Las estadísticas del ministerio de Seguridad reflejan un aumento del delito en Salta y, para contrarrestarlo, el exmilitar Juan Manuel Pulleiro propone sumar 3 mil uniformados. Mientras la desprotección reina en los barrios, el estado provincial no escatima recursos para la represión. ¿Realmente faltan efectivos en Salta?
Por Nicolás Bignante
Una serie de hechos y crímenes violentos suscitados recientemente abrieron interrogantes sobre el crecimiento de la inseguridad en Salta y surgieron nuevos señalamientos hacia la gestión del coronel Juan Manuel Pulleiro. El ministro de Seguridad fue convocado por los senadores a participar de un plenario en el que se presentó el estado de situación de la cartera y se brindaron algunas estadísticas provinciales. Además de un lógico aumento en el número de intervenciones (los datos se toman en comparación con el año pasado, atravesado por el aislamiento), sobresalen algunas cifras vinculadas a la disposición de los recursos y al aumento de la conflictividad social.
Aunque no supo precisar los motivos ni ahondó en mayores especificaciones, Pulleiro sostuvo que en 2021 se registró un «menor nivel de tolerancia y mayor nivel de violencia». Una abstracción que, a su juicio, se vio reflejada en las casi 150 mil actuaciones contravencionales y que relacionó a la «conflictividad social». De ese número, alrededor de 73 mil tuvieron que ver con desorden en la vía pública, mientras que 47.000 actuaciones se dieron por casos de violencia familiar o de género y 26.600 por causas relacionadas al consumo de alcohol.
El justificativo de Pulleiro para destinar semejante cantidad de recursos al despeje de bebedores o a la prevención del vandalismo fue que, en muchos casos, las contravenciones derivan en la comisión de delitos. Para ilustrar esta realidad puso como ejemplo el caso de Nahuel Vilte, aunque fue en ese hecho puntualmente donde quedó plasmada con mayor claridad la ineficiencia del estado en la asignación de recursos.
En contrapartida, los delitos contra la propiedad (hurtos, robos, motochorros) ameritaron la intervención policial en 32 mil oportunidades, lo que implica un aumento del 13% en relación a 2020. Los homicidios, en tanto, contabilizan 50 desde enero y 11 de ellos fueron femicidios. El último tuvo lugar en Coronel Moldes cuando una adolescente de 17 años fue asesinada por su ex pareja mientras caminaba rumbo al colegio. Los vecinos y familiares de la víctima puntualizaron en la ausencia de personal policial en el pueblo y en el hecho de que el femicida tenía denuncias y hasta una perimetral que le impedía (teóricamente) acercarse a la víctima.
Pero, ¿cuál es la realidad?, ¿Faltan policías en las calles tal cual asegura Pulleiro?, ¿Qué nos dicen las estadísticas presentadas por el ministro al respecto? Véase: Según remarca el informe, la fuerza policial cuenta actualmente con 11.100 agentes, de los cuales 7800 se encuentran «operativos». A esto agregó Pulleiro que hay aproximadamente 2000 efectivos que se encuentran con carpeta médica, lo que además reconoció como un «exceso». Otros 400 están con trámite de retiro, un centenar desempeña funciones en otros organismos y existen al menos 600 consignas policiales por violencia de género que involucran a un número superior de agentes para garantizar la rotación.
Más policías ¿Más seguridad?
Así y todo, a entender del ministro, la efectividad de la fuerza no se lograría asignando mejor los recursos, garantizando una mejor formación de los efectivos, ni poniendo a laburar al 20% del personal que se encuentra de licencia. Para el ministro son necesarios al menos 3 mil agentes más en las filas de la institución azul. Según sus propias palabras, «para cubrir el nivel actual de demanda, lo ideal sería llegar a los 14.000 efectivos».
El razonamiento del exmilitar contradice hasta los más elementales estándares internacionales y redunda en el simplismo de que, a mayor cantidad de policías, mayor seguridad. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que lo óptimo para garantizar la seguridad de las personas son 3 policías por cada mil habitantes. Los 7800 policías de Pulleiro que se encuentran «operativos» se reparten en una población de 1.406.000 personas según las proyecciones del INDEC para este año. Es decir que la provincia cuenta actualmente con 5,4 policías por cada mil habitantes, casi el doble de lo que recomienda la ONU. Si a ese número se lo eleva a 14 mil, tal cual pretende el ministro, la ecuación arroja 10 policías por cada mil habitantes o el triple de lo que recomienda Naciones Unidas. Un verdadero estado policial.
A nivel nacional, el promedio es de 5,58 uniformados por cada mil habitantes, lo que ubica a Argentina entre los primeros países del mundo en cuanto a cantidad de azules. El podio mundial está integrado en primer lugar por Ciudad del Vaticano, Mónaco y Bahamas. La ciudad de Buenos Aires, en tanto, es una de las más militarizadas del mundo con 8,7 efectivos por cada mil habitantes.
La provincia de Salta incluso supera ampliamente en proporción de uniformados a países considerados «seguros». El promedio de la Unión Europea es de 2,5 policías por cada mil habitantes según la ONU. En Estados Unidos esa cifra llega a 2,8 por cada mil y en Suecia hay seis veces menos policías por cada mil habitantes que en Salta (0,9/1000).
Sin escasez para la represión
La otra cara de la moneda se refleja en los descomunales operativos que la cartera de Pulleiro pone al servicio del combate a la «conflictividad social», tal cual la denomina. Ejemplos significativos se dieron durante las brutales represiones a maestros en Casa de Gobierno y la reciente cacería de 60 manteros que protestaban en el microcentro. En ningún caso la disposición de efectivos fue un problema. En el operativo de detención compulsiva de vendedores ambulantes el número de agentes igualaba o superaba al de manifestantes. En la previa de la vuelta del público a las canchas, se informó de manera preliminar que asistirían como máximo 2 mil hinchas y que se dispondría de mil efectivos para el operativo. A las pocas horas se dio marcha atrás con la medida evitando así un papelón colosal.
A la fecha, según Pulleiro, se contabilizan 98 cortes de calles por protestas, de los cuales el 75% ocurrieron en la Capital y 388 cortes de ruta, de los cuales el 65% se localizan en los departamentos de San Martín y Orán; además de un total de 1.950 manifestaciones.
A la luz de los resultados, queda en evidencia que la cantidad de efectivos en la calle no está relacionada con mayores índices de seguridad. Por el contrario, lo que va en aumento son las denuncias radicadas por abusos, vejámenes y maltratos. Durante el primer trimestre del año, la fiscalía de Derechos Humanos recibió 800 denuncias vinculadas a alguno de estos delitos. El año pasado, al menos media docena de personas sufrió la pérdida de un globo ocular como producto de disparos con postas de goma. A pesar de todos estos cuestionamientos el gobierno provincial insiste en amparar y sostener una de las peores gestiones en materia de seguridad de los últimos años.
