En un acto de entrega de herramientas agrarias en La Merced estuvieron presentes dos dirigentes condenados por estafas a trabajadores rurales. Los vínculos con el intendente Javier Wayar.
El intendente de La Merced Javier Wayar presidió un acto de entrega de herramientas de trabajo para el agro en el que estuvieron presentes dirigentes con pesados antecedentes por estafa.
Las herramientas son parte del programa Banco de Herramientas del ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El proyecto consiste en la construcción de un invernadero como prueba piloto en un terreno ofrecido por el municipio.
Del acto participaron Ernesto Ojeda y Gabriela Rearte, quienes estuvieron presentes en representación de ATRES y de la Agrupación Martín Fierro respectivamente. Ambos fueron condenados por estafas reiteradas contra beneficiarios del plan Salario Social Complementario en Rosario de Lerma.
La metodología:
El primer paso en la estafa era contactar a personas en situación vulnerable, con problemas económicos, para ofrecerle un plan social del Estado nacional. Antes de otorgárselo les decían que tenían que trabajar para su gremio vendiendo rifas, cocinando y yendo a actos políticos. Si cumplían, recibían el subsidio. Pero todos los meses debían entregar $1.000 de lo que cobraban y en algunos casos el total. Si no lo hacían, los amenazaban con cortarles el beneficio.
Algunas víctimas se animaron a denunciarlo y el caso llegó a la Justicia Federal de Salta, que avanzó con una investigación que concluyó a principio de este mes. Tres gremialistas de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores (ATRES) de Salta fueron condenados a penas de prisión en suspenso y a devolver 700 mil pesos: 489 mil para las víctimas y 211 mil para un puesto sanitario de la localidad de Rosario de Lerma.
Los condenados reconocieron su responsabilidad en los hechos en un juicio abreviado en el que acordaron la pena y la devolución del dinero.
Ojeda y Rearte Ofrecían obtener el plan social “Salario Social Complementario” que da el Ministerio de Desarrollo de la Nación y bolsones de comida.
Se trata de un beneficio social que no requiere ninguna contraprestación ni intermediarios. Pero para obtenerlo antes debían trabajar para el gremio. “Los acusados obligaban a los beneficiarios de los planes sociales a realizar diferentes trabajos -cuando el propio Estado no lo hace- en provecho de la asociación (venta de rifas, empanadas, bollos, participación en marchas políticas, atender la sede, realizar campañas de afiliación, etc.)”, explicó la fiscal federal Paula Gallo en su acusación a la que accedió Infobae. Si lo hacían, ATRES tramitaba el beneficio.
Así quedó demostrado en la prueba que la Justicia obtuvo en los allanamientos a la sede del gremio y en los domicilios de los condenados. Se secuestraron celulares donde constan conversaciones de Whatsapp y cuadernos con anotaciones. También del testimonio de las personas que se animaron a declarar.
