El intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, fue imputado junto a otros funcionarios municipales por anotar a vecinos como beneficiarios de planes sociales que nunca cobraron. El hecho podría ser apenas la punta del iceberg de la corrupción en la ciudad termal.
Uno de los mecanismos de defensa más extendidos entre los salpicados por la corrupción en Salta es la apelación a supuestos pases de factura del poder. A esta altura, alguien debería advertir a quienes son convocados por la justicia que haberse lanzado como candidatos no es un motivo válido para alegar operaciones políticas en su contra.
En el imaginario del corrupto promedio, sus acciones incomodan tanto al poder que éste responde con imputaciones, auditorías y operaciones de prensa. Días atrás, el diputado por La Candelaria, Fabio Rodríguez, intentó vincular las denuncias en su contra por retener el sueldo a una asesora con la supuesta «lucha contra el narcotráfico» que lleva adelante en su localidad. Traduciendo, para el diputado fueron los mismísimos narcos los que instaron a la joven a inventar denuncias falsas.
De igual manera, el diputado Gustavo Orozco, imputado por vejaciones y torturas, acusó al gobierno de Gustavo Sáenz de llevarlo a la justicia como respuesta a sus intenciones de ser candidato en 2023.
Una idéntica justificación encontró su coterráneo Gustavo Solís, intendente de Rosario de la Frontera, para explicar los allanamientos y detenciones en el municipio que comanda. El dirigente de cualidades camaleónicas (fue romerista, olmedista, saenzista y frentedetodista) aseguró que su gestión cuenta con la aceptación del 70% de los vecinos de la comuna del sur provincial, por lo que buscará la gobernación a pesar de las causas en su contra.
Pero el extremo de las justificaciones ridículas tuvo lugar en 2018, cuando estalló el escándalo por el cobro irregular de planes sociales y la inscripción de beneficiarios truchos, causa por la cual fueron imputados varios funcionarios municipales.
El encargado de darlas fue el ex-secretario de Gobierno y actual senador provincial, Javier Mónico. Para el ex-funcionario, las supuestas «operaciones» tenían que ver con que días atrás el intendente había inaugurado un cine. Textualmente dijo: “Lo veo, sin temor a equivocarme, desde un punto de vista político. Venimos de un fin de semana con muchísima actividad que se recuperó el Cine Teatro Güemes que ha tenido una gran aceptación en todos los rosarinos».
Tardías imputaciones
Al menos cuatro años de investigación fueron necesarios para que el fiscal Oscar López Ibarra considerara que el escándalo de los planes truchos de Gustavo Solís ameritaba un par de imputaciones. El requerimiento de juicio llegó recién el pasado jueves, un día después de que se allanara el edificio municipal de Rosario de la Frontera en busca de elementos de convicción.
Matías Tomás Antonio Iturre (secretario privado de Solís), Orlando Rubén Cárdenas (jefe de Pagos), Silvia Carolina Solís Mónico (secretaria de Hacienda y hermana de Solís que además fue detenida) y Antonia Silvia Acosta (Tesorera) fueron imputados por asociación ilícita, falsedad de instrumento público y peculado. Por su parte, José Luis Feres, Juan Alberto Saldaño, y Gustavo Alfredo Villagrán fueron señalados como partícipes necesarios; mientras que el jefe comunal fue imputado como presunto jefe de la banda.
En los fundamentos del fiscal se alude a maniobras fraudulentas descriptas en detalle por este medio en octubre de 2018, cuando una serie de grabaciones que involucran a Solís y a su hermano «Pepe» salieron a la luz. En ellas se escucha a los consanguíneos diagramar las acciones para concretar la inscripción irregular de vecinos en el plan «Salta Solidaria»: «Yo necesito gente y fotocopias de los documentos», exclama el intendente. A lo que su hermano responde. «Si ¿De cuánta gente le vas a sacar?».
El ida y vuelta continúa:
-«Y bueno… nosotros, como te decía, gastaremos en cuarenta suponete».
– «Si querés que le saquemos más, le sacamos».
– «No, vos sacame, escuchame, la fotocopia del documento y el lunes le damos, le hacemos cheque y lo recuperamos».
Más adelante, Pepe interroga: «¿Cuánto nos corresponde a cada uno de nosotros?». A lo que Solís responde: «Como 15% de lo recaudado».
Salta Solidaria
No se conoce a ciencia cierta la cantidad de beneficiaros truchos que componen la usina fraudulenta de Solís, pero serían una porción de los 1500 destinatarios que el programa «Salta Solidaria» tiene registrados en el Ministerio de Trabajo.
Se trata de un viejo convenio entre la provincia y los municipios para otorgar una ayuda social a los más necesitados a cambio de contraprestaciones de servicios por 3 o 4 horas diarias. Para lograr el alta en el beneficio, los postulantes debían presentar fotocopia de DNI y número de CUIL. Nada muy difícil de conseguir para el entorno de Solís; ya que, lo primero puede estar en posesión de la administración municipal por cualquier trámite administrativo que hayan realizado los vecinos y lo segundo puede averiguarse fácilmente en Internet. Aun así, para concretar la operación era necesario contar con la firma de los supuestos adjudicatarios, escollo que los Solís-boys supieron resolver nada menos que falsificando —o mejor dicho— inventando firmas.
