí, con total normalidad, como ha pasado en muchos fiscales de esta provincia. (Nuestros lectores pueden consultar la entrevista completa (unos 15 minutos en la web de VideoTar)
Rápidamente Payo cambia de tema: ataca a una de las fuentes consultadas por Cuarto Poder: Carlos Padilla, el hombre que lo acusó ante la justicia de ocupar esos terrenos fiscales que a mediados de 2007, el gobierno de la provincia le había cedido en comodato para que instalara allí una fábrica de ladrillos ecológicos, llamada Pacaral.
Al comenzar su ataque, Payo señala que Padilla ya lo había sindicado como okupa en ese mismo programa televisivo, hace un tiempo (aunque al parecer Payo nunca amenazó a VideoTar con iniciarles una demanda). Payo no dijo mucho sobre la disputa por los terrenos. Dijo, sí, que Padilla no llegó a ocupar parte del Lote fiscal que él dice haber ocupado antes. Prácticamente se limitó a criticar la calidad de los ladrillos: “Eso no es ecológico”, dijo. Y aventuró en tono paranoide: “Hay miles y miles de ladrillos que vayan a saber dónde están puestos, ni pensar dónde están puestos, ni pensar que hubiera casas hechas con esos ladrillos, porque eso es una emanación constante de productos de los hidrocarburos, que son tóxicos, básicamente plomo y que va contaminando. Si alguien vive dentro de esos ladrillos va a terminar con una intoxicación plúmbica gravísima”, dijo el médico que atendió por mucho tiempo a los trabajadores de Panamerican, que sí deben haber terminado con una intoxicación plúmbica gravísima.
El 24 de diciembre, el que recibió una carta documento no fue ningún miembro de este semanario, sino el mismo Payo: Padilla lo acusaba de mentir. Padilla tuvo, finalmente, el mismo espacio que Payo en el programa televisivo. Y ante las cámaras de VideoTar lo refutó con papeles en mano. Dijo que sí, que su empresa de ladrillos ecológicos tuvo una denuncia por contaminar el medio ambiente, pero que “el poder judicial de la nación se hizo cargo y después de dos años de pericias, de laboratorio, de muestreo, laboratorios y análisis yo conseguí este sobreseimiento”. “La resolución expresa claramente que lo que hacía la firma era bueno, que no había contaminación”, dijo, mientras la periodista sostenía el fallo en su mano, para que pudiera ser bien captado por la cámara. “Sobreseimiento”, se podía leer gracias al primerísimo primer plano.
Padilla indicó además que esa denuncia por contaminación la hizo la fundación “Fundesus” (Fundación para el Desarrollo Sustentable), que tenía, en aquel entonces como presidente a Enzo Russi (ver recuadro). ¿Adivinen quién era asesor y siegue siendo amigo de Russi? Pues sí: Santiago Payo. Por eso, cuando salió el sobreseimiento, Padilla no apeló porque entonces Russi había sido nombrado por Juan Manuel Urtubey como Administrador de Tierras Fiscales.
Padilla después volvió a explicar su odisea cuando intentó establecer allí una fábrica de ladrillos: a mediados de 2007 la provincia le da un contrato de comodato para establecer en el famoso lote fiscal 7 dicha fábrica. “El terreno estaba ocupado por la familia Villareal. El comodato dice que yo debo desalojar de manera pacífica. Hablo con la familia Villareal, les expreso mi inquietud, me escuchan, me atienden, y me piden que les dé un resarcimiento por el alambrado y por lo que habían hecho. Lo hago. Y consigo ese terreno. En ningún momento figuraba el senador Payo”, dice Padilla en VideoTar.
Al igual que explicó ante Cuarto Poder, Padilla detalló los motivos para iniciar su batalla legal. “Si el gobierno me presta un terreno, son bienes de la provincia de Salta, mi deber es resguardar lo que me prestan, de la mano de quién sea. Sea un usurpador, un transeúnte. Y es por eso que inicio las demandas correspondientes”, dice. Añade que presentó denuncia ante la fiscalía de estado, que debería cuidar los bienes de la provincia, pero ni se dieron por aludidos. “Quizás por ser del mismo partido, por llegar a un acuerdo de apropiarse de todo… No entiendo por qué un funcionario puede hablar mal de mí sin haberme consultado, sabiendo todo lo que ocurría… ocupan un cargo, ocupan un puesto y creen que son dueños de todo”, sentenció.
