Un nuevo y violento incremento del precio del servicio que presta Agrotécnica Fueguina salió de la cocina de Bettina Romero y el “Tordo” Nallar en medio de nuevas irregularidades. Dos resoluciones inexplicables, precios exorbitantes, un Concejo Deliberante cómplice y un Tribunal de Cuentas que mira para otro lado. Las sospechas conducen a financiamientos clandestinos de la campaña que debería pagar la Intendenta de se bolsillo.
El Orígen
Agrotécnica Füeguina lleva 24 años como concesionaria. Apareció de la mano de Juan Romero y tuvo como operador eficiente al desaparecido Angel Mariano Torres. Previo a todo, intervinieron en 1996 el municipio de Salta luego de que sospecharan de que el entonces intendente Juan Carlos Villamayor operaba a favor de otra empresa.
Allanado el camino, avanzaron durante la intervención de Enrique Tanoni y luego con la gestión de Ennio Pontussi y lograron reformular un contrato que inicialmente cubría la ciudad completa por un precio de $697.000 mensuales que eran equivalentes a dólares en la era menemista.
Una conspiración que incluyó a demasiados funcionarios favoreció a comienzos del nuevo milenio a la concesionaria que recién ganaba la licitación. Contó con comportamientos cuestionables de la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuración General Municipal y el Tribunal de Cuentas. También gozaron de elevadas dosis de impunidad en el fuero penal, que otorgaron los jueces que maniobraban según los concejos del entonces asesor legal más convincente: Alberto Raymundo Sosa.
Mientras se había pactado un sistema contractual que comprendía el total de las cuadras capitalinas para la recolección, una vez vencidos los competidores, Agrotécnica Fuegüina arguyó que no se había dado cuenta que le faltaban casi un cuarto del total de cuadras y logró cobrar por la diferencia y consolidó beneficios millonarios hasta la fecha.
Si hoy actualizamos el precio original al valor del dólar blue ($276), alcanzaría aproximadamente $192 millones mensuales, a lo que debería incrementarse un 20% más por la expansión urbana de dos décadas. Quiere esto decir que el sobreprecio de este servicio podría alcanzar casi un 30%, o más de 90 millones mensuales.
Desde otro ángulo de análisis, se arriba a la misma conclusión. La accidentada Licitación Pública Nacional Nº05/20 que tramitó la gestión de Bettina Romero concluyó con la firma del contrato de prestación del Servicio de Higiene Urbana de la Ciudad de Salta aprobado por Decreto Nº 0311/20 por la suma mensual de $152.076.002,00 con IVA incluido.
Según lo publicado por la página oficial del municipio de Rosario (Santa Fe), en 2021 se gastaron $846.403.000 en Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos y $4.288.280.000 pesos en recolección de residuos. Es decir que mensualmente pagó a las concesionarias un promedio de $428 millones para más de 948.000 habitantes que arrojan residuos con la misma despreocupación que los salteños.
En abril de 2019, la Ciudad de Córdoba pagaba mensualmente por el servicio $260.000.000 aproximadamente a pesar de contar con una población notoriamente superior a la capital salteña. Las estadísticas informan que la capital cordobesa cuenta con 1.655.481 habitantes mientras que la salteña alcanza 650.000 almas.
Las redeterminaciones se deciden en soledad entre la empresa, Bettina Romero y el “Tordo” Nallar y así aparecieron las Resoluciones Nº088/21, Nº0151/21, Nº 022/22 y Nº 090/22 de la Secretaria Legal y Técnica.
Las sospechas de siempre
Cada contratación municipal se ha convertido en el centro de especulaciones que comenzaron a adquirir alguna razonabilidad. Ya lanzada para su reelección, el aparato municipal se exprime a diario para forzar una mejora en la imagen poco amistosa que transmite Bettina Romero a sus votantes.
Pero eso no resulta suficiente según las encuestas que indican que apenas logra perforar los 20 puntos de imagen positiva, mientras que la intención de voto no alcanza a los dos dígitos.
El asalto a los bolsillos de los contribuyentes con el doble y triple cobro de los impuestos municipales le permitieron a la Intendenta recaudar más de 110 millones de manera ilegal que no fueron devueltos ni lo harán.
Los malos pensadores, o los libres elucubradores de las mesas de café, no dejan de especular que la falta de control sobre todos las obligaciones que tiene a su cargo la empresa a cargo de recolectar los residuos, como también sobre los incumplimientos de Lusal en el mantenimiento del alumbrado público tienen que ver con incentivos empresariales que podrían ayudar en la campaña que se viene.
En cualquiera de las hipótesis la intendenta merece las más agudas críticas por lo que hace o lo que calla u oculta. Lo cierto es que ambas empresas cobrar demasiado por servicios que en cualquier lugar del planeta costarían mucho menos. En los pocos lugares en donde habitan jueces y fiscales decentes, varios de los funcionarios municipales ya estarían presos.
