Durante la sexta movilización realizada en el marco de Ni Una Menos, la consigna por una justicia que incorpore la perspectiva de género de manera transversal embebió toda la movilización en Salta, también apuntaron contra las políticas estatales insuficientes para frenar la escalada de violencias. Andrea Sztychmasjter
Sin la participación de organizaciones oficialistas como Nuevo Encuentro y Mumalá se llevó a cabo una nueva movilización en Salta como desde hace seis años. Una nutrida convocatoria se realizó pese a la pandemia y estuvo protagonizada por organizaciones de izquierda en su mayoría.
La marcha que partió desde plaza 9 de julio hasta la legislatura provincial estuvo encabezada por familiares víctimas de femicidios. En primer lugar estuvieron amigas de Jimena Salas, el padre de Luján Peñalva y familiares de Agustina Nieto, mujeres asesinadas brutalmente y crímenes que siguen impunes.
Las organizaciones denunciaron a la “Justicia como garante y sostenedora de la impunidad”. «El Estado, la justicia y los gobiernos son responsables”, repudiaron las organizaciones que convocaron a una jornada para repudiar la impunidad de los poderes del estado frente a la violencia de género. Como cada año también se movilizaron en repudio a las violencias que siguen perpetuadas por los poderes del estado, que continúan propiciando la impunidad para con los femicidas ya denunciados y la nula acción de los efectores de justicia.
Fiel reflejo de ello son las denuncias que realizara la joven profesora de inglés Paola Tacacho asesinada por su acosador en Tucumán y de quien ya había alertado en diferentes oportunidades sin que los jueces tengan en cuenta el peligro que su vida corría.
Las mujeres repudiaron que pese a realizar masivas movilizaciones desde hace seis años, los estados nacionales y provinciales no han estado implementado políticas serias para frenar la escalada de violencias
Femicidios impunes
Otro caso testigo para ejemplificar la nula acción de los y las funcionarias judiciales e investigadores del Ministerio Público Fiscal son los casos impunes de Jimena Salas y Luján Peñalva. En el primero pese a que recientemente se llevó a cabo un juicio, a más de cuatro años no se sabe ¿Quién y por qué la mató?.
Mientras que en el caso de Peñalva la Vocal N° 2 de la Sala VI del Tribunal de Juicio, Dra. Mónica Mudsky, decidió enviar a archivo como «suicidio» el caso de Luján Peñalva y Yanina Nuesch. Además, rechazó el pedido de la familia para realizar un estudio pericial en Estados Unidos y ordenó la devolución «definitiva al Sr. Gustavo Nuesch del CPU secuestrado en su domicilio».
La jueza Mudsky descartó que el crimen contenga encubrimientos y exculpó al ex gobernador Juan Manuel Urtubey por sus “apresuradas” declaraciones afirmando desde el minuto 1 posterior al hallazgo de los cuerpos, que ambas se habían suicidado: «No puede desconocerse la mediatización que tuvo la desaparición de ambas jóvenes en orden a lograr dar con su paradero y el despliegue de gran cantidad de procedimientos policiales y rastrillajes a tal fin y, en este contexto, no es cuestionable que la máxima autoridad de la Provincia haya efectuado expresiones sobre este hechos que eran de gravedad y de interés público, más sobretodo en las circunstancias en que se buscaba a Yanina y Luján que estaban desaparecidas, aunque presuntamente con vida, considerando la preocupación por esa situación. No obstante, los dichos prematuros, resultaron al menos desacertados, más allá que la circunstancia del suicidio de las jóvenes fuera confirmada por el Juzgado de Instrucción al disponer el archivo y posteriormente, también por el Tribunal de Impugnación, dando lugar a la parte querellante a sostener en varias oportunidades el direccionamiento de la investigación hacia el suicidio por intereses políticos tratando de instalar la idea de encubrimiento», explicó Mudsky.
Salta sigue con los peores índices
Como desde hace años Salta sigue encabezando las estadísticas a nivel país de provincias con mayor cantidad de femicidios. De acuerdo con el informe de la Oficina de la Mujer, de la Corte Suprema de Justicia siete provincias tuvieron una tasa mayor que el promedio nacional: Jujuy (2,82); Tucumán (2,10); Chaco (1,97); Salta (1,53); Misiones (1,43); Santa Fe (1,38); y Corrientes (1,23). Aunque en algunas de ellas sucedieron pocos casos, el número es alto porque en la población de esos distritos hay menos población femenina que en el resto de las provincias.
Si se tienen en cuenta solo las cantidades en números absolutos, el año pasado el 37 por ciento de los femicidios directos de Argentina ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, seguido por el 10 por ciento de los casos en la provincia de Santa Fe, ambas con una amplia población femenina.
La OM de la Corte informó que del total de víctimas, 244 eran mujeres y 6 eran mujeres trans/travesti, mientras que para la víctima restante no se ha podido establecer si se trataba de una mujer o de una mujer trans/travesti porque el cuerpo se encontraba carbonizado, aunque sí se notificó que era mujer.
En al menos el 84 por ciento de los casos había vínculo previo con el femicida: en el 59 por ciento eran pareja (116 casos) o expareja (51 casos); el 10 eran familiares y el 15 por ciento tenían otro tipo de vínculo (amigos, vecinos, conocidos por redes sociales, por trabajo, exalumnos, y también clientes prostituyentes y proxenetas).
Además, con el análisis de los vínculos entre víctimas y agresores, se observó que en 195 de las 247 causas judiciales de femicidios con víctimas directas, el 79 por ciento ocurrieron en un contexto de violencia doméstica. Con relación a los hechos previos de violencia de género, al menos 41 víctimas directas habían efectuado denuncias formales contra los violentos, esto es, al menos en el 15 por ciento del total de vínculos.