Cuestión de tiempo
Los videos nos dan a entender que el debate no es si Payo ocupa o no tierras fiscales, sino desde cuándo. Padilla sostiene que el actual senador está ahí desde 2007; el senador, que ocupa está ahí hace unos 30 años (y que no planta Soja, por supuesto), con lo cual debería ser ya propietario por posesión veinteñal.
Si bien la versión de Padilla parece más plausible, lo cierto es que la cédula parcelaria de la Dirección de Inmuebles también invalida el argumento de Payo. Sobre la matricula Nº 28479 (departamento San Martín) se puede leer, claramente, que en la columna gravámenes establece lo siguiente: “decreto 1698 de fecha 03-07-2000 relevamiento de inmuebles fiscales…prohibida su adquisición por prescripción. Zona de seguridad de Frontera”.
El amigo Russi
Fundesus (Fundación para el Desarrollo Sustentable) parece haber desaparecido de Salta (persiste, sí, una Fundación con ese nombre en Tucumán) pero todavía se puede encontrar información de Enzo Russi, en su momento eco-denunciante de Pacaral y luego encargado de las Tierras Fiscales de la provincia (cargo que dejó de desempeñar hace un año o dos). Russi, al parecer, también fue representante de Maxi Petrol, al menos así se presentó él mismo en 2010 ante una comunidad indígena, a la que trató de convencer, más por las malas que por las buenas, de que dejaran que la petrolera, a la que representaba, hiciera excavaciones en las tierras de estas comunidades.
En 2010, el sitio Observatorio Petrolero Sur presentó, un informe titulado ¿“Efectos colaterales” del modelo extractivista?, en el que denunciaron acoso a pobladores, firma de acuerdos usurarios y la conformación de una asociación ilícita a fin de avanzar en la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en Salta. Por esos párrafos anda Russi, ya no muy ecologista que digamos.
El artículo señala que el comienzo de actividades exploratorias en los departamentos salteños General San Martín y Rivadavia, a principios de 2010, trajo aparejada una serie de denuncias de comunidades indígenas que sufrieron el acoso de permiseros, representantes de las empresas. Dice que estas personas los instaban a firmar acuerdos por los que autorizaban el ingreso de las empresas a los territorios comunitarios y se comprometían a no entorpecer los trabajos; a cambio, las compañías realizarían aportes -en dinero y especies- por la ocupación y uso del espacio y en resarcimiento de los daños que ocasionaran. “Según los abogados de los wichí, son “acuerdos usurarios” que no guardan relación alguna con lo que establece la ley”, dice el artículo, que resalta otro factor previsible: la inacción de diferentes agencias del Estado ante los requerimientos de las comunidades afectadas.
Los abogados que defendieron a las comunidades resaltaron “la estrecha relación de funcionarios públicos con el sector privado y el uso intimidatorio de las fuerzas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de los proyectos extractivos”. Los letrados sostuvieron que existían los elementos suficientes para afirmar que se trata de una “asociación ilícita”.
El abogado Carlos Iriarte, entonces representante legal de finqueros y comunidades wichí resaltó la amplia zona gris que se extiende entre la función pública y los intereses privados. “La actividad hidrocarburífera tiene un alto grado de intervención política, gubernamental, porque de alguna u otra manera las autoridades provinciales están ligadas, directa o indirectamente, a la actividad petrolífera. Con la concesión de las áreas secundarias, el Estado provincial genera mecanismos de participación con las empresas petrolíferas”, dijo.
Y allí aparece el vice gobernador Andrés Zottos y también Enzo Russi. La abogada Sarah Esper, quien trabaja con Iriarte, declaró: “Supimos, por intermedio de algunos caciques [del Lote 4, ubicado en cercanías de Tartagal], que llegaron a un acuerdo a través del ingeniero Enzo Russi [ex director de Tierras Fiscales de la provincia], quien se dice apoderado de Maxipetrol, e Indalecio Calermo, que se dice presidente del Lote 4. Arreglaron entregarle 7.500 pesos a cada una de estas [18] comunidades, en dos o tres pagos”, relata la abogada Sarah Esper.
“Eso es delito de usura directamente, porque es aprovecharse de la inexperiencia y el estado de necesidad de esta gente para negociar por dos mangos”, denuncia. Según la letrada, esos montos no guardan relación alguna con lo que establece la legislación aplicada a la actividad hidrocarburífera.
El artículo detalla, con mayor precisión, las maniobras de petroleras y funcionarios/empleados para quedarse con las tierras de las comunidades.
