El Gobierno Provincial ha comunicado diversas acciones, entre las cuales destaca el congelamiento de salarios en la administración centralizada, entes autárquicos y sociedades estatales. Asimismo, ha solicitado a la Legislatura y al Poder Judicial que se sumen a esta medida. Algunas entidades, como Aguas del Norte, también han adoptado esta iniciativa. Sin embargo, se ha observado un silencio significativo respecto a los salarios elevados en el ámbito jerárquico de la empresa, los cuales difieren notablemente de las remuneraciones que podrían recibir los funcionarios comunes.
Aguas del Norte vuelve a poner de manifiesto los excesos que la sumergen en la desaprobación pública. Dos cargos de gerentes generales perciben salarios de 3 millones de pesos, mientras que los gerentes rasos superan los 2.300.000. Estos montos, en medio de la crisis que atraviesa la empresa, se interpretan como un saqueo a las arcas. En este contexto, surge el interrogante sobre el salario de Ignacio Jarzún en calidad de Presidente, generando inquietud acerca de la coherencia y equidad en la distribución de los ingresos dentro de la organización.
El comienzo de una época llena de inquietudes para la población común se marcó con las decisiones del nuevo Gobierno Nacional, que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia n° 55/23 derogó casi trescientas leyes de manera abrupta. Bajo la premisa de favorecer el libre mercado, se están sacrificando muchas de las garantías que fueron establecidas durante la era kirchnerista.
Es evidente que la incertidumbre persistirá hasta que la justicia tome una decisión al respecto. Sin embargo, los abusos llevados a cabo por Javier Milei y los empresarios que lo respaldaron también se argumentan como una respuesta a los abusos perpetrados por la clase política que al gestionar empresas, ha experimentado fracasos recurrentes o incluso ha llevado a cabo acciones que han llevado al vaciamiento de las mismas.
Aguas del Norte es uno de los casos emblemáticos desde que Juan Romero decidió privatizarla para entregarla a su amigo y siempre sospechado empresario Juan Carlos Relats, el administrador de los Hoteles K.
Cuando el otro Juan, Urtubey, optó por rescindir el contrato de concesión con Aguas de Salta S.A., generó la indignación del matrimonio presidencial. No obstante, su decisión complicó aún más la situación. Estableció una sociedad anónima en la cual el estado ostenta la mayoría accionaria, reservando un fragmento para los trabajadores de la antigua AGAS estatal. Lamentablemente, estos últimos nunca recibieron compensación alguna por su participación en la empresa.
Las diversas etapas administrativas que ha experimentado la empresa continúan generando desilusión. En medio de numerosas deficiencias y carencias en prácticamente toda la provincia, los excesos en los salarios, que han sido motivo constante de controversia, resultan especialmente decepcionantes.
Aunque se trata de una empresa estatal, las autoridades parecen concebirla más como una multinacional, permitiendo así que se perciban salarios desmesurados, actitud que contribuye a acentuar las críticas y la insatisfacción en la opinión pública.
La sombra de la sospecha ha acompañado a Aguas del Norte desde la gestión de Lucio Paz Posse, quien se vio comprometido en audios ante la AFIP. En la actualidad, el Gerente General Sebastián Gomeza ostenta un salario declarado de $2.962.667,37, una cifra que resulta impactante para los usuarios, quienes luchan por hacer frente a las elevadas facturas de agua y luz.
La situación se complica aún más al descubrir que otro gerente general que percibe este mismo sueldo es Juan Bazan. Ambos están vinculados a investigaciones judiciales que lleva a cabo el Juzgado Federal.
La jerarquía salarial en Aguas del Norte revela que debajo de Gomeza y Bazan, hay otros diez gerentes cuyos salarios superan los ingresos del gobernador Sáenz, sus ministros, y los diputados y senadores. Andrés Félix Vucerakovich, al igual que los demás gerentes, percibe un salario de $2.357.679,12, generando así una disparidad remunerativa que suscita interrogantes sobre la equidad en las estructuras salariales de la empresa estatal.
Ignacio Jarsún, ligado a los afectos de Juan Romero, asumió la presidencia de la empresa este año. Aunque ha demostrado ser más activo que su predecesor García Salado, ya ha quedado envuelto en la maraña de sospechas debido a las habilitaciones que firmó a favor de grupos económicos destacados en el ámbito del desarrollo inmobiliario. Se ha mencionado la existencia de grabaciones y solicitudes que, hasta el momento, no han llegado a la instancia judicial, pero que alimentan las conversaciones y las dudas sobre sus decisiones y conexiones.
Cuando percibe de salario Jarsún como Presidente, si Gomeza que es Gerente General alcanza los tres palos en la mano? ¿Es cierto que su salario llega a los cuatro millones y medio? Además, ¿cuáles son los otros gastos cubiertos con los fondos provenientes de las facturas pagadas por los residentes de Salta? ¿Quién está a cargo de supervisar y controlar estos desembolsos?
El congelamiento de estos salarios no resolverá sin dudas, los problemas financieros de la empresa, donde también hay otras áreas de gasto descontrolado. ¿Será momento de realizar intervenciones precisas y detalladas para corregir estas deficiencias? Algun dia ¿llegará la hora de aplicar el bisturí sinceramente?
