Desde 2016 funciona, por primera vez en Rivadavia Banda Sur, un colegio secundario. Está dentro de un comunidad wichi. Su gestión la realizaron los mismos pobladores y padres de familia. En 2015 llegaron a Salta Capital referentes de nueve comunidades para realizar el pedido formal con funcionarios del Ministerio de Educación de la provincia y así dar solución a un reclamo histórico. Joaquín Vázquez
En el departamento Rivadavia, donde las matanzas realizadas por militares, policías y criollos, se sucedieron por más de medio siglo hasta por lo menos la década del ´40, el acceso a la educación estaba prohibido para los indígenas. Aún permanece en la memoria la historia del señor que desafió las prohibiciones impuestas y se atrevió a leer y escribir en castellano, pero no se lo perdonaron, personal político mandó a reprimirlo como en las peores épocas de la colonia española. Es que en Rivadavia, como en gran parte del norte argentino, educar continuaba siendo sinónimo de evangelizar, como sucedía mucho antes de la Ley 1420 de 1884 y de la independencia argentina, cuando la educación estaba en manos de jesuitas y luego franciscanos, cuando los únicos conocimientos válidos para ser aprendidos por la población local eran los escritos en la Biblia. Más aún, aquí en Rivadavia, hasta no hace mucho y, con algunos resabios en el presente siglo XXI, “gente” eran los cristianos, los otros eran los indios, los “matacos” (“animales de poca monta”), no eran “gente” y por lo tanto podían ser “cazados” como animales.
Éste discurso racista fue hegemónico hasta hace muy poco. Los sobrevivientes de esas masacres debieron en gran medida aculturizarse o aislarse para poder sobrevivir, entonces naturalizaron el hecho de que la escuela y las instituciones educativas eran para los “blancos” o “criollos”, que en caso de querer incorporarse debían olvidar el idioma y las costumbres porque de lo contrario recibirían el peor de los castigos y que, en caso de querer practicar alguna actividad artística o intelectual, debían ir a la Iglesia. Ésta situación se fue modificando recién en la década del ´90, cuando se reconoce la preexistencia étnica de estos pueblos en la Constitución Nacional reformada en 1994. Pero no fue para nada fácil: primero se permitía el ingreso de los niños a las aulas si alguna maestra o autoridad educativa aceptaba tenerlo pero sin registrarlo formalmente, es decir, podían llegar a aprender pero como favor personal sin figurar en la matricula. Luego se intentó incorporar al Auxiliar Docente Bilingüe, pero inclusive sin ser una “amenaza” para los docentes criollos (ya que los primeros siguen sin poseer formación pedagógica) fueron rechazados de la escuela del pueblo por pedido de los mismos directivos que se justificaban planteando que la escuela en cuestión no tenía alumnos indígenas. No había caso, si no los espantaba el nombre (ya que la Escuela lleva el nombre de un Coronel partícipe y autor de “matanzas”) los espantaban los mismos educadores. Recién con la gestión de un grupo de maestras y padres de familia se logró abrir una escuela en la Misión, primero como Anexo y, desde hace unos años, funcionando de manera independiente. Este gran logro permitió que efectivamente egresen del nivel primario niños pertenecientes a comunidades, porque los que se atrevían a ir al pueblo generalmente no finalizaban. No soportaban el desprecio y la discriminación, inclusive un poema criollo los nombra despectivamente haciendo alusión al mal olor que traían y a las enfermedades como el sarampión y la viruela. Ésta situación se revierte con la escuela de la Misión, de donde egresan generalmente entre 10 y 20 niños por año, cosa que nunca sucedía, por eso es que resulta prácticamente imposible encontrar un adulto o anciano con título primario. Exactamente la misma situación fue relatada por los referentes en esa primer reunión con funcionarios del Gobierno en mayo del 2015: en el colegio Agrotécnico del pueblo egresa uno cada 4 años por las pocas posibilidades económicas de las familias y por la discriminación y el desprecio que, en los peores casos, se traducían en robos por parte de los mismos compañeros, hasta que la situación se tornaba insoportable y abandonaban. Siempre se ha dicho, si no reciben burlas por reivindicar su cultura, las reciben por querer negarla o cambiar hábitos (no válidos socialmente) que se pretenden naturales o esenciales en el indígena. Cómo podría ser de otra manera, si hasta la misma directora, en una clase frente a sus alumnos y con presencia de alumnos indígenas, reconoció “odiar a los matacos”.
