La Justicia solicitó embargar preventivamente inmuebles, automotores y hasta el mismo sueldo del intendente Javier Wayar. Las consecuencias pueden ser aún mayores. 

La cordura empieza a restablecerse en el municipio de La Merced. Hace tiempo se había iniciado una investigación por retención indebida de haberes (recordemos que el intendente Javier Wayar dejó de darle plata al Concejo Deliberante para que los ediles opositores no pudieran cobrar sus sueldos, mientras él había nombrado como empleados del ejecutivo municipal a los concejales oficiales, que cobraban como empleados de la Muni). Esto, que parece sacado de una novela de García Márquez, es lo que sucedió en La Merced y es básicamente lo que ahora la justicia quiere corregir. 

Ahora se conoció un fallo en una causa en la que además se había denunciado al jefe comunal por incumplimiento de los deberes de funcionario público (2 hechos) y peculado en concurso real. Junto al jefe comunal también se había denunciado a los entonces concejales Pastrana, Dina Francisca; Gutiérrez, Pedro Daniel; Coreico, Daniel Jesús.

Según consta en el oficio judicial, trámite en el Juzgado de Garantías de Octava Nominación, se solicita embargar preventivamente: inmuebles, automotores y hasta el mismo sueldo de Javier Wayar.

La causa la comenzó a investigar la fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, quien imputó provisionalmente al jefe comunal por retención indebida, incumplimiento de los deberes de funcionario público (dos hechos) y peculado. Además, imputó a tres ediles como partícipes necesarios del delito de peculado.

La fiscala tomó la determinación de imputar al Intendente por incumplimiento de los deberes de funcionario público pues habría presuntas irregularidades en las transferencias al Concejo Deliberante correspondientes a los meses de diciembre 2019, enero a julio 2020 y septiembre del 2020, y habría omitido aplicar la nueva alícuota de 6,92% establecida por el art. 21 de la Ordenanza 33/18.

En cuanto a la imputación de retención indebida, según surge de la investigación, el Intendente habría efectuado transferencias presupuestarias correspondientes a diciembre 2019, enero 2020, febrero 2020, marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, julio 2020 y septiembre 2020 a favor del Concejo Deliberante, aplicando una alícuota del 4,5%, omitiendo aplicar la que correspondía según lo establecido por el artículo 21 de la Ordenanza 33/18 (modificado por la Ordenanza 02/2019), que era del 6,92%. De esta forma habría afectado nuevamente el correcto funcionamiento de la Administración Pública, en particular el del Concejo Deliberante de La Merced.

Respecto al delito de peculado, de la investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, surgió que desde cuentas bancarias de la Municipalidad de La Merced se efectuaron, en septiembre de 2020, tres transferencias de $57.081 cada una a las cuentas de tres concejales.

Por último, Salinas Odorisio imputó al Intendente por incumplimiento a los deberes de funcionario público ya que suscribió la Resolución 535/21, que aprobaba contratos de obras públicas relacionados con el concurso “Cristo de la Hermandad” habría omitido los procedimientos establecidos y exigidos por la ley 8.072, sobre el Sistema de Contrataciones de la Provincia y su Decreto Reglamentario n° 1319/18.

La Justicia  esta semana corroboró la investigación de la fiscalía y resolvió trabar embargo a las propiedades de Wayar, hasta cubrir la suma total de $3.521.772.

Este puede ser, quizá, solo el comienzo del fin. El despertar lento de una pesadilla para los mercedeños, miles de vecinos que llevan tres años sumidos en los daños colaterales de una gestión tan absurda, como corrupta.