Diputados solicitaron se garantice el funcionamiento efectivo del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en tiempos de recortes y tijeretazos del gobierno.

 

En el desarrollo de la decimos séptima sesión, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Declaración referido a la educación sexual.

Después de dos semanitas de vacaciones los diputados volvieron a trabajar en lo que fue la 17º Sesión Ordinaria, presidida por el titular del Cuerpo, Esteban Amat Lacroix, junto a la vicepresidenta segunda, Gladys Paredes, acompañados por el secretario Legislativo, Raúl Medina, el secretario Administrativo, Gastón Galíndez; además del prosecretario Legislativo, Pedro Mellado, y la prosecretaria Administrativa, Margarita Vega.

Los diputados aprobaron un proyecto de Ley, cuatro proyectos de Declaración, más un paquete de 26 proyectos de Resolución y Declaración.

Entre ellos un Proyecto de Declaración por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial y los legisladores nacionales por Salta, realizar gestiones ante la Secretaría de Salud de la Nación para garantizar el funcionamiento efectivo del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, amparado por la Ley Nacional Nº 25.673, fundamental para la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

La Ley Nacional Nº 25.673, es clave para la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS), la reducción de la mortalidad materno-infantil, la prevención de embarazos no intencionales, y el acceso equitativo a métodos anticonceptivos gratuitos. Además, contempla la atención integral de la salud sexual y reproductiva, el fortalecimiento de capacidades profesionales en el ámbito sanitario y la inclusión de acciones específicas frente al VIH/SIDA, entre otros objetivos esenciales.

El 30 de octubre de 2002 se sancionó en nuestro país la Ley Nº 25.673 para la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud.

Es importante recordar que la Salud Sexual no había tenido antes de esa fecha un lugar de semejante envergadura en el Ministerio de Salud de la Nación. Antecedieron a esa Ley algunas leyes provinciales que, desde 1986, se sancionaron en diferentes provincias llevando la garantía de este derecho a la población de esas jurisdicciones.

Entre los fundamentos esgrimidos para la Ley de Creación del Programa, cuando recién asomaba el Siglo XXI, podemos señalar:

El reconocimiento al derecho de todas las personas a tener fácil acceso a la información, Educación y servicios vinculados a su salud y comportamiento reproductivo.

Que la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos.

Que, estadísticamente, se ha demostrado que, entre otros, en los estratos más vulnerables de la sociedad, ciertos grupos de mujeres y varones ignoran la forma de utilización de los métodos anticonceptivos más eficaces y adecuados; mientras que otrxs se encuentran imposibilitados económicamente de acceder a ellos.

Declaración de agrado

La diputada Gladys Paredes, autora del proyecto, remarcó la urgencia de garantizar el cumplimiento efectivo de esta normativa nacional, advirtiendo que su falta de aplicación compromete seriamente la salud pública. En este sentido, destacó que el acceso a servicios y a información en salud sexual y reproductiva constituye un derecho fundamental que debe ser protegido.

Asimismo, la legisladora alertó sobre el impacto negativo de los recortes presupuestarios nacionales en programas sanitarios claves, y subrayó la necesidad de sostener y fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención primaria y secundaria. Al respecto, hizo referencia al preocupante aumento de casos de VIH y otras ETS, insistiendo en la imperiosa implementación de esta norma por su impacto comunitario, y llamó a actuar con celeridad para evitar diagnósticos tardíos y frenar la propagación de estas enfermedades.

A su turno, el diputado Juan José Esteban respaldó el proyecto afirmando que “la salud sexual no es un lujo, sino un derecho humano básico”, y expresó su preocupación por el creciente deterioro en el acceso a servicios esenciales garantizados en el marco de estos programas y normativas nacionales, especialmente en los sectores más vulnerables como adolescentes y jóvenes. También advirtió sobre el aumento de casos de VIH, como también de sífilis congénita en embarazadas, lo cual evidencia la necesidad de aplicar con urgencia la Ley 25.673.

Por su parte, la diputada Griselda Galleguillos destacó la importancia del abordaje de la salud sexual y reproductiva, a la vez que enfatizó en el compromiso conjunto del Estado en todos sus niveles y de la sociedad civil para la prevención de las ETS. En esa línea, ponderó el rol de la concientización, la educación sexual integral y las políticas públicas preventivas.

En consonancia, el diputado Santiago Vargas señaló el preocupante aumento de casos de ETS en el interior provincial, y sostuvo que es indispensable abordar esta problemática y lo crucial de estos programas para el abordaje desde una perspectiva sanitaria integral e interdisciplinaria estratégica para la sensibilización, concientización y acceso efectivo a la atención de toda la población.

El proyecto de Declaración, de autoría de la diputada Gladys Paredes, fue aprobado por unanimidad.

Caída de distribución de insumos

De acuerdo con los números publicados por el Estado nacional, la distribución de insumos y tratamientos del programa (preservativos, anticonceptivos de corta y larga duración, y medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-) sufrió una caída del 64,1% si se compara el tercer trimestre de 2023 con mismo periodo de 2024.

Los datos surgen de informes que publica el Ministerio de Economía en forma trimestral.

La distribución de preservativos -el único método que a la vez evita embarazos no deseados y protege del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual- se redujo de 4,4 millones a 2,4 millones de unidades; esto es: se registró una caída del 45,5% entre el tercer trimestre de 2023 y mismo periodo de 2024.

La asistencia en salud sexual y reproductiva, que incluye la entrega de anticonceptivos inyectables y orales, también se redujo en este lapso de tiempo: pasó de 4,9 millones a 2,3 millones de tratamientos entregados entre 2023 y 2024, lo que significa una baja del 53,9%.

De los métodos anticonceptivos de larga duración para las adolescentes -como los implantes subdérmico, que se reparten en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA)– también hubo una disminución: pasaron de 50 mil a 21 mil. Esto significa, un 57% menos.

Sin embargo, la reducción más importante se dio en la entrega de los medicamentos para la IVE, como el misoprostol y la mifepristona, un derecho establecido por la Ley 27.610. En 2023 se entregaron 106.737 y en 2024 ninguno. En ese caso la caída fue del 100%.