El caso, cerrado el juez Sebastián Casanello por “inexistencia de delito”, se reabrió en función del pedido de la familia Macri que apunta específicamente contra la fiscal comercial Gabriela Boquín, el procurador del Tesoro, Carlos Zaninni, y el titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen. Casualmente esto sucede en el momento en que avanza la quiebra de la firma.
Gabriela Boquín es la fiscal que frenó en 2017 el intento por licuar la deuda del Correo que se plasmaría a través de un acuerdo que consideró «ruinoso» y «abusivo» entre la empresa y los representantes estatales enviados por el gobierno de Mauricio Macri, juez y parte del asunto.
En ese momento la deuda ya era de 4 mil millones de pesos.
Boquín también denunció maniobras de vaciamiento por más de 35 millones de pesos.
Nissen y Zaninni llegaron a sus cargos actuales con el gobierno de Alberto Fernández, hace 11 meses. Nissen cuestionó balances del Correo. Zaninni participa del expediente defendiendo los intereses estatales y también pidió la intervención.
La familia Macri los acusa a todos de persecución política y judicial, involucrando también a la interventora y a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, en un expediente que debió haber abierto el salvataje en 2004 y recién es tramitado ahora.
La declaración de quiebra es el «Cuco» de los Macri. Es por eso que Mauricio busca poner en tela de juicio a la fiscal que desnudó las maniobras en sus entrevistas.
Socma, pertenece a hermanos e hijos de Mauricio Macri (denunciado por Mariano Macri), hizo la denuncia en los tribunales de Comodoro Py cuando Farber fue designada como interventora, un paso que fue consecuencia de la sucesión de anomalías denunciadas por Boquín.
La presentación estaba focalizada en ese nombramiento, y decía que el sorteo no había sido informado a las partes, pero también apuntaba a salpicar a la fiscalía ya que planteaba una supuesta connivencia entre investigadores, organismos del Estado y el poder político. Cosa que en la gestión Macri nunca sucedió (?)
Casanello cerró la causa por no encontrar delito e invocó argumentos del fiscal Carlos Rívolo, que decía que las disconformidades con el expediente comercial se deben plantear ahí, donde hay instancias revisoras, y agregaba que no veía objeción al sorteo de la interventora, informado públicamente en la causa.
Los camaristas Irurzun y Llorens ordenaron reabrir el caso con el argumento de que la decisión de Casanello había sido prematura.
Lo hicieron en base a una presentación de la familia Macri que confirma que el lawfare sigue vigente (ahora del otro lado) …
El principal interés de esta denuncia es poner obstáculos y cuestionar el expediente concursal del Correo, además de darle una connotación política a la cuestión. Aunque las revelaciones de Boquín ocurrieron durante el gobierno del propio Macri.
«Se impone realizar las diligencias necesarias a fin de establecer o descartar si el abuso de autoridad, la falsedad ideológica de documento público y la alteración de sistema informático denunciados encuentran algún respaldo», dice la Cámara. Para ello, dice que son procedentes las medidas propuestas por Socma/Macri, es decir el registro de llamadas entre Boquín, Zaninni, Nissen y Gils Carbó desde la época en que la fiscal denunció el acuerdo. Peritar sus correos electrónicos. «Registrar» las computadoras particulares y documentación ligada al caso Correo. Citar como testigos al ex ministro de Justicia Germán Garvano, al ex senador del PJ Miguel Ángel Pichetto
