A través del decreto 892, el gobierno designó a María Victoria Mosmann en el cargo de Jueza de Minas y en lo Comercial de Registro. Estuvo envuelta el año pasado en un escándalo cuando concursaba para otro cargo.
El decreto firmado por el gobernador Juan Urtubey se fundamenta en que el Senado de la Provincia, en sesión especial celebrada el día 26 de julio de 2018, ha prestado acuerdo para la designación de Mosmann en el cargo. Cuarto Poder ya había revelado los pormenores sórdidos de este proceso.
La abogada fue mencionada como una de las «elegidas del poder» por su parentesco con funcionarios del gobierno. Concretamente, está casada con Juan Sebastian Lloret, Secretario Relator en Asuntos Ambientales e Intereses Difusos de la Procuración, quien depende de Pablo López Viñals, procurador general de la Provincia.
María Victoria Mosmann estuvo señalada el año pasado tras presentarse a concursar por el cargo de juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. En aquella oportunidad se supo que tanto ella como María Alejandra Gauffin conocían de antemano el fallo que se utilizó como ejemplo para el examen. Las denuncias derivaron en amparos y la Corte Suprema de la Nación ordenó que el polémico concurso se rehaga.
El propio gobernador tuvo que recomendar la anulación del concurso y dos ministros de la Corte se apartaron de la causa. “Nos vamos a quedar más tranquilos si hay una ley que otorgue un marco legal, que tiene otra jerarquía sobre los concursos de jueces y funcionarios del Ministerio Público Fiscal”, dijo Urtubey en aquella oportunidad.
Entre las atribuciones que tendrá la nueva magistrada se encuentran: el otorgamiento de concesiones de explotación minera, el establecimiento de las indemnizaciones que correspondan a los propietarios por los daños causados durante la exploración y el mantenimiento de los registros de actividad minera.
