Se realizó una audiencia en Joaquín V. González. El desmonte de 3.383,45 hectáreas, que se ubican en Rivadavia Banda Sur, en el establecimiento Los Pozos, fue rechazado ampliamente. Por su lado el diputado Carlos Zapata se mostró a favor de la tala.
El secretario de Ambiente y Desarrollo Social Alejandro Aldazabal firmó el estudio de impacto ambiental que la empresa Cresud, cuyos principales accionistas son Eduardo Elsztain y Alejandro Elsztain, solicitó en su momento para avalar los desmontes; si bien en aquel entonces no era funcionario hoy en día se podría asumir que su cargo en este ministerio clave responde a la exclusiva autorización de los desmantelamientos de tierra.
Cresud por su parte solicita desmantelar diferentes puntos. Sustentan su pedido en que el emprendimiento será agroganadero, sin embargo, no será para el consumo interno sino para la exportación; aprobar la medida no implicaría tampoco la mitigación del hambre ni la pobreza de la zona.
En esa línea alegaron la creación de puestos de trabajo 50 directos y 150 indirectos, pero a un costo elevadísimo, la depredación agro como se sabe significa glifosato, al respecto numerosos estudios han determinado que este herbicida es dañino para la salud, los ecosistemas y el medio ambiente.
Cresud: deudas impagas y talas ilegales
No hay que perder de vista el hecho de que Cresud paga muy irregularmente, incluso hay años que no se registraron pagos de la explotación de Salta Forestal; estas tierras fiscales permitieron así el enriquecimiento de la firma ya que el Estado las habilitó y ni siquiera tributaban por la concesión. Este es un claro ejemplo del costo de los desmontes: alto impacto social y ecológico y daños ambientales irreversibles para sostener a unos cuantos.
La empresa debería estar inhabilitada para siquiera solicitar desmontes, en el año 2019 Greenpeace los denunció por talas ilegales, la investigación no prevaleció, pero de haber prosperado hoy Cresud debería estar inhibida para realizar cualquier actividad similar.
La audiencia
Participaron de la audiencia La jefa del programa de Audiencias Públicas de la Provincia, Antonella Pereyra quien destacó la alta participación del público con la sala llena y cumpliendo los protocolos por la covid-19, cabe destacar que hubo voces a favor y en contra.
El licenciado de relaciones institucionales de Cresud, Benjamin Sáenz, dijo que se trata de una zona «habilitada en el ordenamiento territorial» y que no hay especies nativas en peligro de extinción, por otro lado, la mitad de la superficie está destinada “al cuidado de bosque nativos y la biodiversidad». Destacaron además que la firma se comprometió a dejar como reserva 3.389,20 hectáreas.
Por su lado, el diputado Carlos Zapata del partido Ahora Patria remarcó que le parece bien el desmonte ya que es muy importante para el desarrollo económico de la provincia.
Anta es el segundo departamento más pobre de la provincia pese a que es una de las principales zonas de producción ganadera y agrícola del noroeste argentino.
Mientras se desarrollaba la audiencia comunidades originarias se movilizaban por diferentes parajes rechazando la misma, en los parajes de Salim, Carboncito y Misión Chaqueña.
El marco legal
Para realizar proyectos de desmotes se requiere la presentación de Estudios de Impacto Ambiental y Social que son multidisciplinarios y analizan y valoran los posibles impactos ambientales, sociales etc. derivados de las intervenciones en bosques nativos, áreas rurales para evitar deterioros ambientales y mitigar los daños irreversibles.
En Salta son oficialmente requeridos desde el año 2000 cuando se promulgó la Ley de Protección Ambiental Nº 7070, sin embargo esta ley valora más los aspectos económicos y la toma de decisión sustentada en el “costo beneficio”, mercantilizando así los recursos naturales sin medir las consecuencias sociales. A este respecto parte del Art. 83 reza de la siguiente manera “los bienes, servicios, y recueros ambientales en todas sus funciones tienen una presencia en el mercado un valor estimativo, el que permite avaluar las consecuencias económicas y sociales de un proyecto o acción humana sobre el medio ambiente”.
Hacia una solución para los pueblos originarios
De más está aclarar que el sistema estatal defiende principalmente la propiedad privada en detrimento de los vínculos comunitarios. De hecho, Aldazabal, al ser consultado en el sitio Perfil se apoyó en la «legalidad» que brinda el ordenamiento territorial pero, como era de esperar, no mencionó que deja de lado a las poblaciones originarias ya golpeadas históricamente por las deficiencias en salud, educación, analfabetismo, etc. asimismo, debería incorporarse la noción de género ya que la realidad excluye a las mujeres nativas en lo tocante al territorio.
Por otro lado, los elaboradores de EIAyS deberían avanzar sobre problematización y concientización acerca de los efectos de la pérdida de la economía doméstica y en como esta afecto el modo de vida de los pueblos originarios.
El binomio Estado- sector privado empresarial favorecen los desmontes con el “mito del desarrollo” pero atentan directamente contra la vida y las seguridad de los nativos.
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