La condena al policía que mató a un joven ladrón hace una radiografía a los privilegios de clases que existen dentro de la justicia y a las violencias institucionales a la que se enfrentan los cuerpos. (Guadalupe Macedo)

A mediados del año 2018 la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich permitió a través de la Resolución 956 donde se autorizaba a las fuerzas de seguridad a disparar a sospechosos de fuga o resistencia a la autoridad. Este decreto permitía a las fuerzas de seguridad a apretar el gatillo sin dar explicaciones de la situación. Este decreto permitió a que el policía encausado dispare y asesine a una persona.

Actualmente el decreto fue derogado por la actual ministra de Seguridad, Sabrina Frederic. En el año 2019, apenas asumió su función a través de la resolución 1231 dejaba sin efectos las facultades otorgadas por Bullrich a las fuerzas de seguridad. Las razones por la que se toma esta medida, son porque atentaba contra los principios de proporcionalidad y racionalidad del uso de la fuerza letal y no letal que rigen el accionar policial dentro del estado democrático. El uso de las armas incrementa el peligro para la sociedad.

El estado ejercía violencia a partir de sus agentes estatales, los policías, ofreciendo castigos severos y oportunos según los pedidos de seguridad de la población. Habilitando a la policía a gestionar castigos anticipatorios, el gobierno autorizaba disparar primero y luego preguntar.

El caso Chocobar es sobre un joven agente de la policía local de la provincia de Buenos Aires, un salteño que vivía en el barrio de la boca y que fue testigo de un robo contra un turista. El policía disparo contra Juan Pablo Kukoc un joven de la provincia de Jujuy tomando la justicia por mano propia, no estaba dentro de su jurisdicción.

Luego de cuatro años del echo, el tribunal Oral de Menores N° 2 condeno a Chocobar a dos años de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación para ejercer sus funciones. Fue considerado como autor del “homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego cometido con exceso en el cumplimiento de un deber”. Eso significa que es acusado de se autor material de la muerte de Pablo Kukoc, menor de edad, por exceso de autoridad.

En cambio, el joven que se escapó luego del robo a los turistas, que tenía 17 años, fue condenado a 9 años de prisión por tentativa de homicidio Crimins causa y tentativa de robo. Viendo las desigualdades de condenas que se aplica a una persona y a otra, mostrando donde pone el peso la justicia.

Como analiza el Dr, Esteban Rodríguez Alzueta, investigador especializado en temas de seguridad de Argentina, el caso Chocovar se convirtió en un ejemplo para el gobierno de Mauricio Macri, quienes le pusieron un abogado defensor y lo defendieron en los programas de televisión, convirtiéndose en una marca de época. “Las declaraciones de Bullrich eran tributarias de las palabras de Ruckauf (“meter bala a los delincuentes”) y se convirtieron en la mejor metáfora para relanzar la “mano dura”. Una política, dicho sea de paso, que iba a contrapelo no solo de los estándares internacionales de derechos humanos sino del sentido común de los propios policías” analiza Rodríguez Alzueta.

En las fuerzas policiales el asesinato es un tema que todos los agentes y oficiales quieren evitar porque saben que una causa judicial implica una perdida salaria, impedimentos de asenso y hasta la perdida del puesto del trabajo. Por esto, es que en el quehacer policial se evita llegar a este hecho ejerciendo otros tipos de violencias y castigo sobre los delincuentes.

Como analiza Alzueta: “El veredicto en el caso Chocobar no sirve para reponer un límite a la violencia que monopoliza el Estado, no alcanza para desandar la herencia cultural que reivindicó el macrismo, hecha de violencias de larga data que surcan todavía gran parte del espectro de la política y el imaginario social”. La decisión del tribunal de imponer condenas tan disimiles entre los actores del hecho, muestra que para la justicia argentina un robo vale más que un homicidio, es decir que vale más lo material que una vida. Sobre todo, cuando a quien hay que juzgar pertenece a las clases bajas. “Pesa más el robo cometido por un joven morocho, pesa más que el homicidio cometido por un policía morocho” afirma Esteban.

La sentencia del tribunal tiene un espíritu clasista, racista y adultocentrico, los paradigmas que trabajan muchos de los tribunales del país. Donde se busca encerrar, marginar y esconder a la mayor cantidad de pobre, haciendo la vista gorda sobre crímenes muchos más grandes de personas de clase alta y adinerada. Se busca con este caso reforzar la idea de que la justica apoya a las fuerzas y su accionar a pesar de que violen los derechos humanos.

La justicia se convierte en un actor que potencia la violencia institucional estatal sobre los cuerpos marginales de la sociedad. Se crea de este modo un odio y rencor hacia el que menos tiene, dejando de lado las causas sociales que permitieron que en el país exista tan gran brecha entre ricos y pobres, excluyendo de accesos a derechos fundamentales que garantizan una vida digna. Pero sobre todo busca que todos los que no pueden entrar al mundo capitalista a través de la adquisición de bienes y servicios en el mercado queden excluidos y sean personas a las que temer o por las que los vecinos se organizan para linchar, por miedo o temor que se lleven lo material que tanto les costo obtener.

Prima en esta sentencia judicial, un mandato social, que se potencia a través de los medios de comunicación donde se condena a quienes son diferentes a nosotros, porque nos genera temor. Ahora importan más los bienes que las personas y la justicia lo puso de manifiesto con esta sentencia, quien robo va a pasar 9 años en la cárcel, en cambio quien quito una vida solo tendrá que cumplir con dos años.