Por pedido de dos empresarios estadounidenses, la Secretaría de Ambiente de la provincia prepara los trámites para legalizar el desmonte de 12 mil hectáreas en el norte. Con la anuencia de todos los gobiernos, los magnates gringos consiguieron permisos para arrasar con más de 18 mil hectáreas de bosque nativo. Los antecedentes de Quebracho Colorado S.A. y sus lazos con el poder político.
Kim Im Porta
A 17 años de la sanción de la Ley de Bosques y del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el festival de autorizaciones para el desmonte no pisa el freno en Salta. El próximo 18 de octubre en la localidad de Orán se llevará a cabo la audiencia pública convocada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, para autorizar el cambio de uso del suelo (léase desmonte) de 11.955,92 hectáreas para fines agroganaderos.
La firma solicitante es Quebracho Colorado S.A. de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel. La empresa cuenta entre sus antecedentes con una grave denuncia en 2013 por un desmonte que afectó a las comunidades wichi de El Traslado, Pozo El Bravo y Desemboque. También protagonizó en 2007 un escándalo por tierras con pequeños productores de Tolloche, donde la firma adquirió cerca de 10 mil hectáreas. Según consta en el Boletín Oficial, la empresa Quebracho Colorado S.A. realizó varios pedidos de desmontes en la provincia por más de 68.000 hectáreas, de las cuales ya arrasó más de 17.200 hectáreas.
La nueva audiencia llega en un contexto en el que la legislatura analiza un nuevo mapa de ordenamiento territorial que, para muchos, representa una flexibilización de las condiciones actuales a favor del desmonte. Varias organizaciones afirmaron que el mapa propuesto extiende la posibilidad de desmontar 721.568 hectáreas. También argumentaron que el desmonte de áreas que fueron recategorizadas generó una situación en la que los responsables de esa deforestación quedan en impunidad, premiando así conductas ilegales y de mala fe de modo desigualitario y contrario a derecho. De esta forma, las hectáreas desmontadas podrían quedar como de “bajo valor de conservación”, blanqueando la tala ilegal y sellando la impunidad de los desmontadores.
Antecedentes
La más reciente solicitud de desmonte de la empresa norteamericana tuvo lugar en 2021. Por entonces, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta convocó a una audiencia pública para tratar el pedido para talar 5.794,77 hectáreas en la finca Chaguaral, en el departamento Orán.
Llamativamente, la Provincia consideró la posibilidad de otorgar el permiso en una zona donde ella misma avaló la puesta en práctica de un plan de conservación de la reserva de flora y fauna Los Palmares. Dicha contradicción fue destacada por el doctor en Ciencias Ambientales Andrés Leake, de la Fundación Refugio, y por la organización ambientalista Greenpeace, que en una carta destacó que se pretende desmontar “uno de los últimos macizos de quebracho colorado de la región chaqueña”. El territorio también se superponía con el Área de Gestión Territorial Integrada Los Palmares y el Corredor Yaguareté propuesto y zonificado por la Provincia.
Según se detalla en la convocatoria a la audiencia pública, Quebracho Colorado SA pidió hacer un cambio de uso de suelo con fines de agroganadería en el inmueble 30.737.
Asimismo, la firma propuso dejar 3.865,86 hectáreas “de protección y reserva” y la Secretaría de Ambiente indicó que la habilitación, el control, monitoreo y aprobación de los módulos queda supeditada a la presentación por parte de la firma de “un informe circunstanciado”.
Apellidos conocidos
La primera solicitud de la empresa, en tanto, fue la más escandalosa de todas. En julio de 2007 hubo un pedido de audiencia para la autorización del desmonte de 31 mil hectáreas en los lotes 5 y 9 de finca “El Alamo”, en el departamento Rivadavia. El solicitante en nombre de Quebracho Colorado S.A. fue Sergio Usandivaras, ex-coordinador general de Tierras y Bienes Patrimoniales de la Provincia.
Usandivaras aclaró -por entonces- que se desvinculó de la empresa Quebracho Colorado cuando asumió como funcionario en el gobierno provincial. Pero a Usandivaras lo reemplazó su hermano que trabajaba en esa firma desde 2009. En el año 2008, los medios nacionales y provinciales se hicieron eco del desmonte que ejecutó la empresa con cuatro topadoras que hicieron caso omiso de la protesta presentada por la comunidad indígena El Traslado, a la cual no se le permitió participar en el trámite previo al otorgamiento del permiso.
La firma Quebracho Colorado, además, compró en 2007 unas 10 mil hectáreas por licitación en Tolloche. Y aunque el pliego aclaraba que la empresa debía llegar a un acuerdo con los pastajeros que explotaban áreas del predio, la empresa les ofreció 50 mil pesos para que abandonen sus lotes, cuando el valor real de las tierras ascendía a 350 mil dólares.
Los pequeños productores denunciaron que supuestos testaferros relacionados con el ex-presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, el ex-legislador anteño Pedro Sández y el ex-intendente de El Quebrachal, Leonardo García, fueron los que realizaron las maniobras millonarias por las tierras que ellos ocupan desde hace décadas.
Se trata de alrededor de 4.000 hectáreas, ubicadas a la vera de la ruta nacional 16, en una zona óptima para el desarrollo de la actividad ganadera y cuyo precio ronda los 500 dólares la hectárea.
Presupuesto ambiental por el piso
El ajuste del Estado que la administración de Javier Milei repite como un mantra impactó de distintas formas dentro del Presupuesto para este año. Pese a que la Argentina decidió sostener sus compromisos ambientales en foros internacionales, internamente las partidas destinadas al ministerio de Ambiente (devenido en subsecretaría) y a Parques Nacionales se ajustaron un 40%.
Así surge de un relevamiento que hizo la Fundación de Recursos Ambientales (FARN) en los primeros seis meses del año. De acuerdo a lo proyectado, el ajuste podría llegar al 58% para fin de año por la inflación prevista en las estimaciones del Banco Central.
“El ajuste en las partidas ambientales, de gran importancia para el cumplimiento del derecho a un ambiente sano, no se justifica a partir del objetivo trazado por el gobierno nacional de alcanzar el superávit fiscal. Con tan solo el 3% del superávit generado en el primer semestre del 2024, se podrían haber sostenido los montos en términos reales tanto de las partidas ambientales como las destinadas a las energías renovables”, explicaron en FARN.
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques a fines de 2007 hasta fines de 2022 en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.
