Salta vuelve a ser noticia nacional, esta vez por el hacinamiento en las celdas provinciales. La presentación de un hábeas corpus de la Defensoría federal salteña provocó la reubicación provisoria de detenidos hasta su traslado a cárceles federales. Los presos son mujeres pobres detenidas como mulitas y consumidores.
El diario Página 12 describe la situación que llevó a que la justicia federal salteña desestime el pedido de libertad de personas hacinadas en celdas provinciales de la ciudad de Salta, en su mayoría por microtráfico de drogas. La Cámara Federal de Casación Penal revirtió dos fallos de instancias anteriores, que avalaban que presos federales fueran hacinados en la Guardia Judicial y en el Centro de Contraventores de la ciudad de Salta. Los camaristas intimaron al Ministerio de Seguridad provincial y sus pares de la Justicia federal que arbitren los “medios necesarios” para trasladar las personas encerradas en esos dos establecimientos a algunas de las cárceles federales de Salta, consigna el diario.
La decisión puso en aprietos al sistema carcelario federal salteño: las prisiones federales están llenas, aunque no saturadas; se trata de las unidades 16 y 23, que funciona como alcaidía, y el Complejo Penitenciario Federal 3 NOA, en la ciudad de Güemes, con capacidad para 400 hombres y 390 mujeres. Cuando sale algún privado de su libertad de este lugar, afirmó Sola, se traslada a otro hacinado en dependencias provinciales. El lunes, su colega Martín Bomba Royo pidió la libertad de quienes estaban en la Guardia Judicial y en el Centro de Contraventores, algunos sin siquiera estar procesados.
