Así lo señaló el defensor de la menor condenada por los Jueces de la Sala VI y acusada de ser la única persona que asesinó a la docente Rosa Sulca en Villa Mitre. Falta de pruebas, negligencia estatal y carencia de pertinencia jurídica.
Por Andrea Sztychmasjter
Foto Diego Chalom
Una llamada al 911 pidiendo auxilio, un audio después difundido es la prueba más contundente dijo el Fiscal penal UGAP Leandro Flores, para acusar, imputar y señalar que la menor A.S.S -de 17 años (al momento del asesinato de Sulca)- sea declarada penalmente responsable del delito de homicidio calificado por criminis causae.
El audio sitúa a la menor en la escena del crimen, la coloca como conocedora del peligro que corría Sulca. La joven aceptó haber entrado a robar, pero no se reconoció como la asesina de la docente. ¿Hubo alguien más en la vivienda? Es algo que las pruebas presentadas en el juicio realizado durante dos semanas no pudieron determinar y una vez más, quedará una incógnita cuando hablamos de muertes de mujeres salteñas-
Según detalló el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), -de acuerdo al análisis de las pruebas ofrecidas y de la investigación policial y fiscal- la menor fue la única persona que ultimó con un cuchillo de su cocina a Rosa Sulca la madrugada del 28 de abril de 2020.
Los jueces de la Sala VI, Mónica Mukdsi (presidenta), José Luis Riera y Guillermo Pereyra (vocales) acordaron y concordaron con el planteamiento fiscal y este miércoles dieron sentencia contra la menor a quien declararon penalmente responsable del asesinato y ordenaron remitir copias del fallo al Juzgado de Menores de Primera Nominación.
Fiscal y jueces junto a la parte querellante representada por Pablo Tort de la Fundación Cintia Fernández (quien además había solicitado que sea condenada con el agravante de alevosía) consideraron que la menor detenida hace 4 años en la Unidad de Mujeres del Penal de Villa Las Rosas, con consumo prolongado de pasta base desde sus 11 años, con una familia disgregada que no estuvo presente en la sala de audiencias mientras era juzgada, víctima de violencia de género y que declaró que quien estuvo con ella el día del asesinato fue Pablo Exequiel Verón, su exnovio; fue la única asesina de quien había sido maestra de su hermana y amiga de su madre.
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Un abogado que pide la inimputabilidad
Análisis diferente es el que obtuvo el defensor oficial de A.S.S, Miguel Fernando Páez, al realizar su alegato: “en esta investigación se abandonó la perspectiva de género y no se reconocieron algunos derechos que se vulneraron”, dijo en alusión a la situación de su defendida antes, durante y posterior al asesinato de Sulca. Detalló que la menor el día del crimen había consumido “mucha cantidad de droga”, que estaba “sometida y sufría violencia de género” por parte de su ex pareja, imputado en un primer momento y después sobreseído.
Verón de 18 años al momento del crimen quedó detenido e imputado como coautor del asesinato. Incluso el fiscal de ese entonces, Gustavo Torres Rubelt, había agravado la imputación y lo acusaban de femicidio aunque tiempo después desestimaron la acusación fiscal y una jueza de garantías ordenó a pedido de la fiscala penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, su sobreseimiento.
Según argumentaba la representante del MPF “del desarrollo de la investigación, y particularmente, de la reconstrucción del evento, no se advierte indicio probatorio alguno que permita aseverar que el acusado haya participado en la comisión del hecho investigado”.
El abogado Fernando Páez aseguró sin embargo que el primer hecho de defensa de su imputada fue su declaración durante el inicio de audiencias de juicio. Allí la joven custodiada por cuatro femeninas del Servicio Penitenciario contó los diferentes sometimientos que sufrió por parte de Verón y denunció que en varias ocasiones la habían hecho declarar drogada.
Páez alegó que su defendida fue cambiando su declaración durante la investigación preparatoria no solo porque se encontraba drogada, algo que sigue haciendo aun detenida- denunció- sino también porque empezó a recibir contención psicológica: “recién ahí pudo reconocerse como víctima de violencia de género”, señaló el letrado.
El abogado recordó en base a la declaración de la menor que la madrugada del hecho la ahora única condenada se reunió con Verón, quien no solo la había violentado corporalmente, sino que ejercía una violencia psicológica que hacían tenerle “temor y miedo”.
Como pruebas de su pedido para que la menor sea declarada inimputable, además del consumo prolongado de sustancia adictivas, de su estado de vulneración social, económica y en su calidad de mujer y menor, el defensor alegó que de acuerdo a detalles de la autopsia efectuada a Sulca, la misma presentaba un hematoma en la zona del cráneo producido a través del golpe de quien la asesinó. Consideró como imposible que la menor con su corta estatura y su bajo peso, su contextura menuda haya podido propinarle los terribles golpes que la mujer presentaba.
Agregó que la tira de un buzo, enganchada en el alambre de la reja de la vivienda de la maestra hallada y analizada por peritos determinó que en la misma se encontraba ADN de la menor y de otra persona. “Allí había material genético de Verón”, aseguró el abogado.
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