Ricardo Moyano, uno de los falsos agraciados, exhibió una serie de recibos que lo mostraban como beneficiario del plan por sumas de $1800 y $2100 mensuales, dinero que nunca percibió. El zafarrancho era tal, que incluso su firma aparece en el recibo de pago de otro beneficiario.
El escándalo propició el inicio de una investigación por parte del concejo deliberante de Rosario de la Frontera. Se avanzó particularmente en esa instancia debido a que los pedidos de informe por parte de los ediles fueron ninguneados una y otra vez por el intendente rosarino. El órgano deliberativo de la localidad termal había pedido la conformación de una comisión investigadora en 2017 pero el ejecutivo —y el bloque alineado con Solís— rechazó esa posibilidad. La compulsa llegó finalmente hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fiscal López Ibarra, además, pudo detectar el faltante de una importante cantidad de dinero y la confección de documentación apócrifa, con la cooperación en algún caso, de terceros que facilitaban el cobro del dinero del sistema bancario.
En los fundamentos, el fiscal da cuenta de una «situación de permanencia en el tiempo, de regularidad de conductas, miembros y acciones dirigidas a un objetivo común, siendo la realización de distintos hechos ilícitos indeterminados y necesarios para la extracción de los fondos públicos para su beneficio o de terceros».
Nico Áridos
Pero el escándalo de los beneficiarios truchos no es único que asoma en el robusto legajo de Solís. En 2020, una serie de órdenes de compra libradas por la municipalidad salieron a la luz dejando en claro que la transparencia nunca fue una cualidad de su gestión.
Una serie de facturas gemelas con montos que iban desde los $201.000 a los $940.000 pusieron sobre la mesa el vínculo entre el municipio y la empresa Nico Áridos, domiciliada en La Merced.
los informes de AFIP correspondientes a las facturas en cuestión indican que el CAI no corresponde al contribuyente, que no tiene una dirección existente y que, en definitiva, no existe.
En cuanto a la propietaria de la empresa, Mirta Verónica Corimayo, el sistema apunta que «no es confiable» y que está dada de baja del sistema. A eso se suma que, en los registros oficiales, no figura ningún movimiento ni actividad relacionada a «Nico Áridos» desde el año 2008.
Uno de los contratos por el cual se pagó una factura fue concretado en 2017 y la obra fue realizada en el mismo año; no obstante, el comprobante en cuestión está fechado en enero de 2016, algo a todas luces irregular.
Solís, el insol(v)ente
Solís dirigió dos empresas contratistas de obra pública antes de ser intendente: El Portal Obras y Servicios e Isidro Solis. A esta última renunció seis días antes de asumir como jefe comunal.
El Portal Obras y Servicios, en tanto, está señalada como una empresa subcontratada por la metanense Conta SRL, para la realización de un tramo del gasoducto del NEA con una extensión de 215 kilómetros en el Chaco. Conta SRL -una de las empresas más favorecidas durante la gestión de Juan Carlos Romero- a su vez, integró una Unión Transitoria de Empresas -UTE- con UCSA y Chediak, una de las empresas de Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Macri.
Sin embargo, la imagen de emprendedor triunfante que supo construir para fundamentar sus aspiraciones políticas, contrasta fuertemente con los registros públicos oficiales que dan cuenta de deudas millonarias con diferentes entidades bancarias, muchas de las cuales, fueron asumidas como «incobrables».
Un reporte del Banco Central de la República Argentina al mes de abril del 2016 asigna al jefe comunal un par de deudas por casi $580 mil con el Fideicomiso Privado FNP1 que opera con el Banco Galicia y por casi $245 mil con el Banco Francés. Además, detalla una veintena de cheques rechazados por falta de fondos o defectos formales (sobre algunos se registran pagos de multas, pero no la cancelación total) por más de $620 mil. Todo eso a valores de 2016.
Afanamos, pero poquito
Como bien se sabe, la preocupación general desatada por la eventual candidatura a la gobernación de Solís sólo existe en la imaginación del alcalde rosarino. Tal vez eso explique su intento de victimización en el que apuntó directamente al Ministerio Público Fiscal.
En una entrevista radial reciente, el hombre de los planes truchos aseguró: «vende más para un fiscal tener imputado a un intendente, que tener imputado a un funcionario que ya no está». Palabras más, palabras menos, para el jefe comunal, los fiscales están de campaña y claramente imputarlo garpa. «Esto está lindo para ellos, levanta el copete aparentemente.. a los fiscales», remató.
Lo curioso es que, a pesar del señalamiento, el intendente reconoce que los hechos existieron. Pero ¡ojo! era poquita plata. «¿Sabés de cuánta plata estamos hablando? de 140 mil pesos. Son 140 mil pesos, o sea nos quedamos 20 mil cada uno», disparó.
Consultado sobre si hace un mea culpa sobre lo ocurrido, se limitó a decir: «me equivoqué en poner a un funcionario. Yo pensé que era una persona honesta y no lo era. Y también en firmar una orden de pago. Ahora trato de no firmar nada, solo las resoluciones», concluyó.
