Un proyecto de ley buscaba eliminar las remuneraciones para los representantes del Estado en el Observatorio de Mujeres y el Comité contra la Tortura para optimizar el gasto público en Salta.
Leona Del Monte
Un revuelo interno en el microclima legislativo que no termina de abordar los verdaderos problemas de la sociedad salteña ocurrió esta semana en la Cámara baja provincial. Diputados trataron una modificación clave a las leyes 7.863 y 8.024 para que los miembros designados por los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo en organismos de Derechos Humanos cumplan sus funciones sin percibir salario estatal adicional.
Como la medida fue criticada principalmente por las directoras del Observatorio quienes está vez sí pusieron el grito en el cielo porque le iban a quitar sus sueldos los diputados tuvieron que salir a decir que el proyecto no era lo que habían presentado.
La iniciativa del bloque Todos por Salta respondía inicialmente a la necesidad de austeridad administrativa ante el contexto económico actual de recursos limitados, justificaron.
El proyecto establecía que quienes representen a las instituciones públicas en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y en el Comité de Prevención de la Tortura deberán ejercer sus cargos de forma ad honorem.
Además, se proponía derogar las incompatibilidades actuales para que estos miembros puedan mantener sus actividades privadas o académicas remuneradas mientras desempeñan su labor institucional.
El nuevo esquema aprobado establece que cada poder u organismo deberá afrontar con sus propias partidas presupuestarias las remuneraciones de las personas que designe. Así, para el caso del Observatorio el Poder Ejecutivo financiará a quienes representen al Ejecutivo, a la Universidad Nacional de Salta y a las organizaciones sociales; mientras que el Poder Judicial, el Senado y la Cámara de Diputados deberán pagar a sus propios representantes.
El observatorio cuestionado
Aunque en sus misiones el Observatorio de violencia contra las mujeres nació como pedido de base de organizaciones de mujeres y militantes, en la práctica el organismo se convirtió en un espacio de pocas captado por determinados espacios políticos que logran poner como directora a una mujer de su espacio. Aunque se diga que son elegidas por concurso. El mejor ejemplo de esto es que a más de cinco años por judicialización y conflictos internos de las organizaciones de mujeres la representante por las organizaciones sociales no pudo asumir, por lo que se encuentra sin una integrante.
El debate sobre el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVCM) en la 9° Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de Salta se centró principalmente en la intervención del organismo, la necesidad de transparencia y la eficiencia en el uso de sus recursos.
Los legisladores discutieron si esta medida era necesaria para “ordenar” la institución o si representaba un avance sobre la autonomía de un ente autárquico.Varios diputados señalaron que, a pesar de los años de funcionamiento y del presupuesto asignado, los índices de violencia de género en la provincia no han mostrado una disminución significativa, cuestionando la utilidad de los informes producidos.
Transparencia y Auditoría
Se argumentó que el Observatorio se había convertido en un espacio con falta de rotación y poca claridad en el manejo de fondos. La intervención se planteó como una herramienta para realizar una auditoría profunda y reorganizar su estructura. Algunos legisladores sostuvieron que el OVCM debe dejar de ser puramente estadístico para pasar a tener un rol más activo en el diseño de políticas que realmente protejan a las mujeres.
Se expresó preocupación por que la intervención pudiera politizar un organismo que debe ser independiente para controlar y observar las políticas del propio Ejecutivo. Algunos sectores críticos sugirieron que la intervención podría ser un paso previo al vaciamiento de las políticas de género en el marco de ajustes presupuestarios.
El debate concluyó con la postura mayoritaria de que el organismo requiere una reingeniería institucional para que su trabajo tenga un impacto real en la seguridad de las mujeres salteñas, enfatizando que “no se puede seguir haciendo lo mismo si los resultados no cambian”.