Ésta historia que se pretende ocultar o negar desde distintos espacios de poder, explica y justifica los reclamos y demandas que las comunidades le realizan al Estado. En el caso del colegio secundario, era fundamental la demanda, porque de lo contrario continuarían al margen de otros niveles educativos y, por lo tanto, de la posibilidad de un trabajo que es fundamental en ésta época en que la mayoría de las familias wichi viven en la periferia de los pueblos y no pueden sobrevivir del monte que en cierta medida ya no les pertenece. El reconocimiento de ésta realidad llevó a que en muchas comunidades de distintos pueblos crezca la demanda por el acceso a la Educación Superior. Rivadavia no estuvo al margen de esto y por eso abrió en 2011 el Instituto de Educación Superior con el cursado del Profesorado de Educación Primaria con Orientación en Educación Intercultural Bilingüe, con acceso a becas para estudiantes de pueblos originarios y con la intención, en teoría, de formar principalmente a miembros indígenas para que en vez de ser “auxiliares bilingües” del docente sean ellos mismos docentes bilingües interculturales. Pero luego de 7 años, 5 cohortes y con una carrera “cerrada”, no egresó ningún joven wichi. Esto en gran parte se justifica por el hecho de que muy pocos jóvenes poseen título secundario, por eso el pedido de un colegio en La Misión se hizo mas fuerte.
Actualmente el edificio continúa en construcción y solo nombraron al director, única autoridad de la institución que cuenta con una matrícula aproximada de 150 alumnos y un grupo docente numeroso. También trabajan 2 ordenanzas, una mujer y un joven, ambos con familia e hijos, que hace tiempo esperan los nombramientos, mientras cobran cerca de mil pesos de la Municipalidad local y no cuentan ni con los recursos básicos como lavandina. Tampoco nombraron secretario, con lo cual todos los trámites deben pasar por la única autoridad quien, naturalmente, no puede estar en Rivadavia y en Salta al mismo tiempo realizando los trámites institucionales. Éste año se agravó la situación edilicia. El colegio funciona desde las 18 en el edificio de la Escuela primaria, pero debido a un incendio ocurrido en enero, el mismo tuvo 3 aulas sin luz hasta hace unos días, lo que generó la perdida de la mayoría de las horas de clase porque a las 19, una hora luego de ingresar, los alumnos debían retirarse. Lo de primer año se viene repitiendo desde el 2016: ingresan muchos alumnos y el turno único en un aula con capacidad para 25 personas cómodas, queda chica para cerca del doble de estudiantes. Los alumnos de 5to que están próximos a recibirse y son los primeros en egresar del colegio, prácticamente no tuvieron clases: al existir solo 4 aulas, fueron a cursar a un aula fuera del edificio escolar donde funciona el primario para adultos, pero que no contaba con luz eléctrica, por lo tanto, a la hora de haber ingresado debían retirarse. Éstas condiciones edilicias y materiales se agravan por el contexto en el que funciona: de noche, en una comunidad que es la más grande del municipio pero que no tiene infraestructura básica como alumbrado público o calles en condiciones (el asfalto sería mucho pedir en un pueblo que no tiene ni una cuadra asfaltada), donde circula venta y consumo de alcohol y droga dentro y fuera del colegio, y donde existe violencia de todo tipo incluyendo intentos de abuso dentro y fuera del colegio. Recordemos que es el único bachillerato de la zona y que, más allá de funcionar dentro de la Misión, recibe gran cantidad de alumnos y alumnas del pueblo, muchos de ellos abandonaron la agrotécnica para finalizar en el nuevo colegio, siendo actualmente la mayoría del alumnado; sumado a los jóvenes que provienen de escuelas de comunidades y parajes alejados del pueblo. En definitiva, lo que existe es una degradación educativa, principalmente por condiciones laborales y educativas que no cubren las necesidades de formación demandadas históricamente por una población que necesita acceder a una buena educación para poder tener posibilidades de superación en un departamento que siempre figuró como el más pobre de la provincia.
